En respuesta a la solicitud 00074613, por medio de la Ley de Acceso a la Información, la dependencia a cargo de Patricia Leal Islas señaló que no se ha generado ningún informe sobre la construcción del teleférico, a pesar de que no cuenta con permisos oficiales de construcción.
La pregunta hecha vía Infomex fue: “Favor de entregar los informes que encontró la dependencia en la construcción del teleférico y si encontró anomalías como la falta de permisos”.
En otro documento, en respuesta a la solicitud 0004681313, envió los listados de 48 exservidores públicos, ninguno de primer nivel, sancionados definitivamente durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Teleférico, sin expediente
La dependencia estatal entregó un documento en respuesta, firmado por Sergio Moreno Altamirano, titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la SC, señalando inexistente la información solicitada sobre el teleférico.
“Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, de observancia obligatoria para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el propósito de proporcionar información a los interesado sobre los temas de carácter público, atentamente me permito hacer de su conocimiento que esta dependencia no ha generado ningún Informe.”
Al respecto, la presidenta del Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Rosalva Loreto, criticó la actuación de la SC de Puebla, que es la encargada de revisar todas las situaciones irregulares del gobierno estatal, sobre todo en obras públicas.
“Me parece increíble que la Contraloría no haya levantado acta por estas irregularidades, cómo es posible, está igual que el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), que no ha registrado anomalía, es increíble pasarse la ley”, dijo a Intolerancia Diario.
Apenas hace unas semanas, una vez terminada su comparecencia ante los diputados locales, la contralora Patricia Leal fue cuestionada por medios de comunicación sobre el teleférico pero no quiso contestar, argumentando la Ley de Transparencia.
“Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Transparencia, estoy impedida a hablar del tema que se encuentra en litigio. No lo digo yo, lo dice la ley”, dijo en su momento. Días después en la respuesta oficial, no invocaron dicha legislación.
Ese mismo día, Patricia Leal se molestó cuando se le preguntó si estaba de esta manera protegiendo al secretario de Transportes, Bernardo Huerta Couttolenc, por su relación sentimental.
“Al inicio de esta gestión, el primer acto que yo llevé a cabo fue una excusa, una excusa que está publicada en el portal de Transparencia desde el día 1 de esta gestión, donde yo me excuso de conocer cualquier asunto que esté vinculado directamente con Bernardo Huerta”, dijo.
Por lo tanto, la funcionaria estatal rechazó que esté evitando que la Contraloría intervenga en el litigio que enfrenta la ST por la ejecución de las obras del teleférico sin contar con los permisos correspondientes del INAH.
Al respecto, Rosalva Loreto separó las cosas: “Es increíble que se pueda faltar a la ley. Es una relación personal entre Patricia Lean y Bernardo Huerta, no nos podemos meter en ella, pero si vemos las funciones de la contralora y no cumple sus funciones”.
Los sancionados
En respuesta a la solicitud de información, con folio 0004681313, la SC informó que ha sancionado a 48 exfuncionarios morenovallistas con la inhabilitación, pero ninguno de ellos de primer nivel.
A inicios de febrero, la contralora Patricia Leal, en entrevista a reporteros, dijo que en el caso de los servidores públicos los casos están firmes, lo que significa que agotaron todas las instancias legales para su defensa.
“Es un proceso constante el que llevamos a cabo con la revisión de expedientes de conducta de los servidores públicos, es regla general de cada dependencia que llevan sus revisiones internas, para quienes tienen algún tipo de responsabilidad para la empresa o servidor público; una vez que se tienen, lo hacen del conocimiento de la Contraloría.”
Cabe destacar que en la respuesta, por medio de la ley de transparencia, la dependencia no detalla cargos ni causas de la baja, sólo argumenta la ley que fue violada, en esos casos el artículo 50 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Puebla.
La ciudadanía puede denunciar a los servidores públicos que realicen prácticas incorrectas, mediante quejas y sugerencias a través de la línea gratuita 01 800 466 786, las 24 horas del día.
