El fundamento con el que hacen las demandas en Puebla en contra de periodistas es inconstitucional, insiste el doctor en derecho y especialista en temas de información, Ernesto Villanueva.

En la edición digital de Proceso, este 2 de noviembre, Villanueva escribió el artículo “Por la libertad de expresión en Puebla”, sumario de los yerros jurídicos del gobierno estatal en las demandas emprendidas en contra de 2 periodistas locales por el presunto delito de daño moral donde desglosa argumentos sobre la vulnerabilidad de fondo de las demandas.

Aunque, Villanueva en entrevista con diversos medios de comunicación, matiza su percepción, “hay expresiones que son desafortunadas del ejercicio periodístico y no se distingue la paja del trigo”, señalando que la reforma para despenalizar los delitos en contra del honor y volverlos del ámbito civil no ha contribuido a recomponer la relación entre medios de comunicación, periodistas y el gobierno estatal dado su alcance parcial, su incompletud en la materia y las diversas fallas en las que incurre el lineamiento anunciado en la toma de protesta del actual gobernador.

Para Ernesto Villanueva ha llegado el momento en que el gobernador, de un “golpe de timón” ya que en el nuevo escenario político nacional ha cambiado para el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, además de que si antes de la elección podría encontrarse mencionado entre los primeros lugares de los presidenciables para el 2018 ahora ha bajado hasta los últimos lugares de esa lista.

“De cara a la situación, están en una situación complicada en la perspectiva nacional, hay que buscar que de esa debilidad una fortaleza, que permita porque si en muchas cosas han avanzado, en inversiones, en ese sentido hay que resolverlo y de la mejor manera. El gobernador se va a ir, y si tiene intenciones políticas, nada mal le haría, dejar una buena herencia y una buena intención en la materia, al contrario, sería el mejor camino para su futuro político. 

”Es el mejor camino para su futuro político, y una ventaja para los ciudadanos, para los medios y los periodistas, me parece absurdo entrar en una dinámica de conflicto mal hecha, con una norma jurídicamente pésimamente elaborada, que cualquier alumno de primer año de licenciatura en derecho, te diría eso está mal, si se va a hacer algo, hágalo bien.”

Luego de hacer una disección sobre el tópico de las leyes de medios, el investigador y especialista en transparencia, plantea cuáles sería las fortalezas de una medida de esta naturaleza, aunque también discrepa de la tendencia de que una medida jurídica de esta índole se convierta en una “camisa de fuerza” que únicamente favorezca a los poderes estatales.

El doctor en Derecho plantea que uno de los grandes pendientes de la alternancia en estados como Puebla es el tema de la relación entre los medios de comunicación y los aparatos del estado donde se establezcan “reglas claras, puntuales y transparentes”.

La entrevista se realizó en las instalaciones del mesón de la Sacristía donde hace algunas semanas el especialista criticó una serie de demandas realizadas en contra de periodistas locales por el delito de daño moral en contra de funcionarios del estado de Puebla.

En esa ocasión Villanueva consideró que las formas como se presentaban las demandas en contra de dos reporteros locales revivía las llamadas “leyes de desacato” de los regímenes dictatoriales de Latinoamérica en el pasado.

Además, plantea el doctor en derecho por la UNAM, en el caso de las demandas que presentan el gobierno de Puebla por el delito de daño moral en contra de periodistas la actual ley local, aunque aprobada por el Congreso, no toma en cuenta figuras para deslindar los daños a la moral de las personas que estipulan organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) que postula la 
prueba de la “real malicia” como un mecanismo para verificar si hubo o no daño moral.

Y que protege los derechos de los periodistas a realizar su trabajo. En especial la prueba de la real malicia señala que los funcionarios deben probar que efectivamente hubo un intento de actuar en contra de los funcionarios.

En otras legislaciones del continente se plantea que cuando se publica información acerca de funcionarios públicos o relacionados con actividades públicas debe demostrarse que quien publicó la información o bien sabía que la información era falsa; o bien que no se preocupó por demostrar la verdad de la información.

Villanueva parte de una tesis que el derecho a la libertad de prensa no es un derecho absoluto sino que de acuerdo a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) posee límites.