Luego del nombramiento que recibió Ardelio Vargas Fosado como director del Instituto Nacional de Migración (INM) en el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, el rector del campus Puebla de la Universidad Iberoamericana (UIA), David Fernández Dávalos, aseguró que la experiencia policiaca del exfuncionario del gobierno poblano no se traduce en el perfil adecuado para la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos en el país.

Desde la perspectiva del administrador central de esa universidad jesuita poblana, el INM debe desaparecer o por lo menos reestructurarse de fondo porque encuentra una falta de la defensa real de los derechos humanos que garanticen el bienestar de los migrantes que atraviesan el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida, “hay una demanda real de la comunidad relacionada con la defensa de las garantías individuales y el activismo social”.

Por eso reiteró que el nombramiento de Vargas Fosado como titular del instituto no es una buena noticia por dos razones fundamentales: la primera, que permanezca el INM cuando la demanda social es que se desmantele, “porque pensamos que está corrompida desde su fundamento”, por lo que la propuesta es que en ese rubro se empiece de cero con la finalidad de construir una institución que atienda realmente a los migrantes que pasan por México y la segunda, tampoco es buena noticia que pongan a un policía al frente de la institución porque preanuncia la orientación de carácter punitivo y de control, en lugar de la protección de los derechos humanos.

La denuncia
En el marco de la inauguración del Foro “Agenda de derechos humanos y trata de personas en México”, el rector de la Ibero Puebla reveló que cada año 800 mil mujeres adultas y 20 mil menores de edad son obligadas a ingresar a una de las 47 redes de trata de personas que existen en México, cifra que es equivalente a la mitad de la población que hoy en día existe en la entidad poblana o dos de Tulancingo.

Estadistas del informe de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, dijo Fernández Dávalos, revelan que los cárteles de la droga encuentra un nicho adicional de ganancias inmensas en la trata de mujeres y niñas, con el propósito de la explotación sexual y pornográfica, porque —según los cálculos de esa organización— anualmente pueden obtener ganancias de hasta 10 mil millones de dólares por esa actividad.

Desde la perspectiva del rector de la Ibero Puebla, el gobierno federal en México todavía no da a conocer una posición en relación con la trata de personas, con la finalidad de erradicar la problemática ni siquiera se conocen las acciones que tomará el gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir esa problemática social creciente.

Ante eso, David Fernández Dávalos reiteró que “hasta ahora el nuevo gobierno mexicano no ha tomado posición y ni siquiera ha mencionado la trata de personas”, lo malo es que el gobierno mexicano persigue a los cárteles sólo por el trafico de drogas y no a los que realizan la trata de personas, por eso afirmó que las autoridades no acaban de entender bien el delito de trata, no le dan prioridad, prácticamente no se le persigue y socialmente se encuentra invisible.

Como prueba de ello, el rector de la UIA Puebla afirmó que el año pasado se presentaron 31 consignaciones por ese delito y solamente se lograron dos sentencias, pero lo peor es que en los Estados solamente se registraron 5 casos inculpatorios.

Finalmente, dijo que los estados de Puebla y Tlaxcala están en el primer lugar de los “focos rojos” del país en la trata de personas, de donde salen mujeres adultas y menores de edad que son explotadas en los continentes europeo y asiático, por lo tanto son regiones que proveen mercados de explotación sexual.