La exdelegada federal Myriam Arabian Couttolenc intenta deslindarse del presunto fraude cometido contra poblanos en pobreza extrema, y culpa a la empresa de “sólo un retraso”, pero no aclara por qué se pagaron  millones de pesos adelantados.

Mientras tanto, la empresa ya está haciendo maletas para mudarse de sus oficinas actuales en Tulancingo, Hidalgo, según informaron trabajadores contactados vía telefónica.

En una carta enviada a Intolerancia Diario, se acusó a la empresa Provnamac de ser la culpable del retraso de entrega de recursos por cerca de siete millones de pesos, pero se aclara por qué se le pagó el dinero.

Lo que sí justifica que hasta que se cumplan 12 meses con el incumplimiento del material se estaría consumando el fraude, por lo que aún restan cuatro meses.

La también política panista expresó que en su carrera profesional nunca ha actuado con dolo y de manera deshonesta, y menos contra los sectores más vulnerables.

“Las acusaciones vertidas por su reportero no tienen fundamentación ya que la principal responsable del retraso en la entrega de los materiales para la construcción de viviendas es la empresa Provnamac SA de CV.

”(…) que en caso de no cumplir con la entrega del material dentro del plazo que exigen las reglas de operación —12 meses—, estaría entonces consumando el fraude”, sentenció al argumentar cuatro puntos:

“1. El programa de Vivienda Rural se concluye hasta que se emite oficialmente el cierre del ejercicio.

”2. En el caso de este programa, a diferencia de otros programas de la Secretaria, el cierre no coincide con el 31 de diciembre del año en cuestión, sino que a partir de la entrega del bono se tiene un año para canjearlo por materiales y aplicarlos en el mejoramiento de la vivienda, plazo que aún no concluye.

”3. Cabe mencionar que el fraude se tipificaría si la empresa incumple en la entrega en julio de 2013.

”4. En ese sentido, a la fecha no existe documento alguno suscrito por mí, que de por cerrado el programa o que avale el cumplimiento de las metas.”
Sin embargo, no aclaró por qué se le pagó a la empresa antes de que entregara el material, que era la forma normal de operar en el programa Vivienda Rural.

Según fuentes, la Sedesol primero les debió hacer entrega de un bono o certificado a los beneficiarios, quienes a su vez entregarían este documento a la empresa sólo cuando les fuera entregado el material.

Por lo tanto, la empresa sólo podría haber cobrado sus cheques a la Sedesol mediante la entrega de dichos documentos.

Pese a esto, en un reportaje realizado por Intolerancia Diario se comprobó que los papeles aún están en poder de los campesinos que esperan el material desde julio de 2012, por lo que el retraso ya sería de ocho meses.

“Tengo plena confianza en el buen actuar del actual titular de la Sedesol para que se resuelva este problema y sean entregados los respectivos materiales, pero insisto en que es la empresa proveedora quien no ha cumplido en los términos establecidos”, reiteró Myriam Arabian en su carta.

“Expreso mi total disposición para colaborar en lo que sea necesario. Creo firmemente en la libertad de expresión y en el papel preponderante de los medios de comunicación para brindarle a la sociedad información objetiva y veraz”, indicó finalmente.

Esta semana, Intolerancia Diario reveló un desvío de recursos por cerca de siete millones de pesos durante la administración de la exdelegada Myriam Arabian Couttolenc, dinero parte del programa de Vivienda Rural.

De esta forma, 342 cheques, de 20 mil pesos cada, uno fueron cobrados por la empresa Provnamac, quien no entregó los materiales para construcción a igual número de familias que viven en hacinamiento debido a su pobreza extrema.

Cabe destacar que la investigación interna en Sedesol derivó en la renuncia del subdelegado Arturo Gutiérrez Torrera.

La mudanza

Mientras Myriam Arabian envió la carta aclaratoria, la empresa Provnamac hace maletas en sus oficinas de Tulancingo, Hidalgo, desde donde opera.

Al solicitar una entrevista telefónica al 77 11 07 05 17, con algún directivo de la empresa, la recepcionista comentó que al estarse mudando de sus oficinas en calle Javier Rojo Gómez 118, no se encontraba nadie que pudiera dar la postura oficial sobre el caso.

Señaló no poder decir desde qué sitio nuevo operarían, ya que lo desconocía, sólo indicó que estaban trasladándose a otra oficina en la misma ciudad.

Provnamac es originaria de Tulancingo, Hidalgo, donde Arturo Gutiérrez fungió como funcionario del gobierno federal, según las mismas fuentes.

Además, el propietario proveedor o representante de la negociación es Jorge Burgos, a quien se le vincula con el subdelegado, según las mismas fuentes.

Ante el problema, acerca de Arturo Gutiérrez, fuentes de Sedesol informaron que ha presentado su renuncia a pesar de que pudo conservar su puesto gracias al recién creado servicio civil de carrera que lo protegía para seguir trabajando en Sedesol.

Sin embargo, aunque no han tenido acercamientos oficiales, la empresa ya envío a un emisario a tratar de arreglar el problema, el cual se podría subsanar con la entrega del material.

El descubrimiento

A los pocos días del cambio de gobierno federal, un grupo de campesinos y habitantes de distintas comunidades acudieron a la Sedesol a ver qué había pasado con el programa del que serían beneficiados.

Las familias son de muy escasos recursos, considerados como de pobreza extrema al vivir hacinados hasta cinco personas por un cuarto, en el mejor de los casos.

Por lo tanto, llenaban los requisitos para el Fonhapo y serían beneficiados desde junio del 2012 para la entrega de material de construcción con el que se construirían un cuarto más en sus viviendas para combatir ese hacinamiento.

El material para la construcción es entregado por empresas privadas y pagados con los recursos de Sedesol, pero el dinero jamás pasa por manos de los beneficiarios, ya que al ser de escasos recursos se busca evitar que se gasten el dinero en otras cuestiones.

Entonces se les entrega una especie de vale o bono, el cual le dan a la empresa una vez entregado el material, y ésta, a su vez, con este documento le cobra a la dependencia federal con cheques con los montos marcados.

Pero en esta ocasión no se hizo así. Tras la queja de los campesinos, se inició una investigación donde fue descubierto que a la empresa Pronmac le fueron entregados 342 cheques de montos de 20 mil pesos cada uno, sin que hiciera llegar material alguno.

A pesar de la anomalía, la Sedesol dio por cerrado el programa, aunque jamás fueron beneficiados los campesinos, quienes hasta la fecha siguen esperando el apoyo federal.

Los documentos

Familias afectadas presentaron a este medio la documentación oficial que tendrían que entregar en el momento en que les fueran entregados los materiales para la construcción de viviendas.

El primero se trata de un documento con los logotipos de Sedesol y del Fonhapo, el que señala textualmente:

“El gobierno federal por conducto del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, dentro del programa Vivienda Rural, otorga el presente certificado de subsidio federal (…)”

El papel está fechado en la ciudad de Puebla a los 12 días del mes de julio de 2012, apenas unos días después de haberse llevado a cabo las elecciones federales.

Está firmado por Salvador López Orduña, director general, y por Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, delegada federal en ese entonces.

En otro documento, se enlistan los materiales a entregarse por cada familia, los que serían entregados por la empresa Provnamac, al que tendrían que haber cotejado en la entrega que nunca llegó.

Para recibir estos documentos oficiales, los campesinos entregaron copias de su credencial de elector, de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y del acta de nacimiento.