La alteración o falsificación de un documento oficial, que podría ser una acta de nacimiento, testimonios de escrituras, libros de actas de catastros y hasta actuaciones judiciales, pasará a ser un delito grave en Puebla y su penalidad será superior a los cinco años de cárcel, por lo que los responsables no podrán alcanzar la libertas bajo caución.
Fue el diputado local del Partido Revolucionario Institucional Gerardo Mejía Ramírez quien propuso tipificar como delito grave la falsificación de documentos oficiales, con la modificación al artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla.
Durante la sesión permanente, el también presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, al presentar los argumentos de esta propuesta, dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó, en los últimos cinco años, 626 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de falsificación, uso de documentos falsos y usurpación de profesión, principalmente en casos de abogacía y medicina.
Mejía Ramírez advirtió que en Puebla no se tiene una estadística actualizada acerca de este delito, pero aceptó que es importante el número de casos que se presentan, aunque en ocasiones no hay denuncia y por lo tanto queda impune esta falta.
También, destacó que, a pesar de los numerosos “candados” que contienen los documentos públicos, es frecuente que las personas intenten falsificar, por ejemplo, constancias de empleo, actas de nacimiento, títulos profesionales, títulos de propiedad y actuaciones judiciales, entre otros.
Asimismo, advirtió: “Durante muchísimos años, en ciertos niveles o en ciertos rangos existen funcionarios que desafortunadamente clonan, sacan copia o, inclusive, arrancan partes de los archivos, y esto por supuesto tiene que ser considerado como grave porque atenta contra el patrimonio de familias”.
Aclaró que, si bien se ha avanzado en materia de procuración y administración de justicia, la realidad social otra vez ha desbordado las previsiones legales porque las conductas antisociales se presentan de diferentes maneras y ahora se hace uso de la tecnología para obtener documentos.
Así mismo, explicó que al ser considerado delito grave no procede la libertad bajo caución, tampoco el perdón del ofendido, y se persigue de oficio; e insistió en que este delito se comete de manera dolosa con toda la intención de dañar y causan un gran impacto social.
Además, aclaró que habrá que difundir la aprobación del cambio para evitar que los ciudadanos se conviertan involuntariamente en cómplices de este tipo de delitos, ya que ellos actuarán de buena fe creyendo que los documentos son originales; sin embargo, por la falta de conocimiento los aceptan y posteriormente hacen transacciones con ellos, teniendo problemas legales.
La propuesta fue recibida por los integrantes de la mesa directiva de la comisión permanente del Congreso del estado de Puebla, y posteriormente será turnada a las respectivas comisiones, donde será analizada y discutida.
