Mientras la diputada Ana María Jiménez Ortiz hablaba sobre la ética legislativa en la sesión del pleno del Congreso del estado, los diputados con acordeón en mano aprobaron los nombramientos de cuatro magistrados, además el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Edgar Salomón Escorza, justificó que el presidente municipal de Tlatlauquitepec Porfirio Loaeza Aguilar siga al frente del ayuntamiento pese a que se encuentra inhabilitado por malversación de recursos.

Ayer en la sesión donde salió el primer paquete de nuevos magistrados, punto que tuvo que enviarse al final ya que en la pantalla de la tableta electrónica de los diputados para votar no aparecían los nombres de las fórmulas que serían elegidas, y sólo las de quienes estarían eliminados.

Ante el hecho los diputados comenzaron a votar por quien les simpatizara, e incluso al final del primer intento se había propuesto que se hiciera una papeleta para que votaran cuatro diputados, sin embargo se decidió que no había condiciones para que votaran y se pidió al área técnica que corrigiera la falla, y hora y media después se hizo la votación.

Tal y como se hizo en la elección de los consejeros electorales nuevamente se les hizo llegar a los diputados la lista o acordeón de quienes debían de ser votados a propuesta de la Secretaría General de Gobierno y en la simulación dos fórmulas las eligieron por unanimidad, y dos por mayoría.

Los nuevos magistrados que rindieron protesta ayer mismo en asuntos generales son; Marcela Martínez Morales, José Octavio Pérez Nava, José Bernardo Armando Mendiola Vega y Jared Albino Soriano Hernández, como magistrados propietarios del Tribunal Superior de Justicia del estado, en virtud del retiro voluntario de los ciudadanos magistrados María de los Ángeles Juárez Hernández, Blanca de la Concepción Louvier Díaz, Alfredo Mendoza García y Saúl Acosta Hernández.

Asimismo, los integrantes de la LVIII Legislatura, nombraron como magistrados suplentes del Tribunal Superior de Justicia a los ciudadanos Miguel Ángel Ramírez y Villafaña, Alejandro Arturo Necoechea Gómez, Elizabeth Castro Castell y Luis Herrera López.

El código
Durante la sesión ordinaria la diputada Ana María Jiménez Ortiz presentó un punto de acuerdo para que se firme un Código de Ética Legislativa para el adecuado comportamiento de los diputados.

Expresó que en el panorama actual se ve una grave crisis de confianza que hace que los ciudadanos no se sientan verdaderamente representados por sus diputados y diputadas son múltiples y variadas, sin embargo la principal parece ser la falta de ética al interior del Poder Legislativo.

Explicó que “se considera como Ética de la actividad legislativa, el conjunto de los principios que deberían regir el actuar de todo representante popular en su actividad legislativa, sustentada en los valores públicos como el bien común; la honestidad; la integridad; la objetividad; la responsabilidad; la justicia; la igualdad; la transparencia; la rendición de cuentas; la libertad; el diálogo; el respeto; y la solidaridad.

”En Puebla, la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo aprobada por nosotros mismos en el 2011 reconoce dentro de sus considerandos, que: “La recuperación de la dimensión ética de la política y de los políticos, es un tema que se reivindica y se regula en un capítulo bajo la denominación de Ética Legislativa, encaminado a hacer de las conductas públicas de los legisladores, acciones personales que tengan como fin primordial la búsqueda, del desarrollo social y del desarrollo humano.”

Jiménez Ortiz indicó que no obstante la regulación de la ética parlamentaria la propia normatividad, las calificaciones que las organizaciones de la sociedad civil han emitido sobre la presente Legislatura, no son satisfactorias; por lo cual se hace evidente que es necesario, ratificar de forma personal y pública, que quienes integran la LVIII Legislatura.

“Asumamos el compromiso de reivindicar nuestro trabajo legislativo, suscribiendo un código de ética, en el que de forma voluntaria restringimos un espacio de nuestra libertad legal, por considerar en conciencia que así debe de efectuarse. Dicho código contemplaría entre otros, los principios básicos de ética pública más mencionados por los estándares de conducta de los países de la OCDE.”