La Procuraduría General de Justicia (PGJ) con el compromiso de actuar conforme a derecho,  intervino en la liberación de Pedro Gabino Barojas de Rosas, expresidente municipal de Palmar de Bravo, en contra de quien se comenzó una averiguación previa por el delito de peculado,  durante el gobierno estatal anterior.
 
A través de un comunicado, la dependencia informó  que la consignación se efectuó en el sexenio pasado; sin embargo, "en estricto apego a la ley y dando seguimiento al proceso penal, la actual administración estatal detectó deficiencias en la integración de la investigación, por lo que consideró que no había elementos para sostener imputaciones sobre  la plena responsabilidad de Barojas de Rosas.
 
"Por lo anterior, la PGJ se desistió de la acción penal al término de la etapa del ofrecimiento de pruebas, razón por la que el Juez que lleva el caso ordenó el sobreseimiento del proceso y la inmediata libertad del procesado".

El antecedente
El pasado 30 de octubre de 2011, el expresidente municipal de Palmar de Bravo, Pedro Barojas de Rosas, recibió auto de formal prisión a pesar de que se presentaron pruebas que demostraban que no hubo desvío de recursos en su administración de casi una década.

Apenas el pasado viernes, Ana Teresa Aranda y el abogado defensor Víctor León Rueda, acudieron a Tecamachalco a hablar con el juez Elmo Mayoral Bello, para convencerlo de que el tema era político y no judicial. “(…) le hicimos ver que esto era político, que su trayectoria como juez era intachable y ahora toda esa trayectoria quedó en el olvido”, reveló León Rueda.

Sin embargo, las pruebas no fueron suficientes para Elmo Mayoral, por lo que el panista continuará en prisión tras ser arrestado el domingo 23 de octubre durante una convención del Partido Acción Nacional (PAN) cuando manejaba la camioneta de Ana Teresa Aranda de Orea.

León Rueda aseguró que la única prueba de las autoridades es un dictamen en materia contable de tan sólo tres renglones que hizo un perito de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en el que se acusa al panista de haber desviado recursos a finales de su administración, en el mes de enero y los primeros 15 días de febrero de 2002; por lo tanto, señaló su inconformidad por el resolutivo e informó que recurrirá al recurso de amparo.

Explicó que la defensa recurrió a un perito contable de nombre Marisela Cruz Perea, quien elaboró el dictamen que inculpa al expresidente municipal, y también se presentó un tercer perito impar para que determinara si efectivamente o no hubo irregularidades.

Asimismo, aseguró que se demostró la documentación oficial en la que se comprueba que su cliente no cometió el delito patrimonial en agravio del municipio de Palmar de Bravo ni desvió recursos públicos para beneficio propio.

León Rueda señaló que el juez Mayoral Bello recibió “presiones” para tomar esa determinación, ya que no existían elementos para dictar formal prisión.

Por lo tanto, adelantó que solicitarán al Poder Judicial de la Federación un amparo indirecto contra el auto de formal prisión, ya que fueron violadas las garantías individuales por diversas anomalías en la averiguación previa. Entre las irregularidades, señaló que el agente del Ministerio Público no lo citó a declarar.

Según la página oficial del OFS, el expresidente municipal fue sancionado en 2003 y 2004 por malos manejos de su cuenta pública e inclusive fue inhabilitado por su gestión de 1999-2002. Sin embargo, en ninguna de las investigaciones se había girado una orden de aprehensión, la que según panistas que pidieron anonimato fue ejecutada en el momento justo para darle un mensaje a Ana Teresa Aranda por haber interpuesto una demanda por amenazas de muerte.

En una contestación del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a la solicitud 155/2010 de acceso a la información, en poder de Intolerancia Diario, emitida el 30 de noviembre del año pasado se señala que el exedil fue inhabilitado por 5 años. En el periodo ejercido del 2001 se menciona en el documento que fue sancionado por un daño patrimonial de más de 5 millones 517 mil pesos y del 1 de enero al 31 de agosto del 2000 por más de 3 millones 833 mil pesos, montos por los que jamás se fincaron órdenes de aprehensión.

Sin embargo por el monto más pequeño, ejercido del 1 de enero al 14 de febrero del 2002, de más de 768 mil 177 pesos, se ejecutó la aprehensión y ahora formal prisión.