En sesión de Cabildo, la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sandra Montalvo Domínguez solicitó que inicie una investigación contra de los responsables de permitir que cinco empresas de telefonía pública no hayan pagado sus impuestos de uso de suelo de al menos 7 mil 300 casetas, por lo que deben más de 10 millones de pesos.
Hace unas semanas Intolerancia Diario reveló que las empresas dueñas de más de 7 mil 300 casetas de teléfonos públicos encontraron en la ciudad de Puebla una especie de “paraíso fiscal”, el evadir impuestos millonarios.
Al menos cinco empresas de seis de casetas de teléfonos públicos operan en la ilegalidad en el municipio de Puebla ni pagan un sólo peso de por el uso de suelo, por lo que están evadiendo millones de pesos en impuestos municipales.
Estas empresas acumulan adeudos de por lo menos 10 millones 640 mil pesos de todo este año y que al momento no se han cobrado, como lo marca la Ley de Ingresos del Municipio, dijo la regidora en Cabildo.
Durante la sesión ordinaria, la regidora pidió un informe sobre la situación actual, y en caso de no entregarlo se turne a la Contraloría municipal el expediente para sancionar a los funcionarios que hayan incurrido en omisiones financieras.
También, la regidora poblana exigió que se inhabiliten a las empresas que estén evadiendo sus pagos y no permitir este tipo de actos pues es una obligación que deben cumplir como contribuyentes.
Precisó que las cinco empresas de telefonía como Telmex, Maxcom, Monefon, BBG y Logitel no han hecho un sólo pago a la Tesorería, pese a que se les debería cobrar diariamente una contribución de seis pesos para su operación, ya que así está establecido en la ley de ingresos de 2013.
“El caso que vengo a exponer es la opacidad en la información pero sobre todo la falta de comprobación de la misma. Y tiene que ver con la falta del pago de los derechos del concepto de la ocupación de los espacios públicos por las denominadas casetas telefónicas que están incluidas en la ley de ingresos.”
Por ello, Montalvo Domínguez exigió a la Tesorería municipal un informe sobre la situación actual, ya que hasta agosto de este año, éstas habrían generado recursos por el orden de 10 millones 640 mil pesos.
“Siempre hemos estado pendientes de la correcta distribución de las cargas fiscales y el caso que hoy vengo a exponer es la opacidad en la información, pero sobre todo la falta de comprobación del mismo y tiene que ver con la falta de pagos por concepto de la ocupación de los espacios públicos por las denominadas casetas telefónicas mismas que se incluyen en la ley de ingresos para el municipio de Puebla”, puntualizó la regidora.
La investigación
La investigación de Intolerancia Diario reveló que al menos cinco empresas de seis de casetas de teléfonos públicos operan en la ilegalidad en el municipio de Puebla no pagan un sólo peso por el uso de suelo, por lo que están evadiendo millones de pesos en impuestos municipales.
Así lo revelaron algunas solicitudes de información, con lo que el ayuntamiento de Puebla podría estar perdiendo varios millones de pesos en impuestos al no pagar empresas como Telmex, Maxcom, BBG, Logitel y Monefón.
La única empresa que ha cubierto sus pagos ha sido Cambifón, la que ha entregado un millón 423 mil pesos a la comuna de Puebla por el uso de suelo de sus 650 casetas existentes.
Cada caseta de telefonía instalada en las calles de Puebla debe pagar un impuesto de uso de suelo de seis pesos diarios, sin embargo esto no se hace.
Mediante un estudio realizado por empleados del ayuntamiento y en poder de este medio, se calcula que existen en Puebla cerca de 8 mil casetas telefónicas, pero sólo pagan 650, por lo que se están perdiendo poco menos de 16 millones de pesos de ingresos a las arcas.
Inclusive, en un recorrido de Intolerancia Diario por distintos puntos de la ciudad, se detectaron casetas “piratas”, ya que no cuentan con ningún logotipo que identifique a la empresa que las haya colocado.
A diferencia de la capital de Puebla, en el municipio Atlixco apenas este fin de semana fueron retiradas algunos de los aparatos telefónicos que también operaban sin permisos, lo que generaba las pérdidas a las arcas de la comuna.
