Autoridades estatales pudieron incurrir en violaciones legales y de garantías de los derechos humanos durante la liberación de la presidencia municipal de Oriental, luego del operativo del pasado viernes en la madrugada. Según quejosos, el único detenido durante el operativo tenía un amparo; sin embargo, ahora se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Teziutlán, consignado ante el juez penal de esta localidad.
Incluso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) atrajo por oficio las investigaciones sobre supuestos abusos de autoridad durante el desalojo de manifestantes que mantenían un plantón de más de un mes.
Este lunes los visitadores del organismo llegaron a Oriental para recabar información, tras las publicaciones de Intolerancia Diario sobre el desalojo, informaron los quejosos. Fue así como comprobaron mediante testimonios que hubo agresiones de elementos de la Policía Estatal contra gente de la tercera edad, e incluso una persona con capacidades diferentes, subrayaron las supuestas victimas.
En tanto, los líderes del plantón han huido no sólo de la zona de Oriental, sino del estado de Puebla, ante el temor de por lo menos seis órdenes de aprehensión en su contra, las que se pueden cumplir en cualquier momento.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, afirmó en entrevista que en el operativo sólo se liberó la presidencia municipal con 200 elementos, pero negó la existencia de un sólo detenido.
—¿Cómo estuvo el desalojo en Oriental?
—Ya se atendió, no fueron 400, sólo 200 policías estatales. Lo que se buscaba era garantizar que el presidente municipal tuviera acceso a la presidencia y que las actividades se desarrollaran de manera armónica.
“Esta atendido, hay un grupo de policías en apoyo para que este en los próximos días.”
—¿Hay detenidos?
—No, ninguno.
Sin embargo, en el penal de Teziutlán se encuentra recluido uno de los integrantes del movimiento, Agustín Chacón Porras, quien fue consignado al juzgado de este mismo municipio serrano.
En entrevista, Rosa María Angulo González, una de las líderes de los inconformes, confirmó la visita de personal de la CDHEP. No obstante, indicó que tuvieron que huir de Puebla ante el miedo de la represión por parte de autoridades estatales. “Fue un chaleco que el gobierno nos hizo”, señaló en entrevista telefónica.
Detalló que Agustín Chacón se encuentra internado acusado de privación ilegal de la libertad, delitos contra el orden constitucional y seguridad del estado y por coaccionar al presidente municipal a que renunciara, supuestamente porque no permitieron entrar a personal del ayuntamiento a la presidencia.
Afirmó que la aprehensión de su compañero Chacón Porras es totalmente ilegal, ya que supuestamente contaba con un amparo que lo protegía, sin embargo se violaron las leyes.
El operativo
El viernes pasado, granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del estatal, mediante un operativo a las 3 horas, quitaron a los manifestantes que mantenían tomadas las instalaciones de la comuna. Según algunos de los quejosos, fue una represión y abuso de autoridad, ya que fueron golpeados indiscriminadamente, generando más de 35 lesionados leves y una persona detenida.
Rosa María Angulo aseguró que hubo represión a una protesta pacifica, luego de que desde el 8 de julio mantenían tomado el ayuntamiento. “Vinieron más de 400 granaderos, quitaron a toda la gente que estábamos enfrente de la presidencia, nos pegaron, tiraron nuestra lona, todo lo que estaba ahí y agarraron a golpes a los señores, todo horrible, horrible.
”La gente se empezó a espantar, pero no tuvieron piedad de nadie, nos pegaron y se llevaron a un detenido.”
—¿A quién se llevaron?
—A Agustín Chacón Porras, es uno de los integrantes de nuestro grupo. Hay al menos 35 lesionados, aventaron gases, la gente se espantó muchísimo, ya se fueron a su casa.
“Habíamos como 70 personas en el plantón, buscaron la estrategia de entrar en la madrugada para que la gente no estuviera ahí”, sentenció e indicó que desde entonces andan más de 20 patrullas de la Policía Ministerial resguardando el lugar y buscando aprehender a los líderes de la protesta.
“Ahorita no podemos salir, de hecho nos movimos los que estábamos al frente del movimiento, nos movimos por seguridad de nosotros.”
El presidente municipal de Oriental, Guillermo Fernández Tanús, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito, incluso de comprarle una jirafa a su hija en su cumpleaños, lo que ha provocado la ira de los pobladores de la zona. Desde hace más de un mes se mantenía tomada la presidencia municipal por grupos opositores, quienes aseguran que se ha enriquecido ilegalmente, al grado de comprar casas y un rancho, además del animal exótico.
La semana pasada Intolerancia Diario reveló un audio en su poder, donde el edil se expresa con palabras altisonantes en contra de estos grupos que mantenían tomado el edificio, además de que los amenaza con golpearlos próximamente. Además, en el mismo audio, grabado durante una reunión con regidores, confesó la compra de la jirafa, de la cual simplemente dijo “(…) ya se la llevaron”.
El comunicado
“Para detectar posibles violaciones a derechos humanos en contra de habitantes del municipio de Oriental, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla comenzó una investigación sobre el desalojo de manifestantes realizado por elementos de diversas corporaciones policíacas.
”El 18 de agosto del año en curso, visitadores adjuntos de este organismo se entrevistaron con los agraviados después que los agentes disolvieron el mitin que mantenían frente a la presidencia municipal, el pasado 16 de agosto. Derivado de este acercamiento, nueve de las personas agredidas, seis mujeres y tres hombres, interpusieron una queja ante la Comisión.
”De las nueve quejas recibidas, una corresponde a una persona con discapacidad y cuatro a adultos mayores; en siete de ellas manifestaron que sufrieron lesiones.
”Los señalamientos de los agraviados quedaron registrados bajo el folio 3100 y refieren violaciones a sus derechos a la seguridad e integridad personal, y al de legalidad.
”Asimismo, señalaron a elementos de la Policía Estatal y Policía Ministerial de Puebla; a la Policía del estado de Tlaxcala; así como al delegado de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, adscrito al municipio de Teziutlán; como responsables de la violación a sus derechos humanos.”
