Miguel Ángel Labastida, integrante del movimiento Volver a Empezar, recordó que desde hace dos meses se señaló que la Secretaría de Administración del gobierno del estado incurrió en irregularidades en la asignación de contratos para la edificación de las grandes obras del morenovallismo, ya que el mismo día en el que salía el fallo de la licitación se firmaba el contrato de manera exprés.
Además, indicó que la situación es más delicada porque en el Centro Integral de Servicios hay un mundo de irregularidades pues, de acuerdo con el proyecto, para ejecutar la obra se contemplaban vialidades alternas, que tendrían una inversión de 119 millones de pesos, pero el CIS fue entregado sin que se cuente con las vías.
El también exdelegado del Partido Acción Nacional reiteró irregularidades en la entrega de obra del gobierno estatal por medio de la Secretaría de Administración, y acusó que incurrió en favoritismo porque las otorgó de manera directa.
El abogado dijo que las obras más significativas del gobierno del estado fueron entregadas a la empresa Alfa, quien se encargó de la obra del distribuidor vial Zaragoza-Autopista, por un monto de más de 80 millones de pesos, y al revisar los contratos se ve cómo iniciaban el mismo día que iniciaban las obras, lo cual hace presumir que ya todo estaba pactado. Asimismo, la empresa Codesa, a la cual el gobierno estatal le asignó más de 41 millones de pesos para la obra del viaducto y diagonal de manera directa.
De igual manera, a la empresa Consulting and Construction SA de CV, a quien se le adjudicaron de forma directa, en la obra del puente bulevar Capitan Carlos Camacho Espíritu, más de 311 millones de pesos.
Así mismo, comentó que de esta “última obra los poblanos se han dado cuenta de los problemas que presenta, ya que no agilizó el tránsito de vehículos en la zona y sí genera congestionamientos; en sí, sólo se hizo un puente grande, pero no el viaducto ofrecido”.
Miguel Ángel Labastida precisó que el mayor problema se presenta en la llamada obra emblemática del gobierno de Moreno Valle, denominada Centro Integral de Servicios, y la clave del contrato es CISOP/ADE/SI/2012/0020, para lo cual se destinaron 299 millones 995 mil pesos.
Del mismo modo, dijo que, independientemente de los actos oficiales que ahí se realizan, el lugar se ha convertido en un elefante blanco donde la mayoría de la infraestructura se encuentra vacía, y resalta que la firma del contrato fue el 9 de marzo de 2012 y la fecha de inicio el 9 de marzo del mismo año, teniendo una rapidez pocas veces vista. También, comentó que no se ven cambios en el actuar de la administración, por la manera en que asigna las obras el gobierno del estado, que es similar a la que tenían Mario Marín Torres o Javier García Ramírez, por lo que nada ha cambiado.
En ese contexto, reiteró que la obra está inconclusa y advirtió que en la revisión que realizó se encuentra un contrato relacionado con el Centro Integral de Servicios, con la clave OP/ADE/SI/2012/0089, por un monto de 119 millones de pesos para la construcción de vialidades. Reiteró que la obra del CIS ya fue entregada, se inauguró el día en que rindió su segundo informe de gobierno y el mensaje lo dirigió desde ese lugar, pero el problema es que la vialidad no la ven los poblanos.
Del mismo modo, denunció que al parecer hay 119 millones de pesos perdidos, que iban a ser destinados para una vialidad que presuntamente ya entregó el gobierno del estado, pero nadie la ha visto, pues se dice en el contrato que era complementaria al centro y lo único que se aprecia es la vía Atlixcayotl, que fue reforzada con concreto hidráulico en la pasada administración, y las otras vías para llegar siguen igual.
También, manifestó que con 119 millones de pesos destacaría una vialidad bien hecha con concreto hidráulico, pero sucede que nunca se ejecutó tal obra o por lo menos es lo que se ve a simple vista.
“Se debe exigir una auditoría integral a la Auditoria Superior de la Federación sobre el trabajo que realizaron diferentes funcionarios, y de determinarse responsabilidades proceder de acuerdo a la norma que el propio gobernador del estado ha dicho una y otra vez. Nadie por encima de la ley”, sentenció.
Comentó que tres años después de que manifestó su inconformidad el tiempo le da la razón y la demanda es que se investigue por parte de la federación la manera en que se están aplicando los recursos en Puebla.