Organizaciones de la sociedad civil criticaron que la nueva iniciativa de ley para prevenir la discriminación, cuyo dictamen fue aprobado este jueves en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, no haya sido consultada con especialistas y miembros de la sociedad civil.
Desde hace siete años, a propuesta del PAN se presentó una iniciativa en contra de la discriminación, cuya discusión había sido olvidada al menos por dos legislaturas.
La ley, que estaría por aprobarse en el pleno del Congreso este lunes, carece de elementos importantes que sí contempla la ley federal en la materia, como la ausencia de un consejo para prevenir la discriminación y mecanismos para sancionar a quienes discriminen.
La iniciativa no contempla, señala el Observatorio Ciudadano sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), sanciones propias ni procedimientos para su coacción, sólo delega la responsabilidad de la observancia a los organismos gubernamentales, lo cual generaría un procedimiento parcial pues quien resuelve es a quien se acusa, es decir, juez y parte.
Otro señalamiento que realiza Odesyr es que únicamente se concentra la ley en la discriminación que hay entre particulares y gobierno, dejando fuera los asuntos entre particular y particular. Esto es ocioso, pues la Comisión de Derechos Humanos de Puebla realiza esa función.
Además, Odesyr señala también otras deficiencias de la iniciativa dictaminada, como el hecho de que la ley —de ser aprobada tal y cómo se aprobó el dictamen el jueves— no crea un organismo para su operación, lo cual dificulta el acceso de las personas en Puebla a los derechos mencionados en la iniciativa, rompiendo con los principios de certidumbre y seguridad jurídicas.
Más grave aún es que la ley no contempla un Consejo Ciudadano dentro del Organismo, lo cual es necesario para la vigilancia y revisión del hacer gubernamental y social respecto del combate contra la discriminación.
De acuerdo a Odesyr, la iniciativa viola el principio de “exhaustividad” legislativa, pues es pobre en contenido respecto de los instrumentos internacionales en la materia, de la resoluciones de tribunales internacionales y nacionales, de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil en el país, no atiende al modelo de ley estatal propuesto por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred), así como tampoco refleja contenido respecto de las cifras y datos duros respecto de la problemática de la discriminación en el país y en Puebla.
La organización especializada en derechos sociales y reproductivos plantea que los diputados deben posponer la aprobación de la iniciativa para discutirla con mayor amplitud, mejorarla y consultarla con organizaciones de la sociedad civil.
Odesyr señala que deben abrirse espacios adecuados para el encuentro entre sectores y expertises adecuados y oportunos para nutrir la iniciativa, a fin de pueda generar el mayor beneficio posible. También debe revisarse completamente el diseño de la iniciativa desde la más alta técnica legislativa y la mayor voluntad política de quienes ocupan las curules en el Congreso.
Odesyr propone que se cree un organismo específico de su objeto, descentralizado, independiente en sus resoluciones y con un consejo ciudadano para su vigilancia.
La organización propone que deben establecer sanciones y procedimientos claros y accesibles, y la iniciativa de ley debe atender a su nombre, a ser tan amplia y bastante para que se puedan ejecutar acciones afirmativas eficaces que realmente ataquen a la problemática desde la prevención y la erradicación, y no desde la discrecionalidad y laxitud que la iniciativa actual implica.
Este jueves los integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos del Poder Legislativo, que presiden los diputados Josefina Buxadé Castelán y Enrique Nacer Hernández, aprobaron por unanimidad expedir la “Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla”.
