Ante el incremento en el robo de rejas de alcantarillas, tapas de registro de telefonía y cable de alumbrado público, el Congreso del estado tipificará esto como sabotaje y, por lo tanto, la persona que sea sorprendida no podrá alcanzar la libertad bajo fianza y la pena de prisión podría ser hasta de 12 años.

El diputado Jesús Zaldívar Benavides expresó que, de acuerdo a las investigaciones hechas tras la desaparición de alcantarillas y tapas en las banquetas del centro histórico en lo que va del año, la situación no puede considerarse como un simple robo, ya que algunos de los materiales con que están hechos no son comerciales, por lo tanto se estaría hablando de un acto de sabotaje en contra del ayuntamiento que encabeza Eduardo Rivera Pérez.

Expresó que la iniciativa ya se presentó al Congreso y está siendo respaldada por las diferentes bancadas representadas, a fin de proteger todos los servicios que presta la Comuna.

Advirtió que el aumentar la penalidad y considerarlo como sabotaje va a beneficiar a todos los ayuntamientos sin importar el partido al que pertenezcan, debido a que, extrañamente, en tiempo electoral aumenta el hurto, para hacer mal a la administración municipal o estatal.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales indicó que se busca la protección de todos los materiales que se utilizan para la presentación de los servicios.

Advirtió que en algunos municipios –que no es el caso de la capital– se ha dado hasta el robo de los postes que sirven para el cableado de energía eléctrica, y esto deja en la oscuridad y, sobre todo, sin servicios a comunidades enteras.

Indicó que en la reforma al Código Penal se especifica una penalidad de seis a 12 años de prisión y multa de 500 a dos mil días de salario mínimo, cuando el objeto sea el robo, sustracción o apoderamiento de materiales utilizados en el alumbrado, vía pública, agua potable, drenaje, drenaje pluvial, telecomunicaciones, señalización vial o urbana y servicio de limpia.

Zaldívar Benavides indicó que uno de los artículos señala que se sancionará con prisión de seis a nueve años, además de multa de 100 a mil 500 días de salario mínimo a quienes atenten contra zonas declaradas como naturales o protegidas.

El diputado indicó que es un sabotaje en contra de la sociedad y por lo tanto hay que tomar acciones para frenar este tipo de ilícitos.

Reiteró que en la capital, de enero a la fecha, se tiene el reporte del robo de cientos de tapas que había en las banquetas, y algunas de éstas sólo eran de concreto, material que no se comercializa; y con la modificación a la ley quienes sean sorprendidos podrán ser procesados por sabotaje, e independientemente de si hay o no denuncias por parte de ciudadanos que hayan tenido accidentes al caer en esos lugares, se podría acumular el de lesiones.

Aclaró que la aplicación de la ley se hará también en contra de quienes hayan adquirido esos materiales, y se espera que todos aprueben en comisiones el documento.

Reiteró que lo que se vivió en Puebla es un sabotaje y hay que investigar para encontrar a los responsables, y sostuvo que la reforma beneficiará a los ayuntamientos emanados de los diferentes partidos políticos.