Se sabe que las empresas cuentan y se avalan solamente con el permiso que les otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transprtes (SCT) federal, sin embargo, también tienen que pagar los impuestos municipales, lo que hacen caso omiso.
La solicitud
Según las respuestas T.M/S.T/203/2013, SGDM/UAAI131/2013 y SDUOP/UAAI/0233/2013, entregadas tras solicitud de un ciudadano por medio de la ley de transparencia, el ayuntamiento de Puebla comprobó que sólo una empresa de las cinco que operan en Puebla paga los referidos impuestos.
En cada una de las solicitudes se pidió la copia de los permisos autorizando la instalación de casetas telefónicas de moneda en la vía pública de los años 2011, 2012 y 2013 por parte de la Secretaría de Obras Públicas y en su caso acciones administrativas para su retiro.
La dependencia municipal respondió que se tiene un convenio con la empresa Comercializadora Nacional Telefónica, la que pagó en el ejercicio 2012, 760 mil pesos, y en 2013, 387 mil pesos de impuestos. No hace referencia a ninguna de las otras cinco empresas.
En la segunda respuesta, a cargo de la Secretaría de Gobernación municipal, se reconoce que tras una revisión exhaustiva de los archivos del departamento de Concertación de Espacios Públicos, en los años 2011, 2012 y 2013 no cuentan con ninguna solicitud de retiro de las casetas.
Asimismo, se informó que junto con la Secretaría de Obras Públicas se realiza un análisis y ubicación de los aparatos y procedimientos legales y administrativos que correspondan para la regulación de las casetas.
En la tercera respuesta, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas reconoce que no han emitido autorizaciones o permisos referentes a casetas telefónicas.
Y refiere que actualmente el ayuntamiento ha iniciado un proceso de regulación técnica para la colocación de las casetas.
De pesito en pesito
Pocos son los ciudadanos que les prestan la atención a las miles de casetas telefónicas para uso público instaladas en toda la ciudad, pero detrás de ellas existe un gran negocio, como lo confirmaron trabajadores de las mismas.
Por lo pronto, ante la anuencia de las autoridades del ayuntamiento de Puebla, las casetas proliferan sobre todo en las salidas de hospitales, centrales camioneras, escuelas y diversos centros comerciales.
Según empleados encargados de la colecta de los teléfonos, quienes pidieron anonimato, llegan a sacar de cada una de las alcancías de los aparatos hasta 300 pesos en monedas cada dos semanas.
Por lo anterior se calcula que por cada máquina se obtienen hasta 600 pesos mensuales, en conjunto las cinco empresas que no pagan impuestos, estarían ganando cerca de 4 millones 380 mil pesos mensuales o más de 52 millones de pesos anuales.
Por lo mismo proliferan los aparatos en dichos lugares, pero sobre todo en nosocomios, como se comprobó en un recorrido.
Por ejemplo, tan sólo en la entrada del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de La Margarita, existen 14 casetas telefónicas de las referidas empresas evasoras, las que bloquean los accesos de entrada.
Así, se van llenando las alcancías de los aparatos que ofrecen hasta 3 minutos de llamada por un peso o llamadas ilimitadas por el mismo costo.
Según datos de estas empresas, las ventas han bajado hasta en más de un 50 por ciento con la llegada de los teléfonos celulares y mensajes de texto, sin embargo, aún es negocio su instalación, la apuesta es que a mayor número de casetas instaladas, mayor ganancia.
Una caseta llega a tener un costo de 15 a 25 mil pesos, dinero que se recupera rápidamente en los lugares mencionados y sobre todo en las colonias populares, donde poca gente cuenta con servicio telefónico residencial
La diferencia
En el municipio de Atlixco se realizó un operativo en el primer cuadro de la ciudad, para quitar las casetas que no han cumplido con sus impuestos municipales.
En este lugar, el ayuntamiento hizo su trabajo en primera instancia clausurando las casetas y dejó en las mismas notificaciones por la que ordenaba dejaran de operar.
Al no haber respuesta de las empresas, ni la intención de regularizarse, se ha comenzado con el retiro de los teléfonos públicos de las empresas que no pagan sus derechos de operación en el centro de la ciudad.