La evaluación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias sobre el primer año de trabajo del Congreso local arrojó una puntuación global de 6.3 midiendo el desempeño institucional (calificada con 7.29) y calidad de la actividad legislativa (5.4).

Un panel de 26 expertos en temas parlamentarios, derecho, rendición de cuentas y ciencia política. La metodología de evaluación fue previamente conocida por los diputados de la LVIII Legislatura. En la evaluación, paneles de expertos, revisaron diversas leyes: aprobadas en el primer año de la Legislatura: reforma electoral, Ley Orgánica del Congreso, transparencia, seguridad pública, derechos de propiedad y reforma penal.

Los especialistas coincidieron en que en el primer año de la actual Legislatura “existe una alta cohesión de los grupos parlamentarios, que los diputados asisten con regularidad y puntualidad a sus sesiones, que no incurren en interferencias que obstruyan el cumplimiento de las funciones del órgano legislativo y que un alto porcentaje de las iniciativas presentadas se discuten y se aprueban. No obstante lo anterior, los evaluadores constataron que gran parte de lo que sucede en estos procesos legislativos no se hace público y que muchas iniciativas se discuten y aprueban en tiempos récord sin la debida deliberación de los diputados presentes en el pleno y sin la participación real de la ciudadanía”.

La evaluación aún no toma en cuenta lo realizado en 2012 donde se realizaron nombramientos de comisionados y consejeros ciudadanos, así como la iniciativa de Ley Electoral fast track, conocida como “ley Mondragón”.

“Por lo tanto, los cambios legislativos y nombramientos importantes que fueron realizados en 2012 sin cubrir los elementos democráticos esenciales, serán evaluados en el próximo periodo correspondiente a la actividad del segundo año de sesiones en esta Legislatura”, señala el documento en su página 9. La evaluación se dividió en dos partes: la evaluación del desempeño institucional y la evaluación legislativa. En la evaluación institucional se revisaron: facultades de control (6.41), facultades legislativas (6.6) y facultades representativas (8.83), dando una calificación final en este rubro de 7.29.

En la evaluación legislativa, los paneles discutieron las siguientes leyes aprobadas por el congreso en su primer año: reforma electoral (6.8); Ley Orgánica del Congreso (5), transparencia (6.2), seguridad pública (4.67), derechos de propiedad (6.1) y reforma penal (3.52). Dando un total de 5.4.

Pero la percepción del trabajo de los legisladores en su primer año de trabajo es que éstos, a pesar de la “homogeneidad” en las votaciones y en la rapidez para aprobar las leyes, pierden la oportunidad de ir “más allá” de las actualizaciones legislativas repitiendo los esquemas a nivel federal, lo que a juicio de los expertos no significa necesariamente una mejoría en las leyes locales. Aún más grave fue la percepción registrada en el estudio de que los diputados acuerdan las votaciones entre las dirigencias de los partidos sin consultar a los ciudadanos y ocultan información sobre el proceso legislativo, como los dictámenes o el registro estenográfico de las sesiones, lo que agrava la opacidad del Congreso de Puebla.

Finalmente, el doctor Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, consideró que en las siguientes evaluaciones los especialistas podrán detallar el funcionamiento del Congreso debido a que contarán con mayor material de análisis del trabajo legislativo.

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En rueda de prensa en la ciudad de México, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias presentó los resultados de la evaluación del primer año de trabajo de la actual Legislatura. Un grupo de especialistas abordó el trabajo de los diputados en distintos temas. Fernando Dworak Camargo señaló que el Congreso requiere proporcionar información sobre el funcionamiento de las comisiones legislativas, ya que todos los grupos de interés tienen derecho de informarse sobre estos temas y la obligación de intervenir, por lo que debe revisarse qué tan abiertas son las comisiones.

La doctora en Ciencia Política por la UNAM María Luisa Béjar revisó la nueva Ley Orgánica del Congreso local. Para Béjar, la ley no fortalece la institucionalidad del Congreso, ya que no se respalda a la mesa directiva como un órgano deliberativo y de toma de decisiones, sino a la junta de coordinación política que se vuelve un órgano de negociación del Legislativo haciendo que sus decisiones siempre se encuentran subordinados a las necesidades políticas o partidistas.