Contrariamente, en entrevista con Mariano Serrano en Oro Noticias, el 26 de febrero de 2013, Patricia Leal redujo a la mitad el número de sancionados en la administración de Rafael Moreno Valle, al asegurar que sólo había 24 servidores públicos, con 32 mil 500.
“Estamos para escucharlos, para hacernos quejas o hacernos sugerencias, en los canales están los buzones en denuncias@gob.com.mx, el objetivo es que la mayoría de los tramites se realicen vía internet para que los ciudadanos acorten los tiempos”, dijo en aquella ocasión.
“El objetivo es que el funcionario respete el tiempo de los poblanos”, sentenció Leal Islas al explicar la importancia de presentar las denuncias contra los servidores públicos que no cumplen con la atención a los ciudadanos.
El revés
A pesar de que el gobernador Rafael Moreno Valle sufrió un revés luego de que investigadores y especialistas antropólogos lograron obtener un amparo para frenar momentáneamente la construcción del teleférico, el cual aseguran se está realizando ilegalmente por la destrucción de monumentos históricos, la SC no ha iniciado procedimiento alguno.
La aceptación de amparo (incidente 1962/2012), en poder de Intolerancia Diario, refiere que el amparo fue promovido por Montserrat Gali Boadella, directora y representante de la asociación civil Fundación Manuel Toussaint, y Rosalva Loreto, del comité defensor de patrimonio histórico, cultural y ambiental de Puebla.
La juez Yolanda Vázquez Rebollo es la que estudia la solicitud de amparo; versa sobre todo por la destrucción de un inmueble registrado en el catálogo de monumentos históricos de la ciudad de Puebla, ubicado en la 8 Norte 414, en el Barrio del Artista.
Rosalva Loreto, integrante del organismo no gubernamental, explicó que en anteriores ocasiones se han hecho denuncias por la que llamó “errada política del gobierno de Puebla”.
Sobre todo en la intervención en zonas de monumentos declaradas y protegidas por leyes federales e internacionales, que han sido la razón de haber sido declarada la ciudad de Puebla como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
“La actual construcción del teleférico también cambiará el paisaje urbano del centro histórico, y se ha caracterizado por la ilegalidad en los procedimientos de presentar los proyectos ejecutivos antes de iniciar la obra.”
Indicó que es una agravante la destrucción de la casona en la zona del Barrio del Artista, lo que constituye un delito federal, igualmente la construcción de una de las torres del teleférico dentro de la zona de monumentos, ya que se ejecuta sin permisos del ayuntamiento.
Detalló que mediante la solicitud de acceso a la información 1115100043012, presentada el 15 de noviembre de 2012, comprobaron que no existen permisos del INAH para la demolición de la casona.
Por su parte, Montserrat Gali Boadella, especialista de la Universidad de Barcelona, afirmó que la “ignorancia” de los funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle está destruyendo el patrimonio histórico de la ciudad de Puebla.
Indicó que la única forma de detener “la destrucción” es mediante la organización ciudadana a través de protestas y de denuncias, tanto en el propio INAH, como en otras instancias federales, para impedir que “Moreno Valle haga lo que quiera”, aseveró.
Galí Boadella expuso que la ignorancia se muestra en las ventas de inmuebles del Centro Histórico, además de las obras realizadas en la zona monumental de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.
Además reprobaron la venta de inmuebles históricos en lugar de buscar restaurarlos y darles utilidad pública ya que, consideraron, se realiza de forma poco transparente.
Indicaron que el gobierno del estado, con la venta de los viejos edificios, está evadiendo su deber de restaurar y conservar el patrimonio de la ciudad de Puebla, que tiene la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Señaló que las seis casonas que se han puesto a la venta están dentro del Catálogo de Monumentos y Sitios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y de ninguna manera se trata de “terrenos con fachada” como lo difundió el gobierno estatal.