Por lo menos cien amparos han ganado exelementos de la Policía Estatal, luego de presentar procedimientos jurídicos en contra del gobierno de Puebla por despido, sin embargo, no se ha cumplido el mandato judicial por parte de las autoridades poblanas.

En rueda de prensa, por lo menos cien expolicías estatales exigieron al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas que cumpla con el mandato judicial otorgado tras haber ganado los juicios de amparos.

La exigencia es que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los liquide conforme a derecho, ya que la administración estatal les ofrece sólo 120 mil pesos por 30 o más años de servicio cuando por ley les corresponde el doble de dinero.

Señalaron los exuniformados que la aplicación de los exámenes de confianza con los cuales el gobierno justificó para despedirlos son ilegales y no descartaron aplicar un “voto de castigo” a la coalición Puebla Unida el próximo domingo 7 de julio.

Por lo tanto, advirtieron que darán este “voto de castigo” al gobernador Rafael Moreno Valle y jamás darían su apoyo a los candidatos de la coalición Puebla Unida en la próxima jornada electoral.

Héctor Gómez, uno de los expolicías, recordó que Moreno Valle incumplió su promesa de preservar los empleos de seguridad, ya que en los últimos 24 meses despidieron a seis mil trabajadores del estado (como documentó Intolerancia Diario).

Susana Nieves Murrieta señaló que de ese grueso de despedidos, por lo menos 300 eran elementos de seguridad, por lo que continuarán exigiendo el pago de su liquidación, con base en el periodo que prestaron sus servicios a la corporación.

Ante la situación, responsabilizaron al gobierno estatal de cualquier atentado que pudieran sufrir, pues dijeron que han recibido amenazas, por lo que advirtieron que en caso de que se sigan violando sus derechos laborales harán movilizaciones y cerrarán calles hasta que se resuelva su situación.

Manifestó que los policías necesitan los empleos que les dieron a los 200 custodios del Servicio de Protección Federal que fueron contratados recientemente para vigilar el municipio por el Campeonato Mundial de Taekwondo.

“Es absurdo que el gobierno esté pagando los servicios de policías foráneos que ni siquiera conocen el estado, su contexto y problemas, cuando los agentes preventivos los tienen en casa”, resaltó.

Denunciaron que desde que fueron despedidos han recibido constantes amenazas e incluso han sido vigilados en sus domicilios por personas desconocidas, por lo que responsabilizaron al gobierno del estado por lo que les pudiera pasar.

Aclararon finalmente que sobre los amparos ganados ante los jueces federales, el gobierno de Puebla no tuvo argumentos sólidos para despedir a su personal; aunque la dependencia justificó que no pasaron los exámenes de control de confianza, no fue prueba suficiente para despedirlos.