En 72 horas se decidirá el futuro de la construcción del teleférico, luego de que este miércoles se ratificaron las presentaciones de pruebas en el proceso en contra del gobierno del estado por carecer de permisos federales y municipales.

Rosalva Loreto, integrante del Comité de Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla (CDPHCAP), informó que está por concluir el proceso judicial en contra de la obra del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

En tanto, las obras del teleférico cumplieron dos semanas detenidas, con enormes estructuras o torres en las calles de Puebla desde el cerro de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, como a la espera de la resolución.

Montserrat Gali Boadella, directora y representante de la asociación civil Fundación Manuel Toussaint, expuso que la ignorancia se muestra en las venta de inmuebles del Centro Histórico, además de las obras realizadas en la zona monumental de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Reprobó la venta de inmuebles históricos en lugar de buscar restaurarlos y darles utilidad pública, ya que consideraron se realiza de forma poco transparente. Indicó que el gobierno del estado con la venta de los viejos edificios está evadiendo su deber de restaurar y conservar el patrimonio de la ciudad de Puebla, que tiene la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Señaló que las seis casonas que se han puesto a la venta están dentro del Catálogo de Monumentos y Sitios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y de ninguna manera se tratan de “terrenos con fachada” como lo difundió el gobierno estatal.

La entrevista
“Se ratificó la presentación de pruebas de cada una de las partes, ahora en 72 horas se va a dictar una primera sentencia. Puede ser que viernes o hasta el lunes, y ya depende de la jueza”, dijo Rosalva Loreto.

—¿Presentaron algunas pruebas más?

—Dentro del plazo que nos marca la ley se reunieron más pruebas y las otras partes debieron haber presentado las suyas propias.

—¿Hay reales posibilidades de frenar la obra?

—Pues depende de dos instancias; a nivel local, depende de la decisión de la jueza y a nivel nacional, lo que decida el Consejo Nacional de Monumentos Históricos.

—¿Tienen confianza?

—Qué les puedo decir, en México nadie apuesta a nada. Pero apostamos a la legalidad y esa es nuestra única argumentación, lo demás sale totalmente de nuestro control.

—¿Ha habido acercamientos por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle con ustedes?

—No, para nada.

La semana pasada, la misma Rosalva Loreto afirmó que sería este 23 de enero cuando se dictaría sentencia en el caso, sin embargo no se realizó este movimiento jurídico y será en los próximos tres días, aseguró.

Explicó que tuvieron la entrega de más documentos o pruebas de que el gobierno de Rafael Moreno Valle no contaba con los permisos, ni federales ni del ayuntamiento, por lo que les dieron la fecha señalada para finalizar el proceso

“Ya entregamos documentos, los que solicitó el juez de la comprobación de que no existe licencia, ya que seguimos con problema de ilegitimidad o legalidad de la construcción y derrumbe de la casona en el barrio del Artista.”

—¿Hay confianza en que la jueza proceda a su favor?

—Nosotros nos atenemos a lo que la jueza diga, pero las pruebas que hemos presentado demuestran que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras instancias, como el ayuntamiento, no otorgaron permisos correspondientes.

—Pero el INAH no ha clausurado, ¿existe confianza?

—No esperamos que clausure una institución que se ha caracterizado por la corrupción, ahora lo que sí esperamos es que actúen con coherencia y apego a la ley.

—¿No confían en el INAH, aunque haya cambiado de directivos con el nuevo gobierno?

—Después de toda la tradición que tiene de corrupción, imagínate.

La historia
Fue el 8 de enero cuando los integrantes del Comité Defensor de Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla lograron detener las obras mediante un amparo federal.

En los primeros días de 2013, el juzgado federal de Yolanda Vázquez Rebollo emitió un amparo para frenar provisionalmente las obras del teleférico en lo que se realizan las investigaciones de violaciones a leyes federales ante la demolición de monumentos.

En aquella ocasión se exhibieron dos documentos, uno de ellos argumenta que el INAH no ha emitido la autorización para la construcción del teleférico de la ciudad de Puebla. Incluso el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia inició el procedimiento administrativo correspondiente para la suspensión de la obra.

El presidente de la Asociación de Juristas de Puebla, Lucio Ramírez Luna, fue quien promovió el amparo. Recordó que en la mayoría o en casi todos los amparos, las autoridades no tienen la obligación de ir a los juzgados federales. Solo pueden mandar informes previos y justificados, lo que es equivalente a la contestación de la demanda.

La aceptación de amparo (incidente 1962/2012), en poder de Intolerancia Diario, refiere que fue promovido por Lucio Ramírez Luna.

La solicitud de amparo versa sobre todo por la destrucción de un inmueble registrado en el catálogo de monumentos históricos de la ciudad de Puebla, ubicado en la 8 Norte 414, en el barrio del Artista.

“La medida cautelar deberá prolongarse hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución sobre la suspensión definitiva que se emita al respecto en la audiencia incidental (…)”, señala parte del documento firmado por la juez Yolanda Vázquez.

La ley
Según datos del INAH, en el estado de Puebla existen 10 mil 317 inmuebles con valor histórico catalogados a través del Catálogo Nacional de Monumentos.

La Zona de Monumentos de la ciudad fue declarada como tal el 18 de noviembre de 1977 e incluye a mil 32 inmuebles en un área de 6.99 kilómetros cuadrados repartidos en 391 manzanas.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en su artículo 35 señala que los monumentos históricos son todos aquellos bienes “vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley”.

En el artículo 36, la ley protege a los inmuebles construidos entre los siglos 16 y 19 “destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive”.

Sin embargo, dichas leyes prohíben que estos inmuebles puedan ser vendidos, como ahora lo pretende la administración de Rafael Moreno Valle.

Pero la ley establece que para cualquier intento de modificación y de intervención se debe considerar a los ayuntamientos locales, en este caso al ayuntamiento de Puebla.

La venta de estas casonas, consideradas por el gobierno como “terrenos con fachada”, está siendo efectuada por la Secretaría de Administración, así como por la Secretaría General de Gobierno.