Organizaciones no gubernamentales (ONG) se quejaron por la falta de apoyo de los gobiernos estatal y federal, sobre todo por las trabas burocráticas para acceder a los recursos.

Durante el Foro de Consulta para Análisis de la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la mayor de las quejas de distintos representantes de los organismos civiles son los obstáculos y la falta de apoyo.

Rocío Bauza Meneses, presidenta del Consejo Poblano de Organizaciones no Gubernamentales, señaló que la falta de apoyo del gobierno estatal y federal es por la carencia de recursos.

Indicó que entran tres o hasta cuatro veces más proyectos de los contemplados, por lo que la gran mayoría de ONG se quedan sin apoyos para sus distintos proyectos en perjuicio finalmente de la sociedad.

Señaló que la carencia se debe a la situación de pobreza del país, la cual es más grave que hace 10 años, por lo que cada año se suman más organizaciones al padrón de ONG pero muchas desaparecen.

Pidió al gobierno de Puebla involucrarse, así como a los congresos locales, para que hagan sus análisis con leyes locales reales, ya que hasta el momento los legisladores ni siquiera tienen contemplada alguna iniciativa para este rubro.

Señaló que no es posible que el gobierno de Puebla tenga un techo financiero para apoyar a los organismos civiles apenas de 3 o 4 millones, cuando por lo menos se necesitan 25 millones de pesos.

Asimismo, señaló que debido a la veda electoral los apoyos están detenidos afectando muchos proyectos, en lugar de haber previsto una entrega antes de las fechas de la contienda.

“Por ejemplo, hay proyectos para el campo que llevan las ONG, pero por la veda electoral se acaban los recursos y se pasa la época de lluvia.

”Los recursos llegan tarde, no se aplican directamente al proyecto, e inclusive afecta a los organismos civiles en sus gastos corrientes, como pago de rentas, salarios u otros apoyos a trabajadores o voluntarios”.

Por su parte Francisco Infante, representante del organismo Roguiva AC, encargada de promover, desarrollar y recuperar el arte, la cultura y las tradiciones de las comunidades mexicanas, señaló que los mayores problemas son el bloqueo legal.

Señaló diversos artículos de la ley de fomento que se contraponen con leyes hacendarias, inclusive señaló que dicha legislación deja fuera a muchas comunidades, sin ningún apoyo.

Dijo, por ejemplo, que hace unas semanas una asociación ambientalistas en Puebla logró beneficios federales para rehabilitar un jagüey, pero los integrantes de la ONG iban a ser los beneficiarios directos al ser habitantes de la misma comunidad.

“En un pueblo todos son parientes”, dijo al explicar que el articulo 6 de la ley de fomento en su capítulo 30 prohíbe que los beneficiarios de los apoyos sean parientes directos de los integrantes de las ONG.

”Si se aplicara la ley no podrían beneficiarse, entonces el jagüey se hizo, pero fue destruido por la autoridad de Puebla, a pesar de que ya habían recibido 300 mil pesos para la rehabilitación.”

Asimismo, señaló otro ejemplo de 30 pintores de Tecamachalco, quienes recibieron apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), para rehabilitar un cuartito donde expusieran sus obras.

Pero por la referida ley ellos no pueden ser beneficiarios directos, por lo que lo que lograron tendrán que devolverlo.

Además, señaló un tercer caso en el que se juntaron 50 enfermos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para solicitar recursos para un comedor comunitario, pero ahora ellos mismos no pueden usarlo.

Por lo tanto, solicitaron quitar esta ley y hacerla acorde a la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) donde sí se permite que ellos mismos sean los beneficiarios, mientras el apoyo no sea en efectivo.

Por su parte, María Teresa Rodríguez Ortiz, de la asociación Ilumina Mi Vida, señaló que no existen parámetros de acción y ayuda del estado.

“Pareciera que sólo se enarbola en campañas electorales el apoyo a grupos vulnerables”, indicó la activista, al señalar que las decisiones legislativas no se toman en pro de la sociedad, sino en pactos políticos entre líderes.

Luego de enumerar una serie de situaciones jurídicas que traban el acceso a los apoyos, pidió que la ley general de fomento de las organizaciones que supuestamente iba a ayudarles, en la práctica han visto incrementos en los requisitos.

“Los proyectos desaparecen por no saber presentar los proyectos”, dijo al pedir que más que una ley de control, que sea de integración, 
Finalmente, Salvador Sánchez, representante de la organización Juconi, habló de la tramitología y burocracia para esperar los recursos, por ejemplo la Cluni, documento que supuestamente iba a agilizar la burocracia, pero la ha empeorado.

Detalló que la Cluni contendría toda la información de la ONG para que ya no se entregara en cada trámite todo el papeleo, desde las actas constitutivas o comprobantes de domicilios.

Sin embargo, en muchas dependencias, aparte de la Cluni siguen pidiendo todo el papeleo. “No hay propuestas de creación de la ley en el estado”.

Aclaró que las ONG no sólo deben vivir a través de los fondos del gobierno, ya que justamente para eso nacieron, ante una carencia de las autoridades, sin embargo —dijo— hay recursos a los que sí se debe acceder. 

Señaló que el gobierno para dar los apoyos mete muchos trámites, pero sí exige apoyos de parte de las ONG, por ejemplo llevan 17 donativos que han hecho a las dependencias o instituciones, “hasta para baños nos han pedido”.

Comentó de los gastos fuertes ante notarios públicos por dichos trámites, por lo que pidió empatar artículos de la ley de fomento al artículo del Impuesto Sobre la Renta.

Por otra parte, las senadoras Lucero Saldaña Pérez y María Elena Barrera Tapia, quienes son parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales de la Cámara de Senadores, agradecieron a los invitados por haber centrado su atención en procurar y mantener mecanismos de participación ciudadana, con lo que se suman de forma activa a este esfuerzo en beneficio de todos los mexicanos.

A destacar 
Las senadoras María Elena Barrera y Lucero Saldaña, organizadora del evento, señalaron que llevarían las propuestas a sus respectivas cámaras para continuar el posible cambio a la ley de fomento de las organizaciones de la sociedad civil.