Óscar Gutiérrez, maestro en Administración Pública por el INAP y especialista en Técnica Parlamentaria, afirmó que la parte de estructura orgánica hay buen avance en el Congreso de Puebla, pero Gutiérrez advirtió que en la cuestión de procedimiento hay temas ambiguos y vagos que hay que precisar; los Congresos locales toman como modelo el modelo federal y se cree que está bien hecho el modelo federal. Vale tomar como parámetro el modelo federal, pero tomar con cuidado.

En la ley orgánica hay buen avance, procedimientos y en general es encomiable que un Congreso se someta a este tipo de escrutinio. No es normal. Ellos hacen su trabajo y no hay evaluaciones inmediatas. Eso permite mejorar el trabajo legislativo, planteó Gutiérrez.

El doctor en Antropología por la UAM-Iztapalapa, Álvaro López, afirmó que la calificación global que se otorgó al Congreso de Puebla es de 6.3, leerla en el contexto de la propia evaluación. López sugirió “no es una calificación escolar, no es el típico de 6, no es que pasó de panzazo. El sentido que se le dio a esta nota es una ponderación de elementos de las facultades de control, legislativas y representativas. Si nosotros hacemos el recuento en cuanto a la eficacia.

”El Congreso está cumpliendo su función bien, y se cumplen en tiempo y forma, pero vemos los claroscuros. Pero uno de los faltantes durante el proceso de evaluación es la carencia de dictámenes, conocer cuáles fueron las modificaciones de fondo a las iniciativas que se llevan al pleno. Ignoramos cuántas iniciativas se agregan en el proyecto que se vota en el pleno. Falta información”, censuró el doctor de la UAM-Iztapalapa.

“Sabemos que las comisiones están enviando dictámenes. Son demasiadas.

”Se crearon como un sistema de repartos de partidos. Pero las comisiones no publican los informes.”

Khemvirg Puente, doctor en Ciencia Social por el Colegio de México, abordó el tema de la Ley de Transparencia aprobada por la actual Legislatura. Puente minimizó la ley, ya que simplemente “se pone al tanto con la ley federal; esta reforma de transparencia simple cumple, no hace ninguna propuesta de vanguardia para avanzar en la materia, simplemente se actualiza, además es omisa en el fraseo de algunas obligaciones”.

La doctora Rosa María Mirón, quien coordinó el panel de legislación electoral, mostró las carencias de la misma. Mirón explicó que esta reforma electoral se aprueba en el estado de Puebla provocado por la reforma electoral constitucional de 2007, “se aprovechó esta inercia, se desaprovechó el contexto”. La especialista en el tema electoral por la UNAM afirmó que la iniciativa presentada por el gobernador, propuesta de redistritación de 2011, parecía muy positiva e iba con una geografía electoral más acorde con la realidad de Puebla.

Otro punto de la legislación fue el empate de la elección de gobernador con la del presidente, “había que modificar los calendarios electorales, en este caso se fue más allá de lo previsto y de lo que hicieron otros estados.

”Quedaron varios pendientes: la reforma se queda corta, se pudo haber aprovechado el momento. Es deseable que el Congreso lo haga en un segundo momento. Otro tema pendiente fue la renovación escalonada de los consejeros no se aprovechó. Esto genera tensiones. ”Quedó pendiente el tema de las candidaturas comunes. Y el registro de los partidos políticos nuevos.”

El doctor Jorge Romo abordó los temas de seguridad y las iniciativas penales: “Celebro que el Congreso aborde temas actuales”. Romo coincidió con otros especialistas en que la calificación en seguridad, apenas 4.6, no se trata de calificaciones escolares”.

Temas como la de extinción de dominio se perdió en aterrizarlo al estado de Puebla, fue una copia y trató de ser alguna manera de regularlo. En el tema de despojo, sí se atendió a una problemática del estado de Puebla.

“Celebro que se atienda que se atienda a cuestiones preventivas y que luego se suban las penas. El estado de Puebla es uno de los estados en los que se castiga el secuestro. Y en Puebla siendo uno de los estados que se castiga con mayor tiempo, hay menores niveles de secuestro.”

Para José Luis García, doctor en Relaciones Internacionales, el rasgo característico en el tema de seguridad es que se dejaron escapar oportunidades de lo que establece la ley. “El legislador no tomó la oportunidad para hacer propuestas importantes, en materia de derechos humanos.

”Algunos temas importante fue tratar de regular las instituciones privadas de seguridad en Puebla, pero se quedó corta.”

El doctor García resumió la legislación en tema de seguridad: “el legislador perdió la oportunidad de innovar”.