Incluso, el comandante liberado fue acusado por los comunicadores como el más agresivo aquella noche del mes de octubre de 2012, cuando fueron “levantados” por los uniformados cuando caminaban por la noche en las calles del sur de la ciudad.
Fermín Martínez Arroyo, comandante de la Policía Estatal, estuvo en prisión acusado de participar en el “levantón” de los reporteros Jesse Brena y Gerardo Rojas, de los periódicos Milenio y E-Consulta, respectivamente.
El policía abandonó la noche de este viernes el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, y ahora inclusive podría regresar a ponerse el uniforme de la Policía Estatal, ya que no ha sido dado de baja de la corporación.
El policía acusado celebró su liberación y dijo que es inocente, al asegurar que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) le imputó un delito sin realizar a fondo las investigaciones y sin tener pruebas concisas de su presunta responsabilidad.
Incluso, amenazó con proceder en contra del Ministerio Público que lo arraigó y lo consignó, así como del juez penal que le dictó el auto de formal prisión.
Por lo tanto, adelantó que solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) su reincorporación.
Según el diario digital E-Consulta, sus abogados, Víctor León y Samuel León, titulares de la firma jurídica León Castillo, la PGJ incurrió en diversas anomalías al integrar la averiguación previa.
Los abogados detallaron que acreditaron que en el día y la hora de los hechos contra los reporteros el detenido se encontraba en un recorrido del operativo Bases de Operaciones Mixtas (BOM), de locuaz —aseguran— hubo testigos que confirmaron la declaración del comandante y que se presentaron en las bitácoras de trabajo.
“El día, hora y lugar en el que los reporteros decían que los habían golpeado, levantado y robado, estaba en el operativo. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Promovimos un amparo, lo ganamos y el Ministerio Público no interpuso la revisión a la que tenía derecho”, informó el medio digital.
Asimismo, señalaron que también están preparando una demanda contra el Ministerio Público que ejercitó acción penal en contra de su defendido, para que haga el pago de la reparación del daño moral y material, así como contra el juez primero de lo Penal, que lo retuvo casi un año en prisión.
“Una vez más, el Poder Judicial de la Federación pone en su lugar a la justicia local. No va a ser el primero ni el último caso, pero sí es lamentable que en su momento no haya habido la madurez por parte de la Procuraduría y que, presionados por el tiempo y por el hecho que fue mediático, detuvieran a quien fuera, en este caso, al comandante Fermín; se le hizo fácil imputarlo”, expresó uno de los abogados.
La otra parte
Sin embargo, el caso presenta diversas anomalías, como que una de las victimas Gerardo Rojas nunca fue citado a presentarse a declarar en las audiencias correspondientes al proceso. Mucho menos fueron notificados del trámite que hicieron los abogados del comandante para lograr su liberación.
“Considero que esto es una irregularidad porque a esta persona se le identificó plenamente, incluso antes de que fuera detenido”, sentenció el reportero.
Además, indicó que tras una investigación de la Policía Ministerial se hizo un retrato hablado y básicamente es una fotografía fiel de esta persona, aunado a que también se le identificó por sus características físicas, su tono de voz y comportamiento.
“Sin dudas, es la persona que nos levantó a mí y a Jesse; y no sabemos bajo qué argumentos haya salido una persona que fue plenamente identificada por habernos agredido y levantado”, aseguró.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de la PGR, ofreció asesoría y apoyo a los periodistas Gerardo Rojas Hernández y Jesse Brena tras la agresión, quienes sufrieron por parte de presuntos policías estatales.
En entrevista telefónica, Gerardo Rojas, reportero del periódico digital e-consulta, dijo que no han recibido amenazas pero no se ha movido nada y sigue todo igual, a pesar que se han hecho retratos hablados desde el pasado martes. “El fiscal de delitos para funcionarios me dijo que hay pistas de ministeriales y que confirman que una patrulla los subió, de acuerdo con testigos”, comentó.
Los hechos
En el mes de octubre Gerardo Rojas, del periódico digital e-consulta, y Jesse Brena, entonces reportero de Milenio Puebla, caminaban por la noche sobre la avenida 16 de Septiembre y cerca de avenida de Las Torres para ir a cenar unos tacos.
Ahí fueron interceptados por elementos de Seguridad Pública con el argumento de haber recibido el reporte de una falta en la vía pública.
Los policías los detuvieron y les hicieron una revisión de rutina y, a pesar de que no tenían nada, de cualquier manera los subieron a la patrulla para ser presentados ante el Ministerio Público, sin embargo, sólo les daban vueltas por la zona de Angelópolis y preguntaban a qué se dedicaban.
Según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) hay 10 denuncias de casos de agresiones de policías estatales o municipales en contra de periodistas. Hasta el momento no ha emitido una sola recomendación al respecto.
La ficha informativa entregada a Intolerancia Diario detalla que por lo menos hay cuatro diligencias de oficio en que los reporteros o periodistas no se acercaron a hacer una denuncia oficial. Además, otras tres denuncias fueron remitidas a otros organismos de distintos estados de la República, por no ser competencia de la de Puebla.
Los expedientes fueron recibidos por la CDHEP por agresiones a periodistas en el desempeño de sus funciones, durante 2012, al corte del 22 de octubre, aunque no se detalló ninguno de los casos.
El primer caso, con número de expediente 522/2012-1, acusa a la Policía Municipal de Xicotepec de Juárez por imputar indebidamente algunos hechos, lo que derivó en una conciliación aceptada aún en cumplimiento.
El segundo caso del año fue contra la policía municipal de Puebla, bajo el expediente 5878/2012-1, que tiene como hecho violatorio omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley y aún está en trámite su resolución.
El tercer caso es el del “levantón” sufrido por los periodistas Gerardo Rojas, del periódico virtual E-Consulta, y Jesse Brena, de Milenio Diario, que se integró en la CDEHP bajo el expediente 11549.
El organismo aún investiga la detención arbitraria, el trato cruel, inhumano y degradante, y la violencia desproporcionada que se ejerció durante la detención.
Asimismo, el apoderarse de un bien inmueble sin consentimiento del propietario y sin que exista causa justificada, así como faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.
Durante el mismo periodo, la CDHEP realizó cuatro diligencias oficiosas por actos que pudieran significar agravio a periodistas en el desempeño de sus funciones. Sin que a la fecha los agraviados hayan manifestado interés en darle continuidad al procedimiento o se reunieran elementos, a juicio de la comisión, para aperturar de oficio.
Por otro lado, la CDHEP remitió tres expedientes relacionados con agravio a periodistas, a otros organismos, por tratarse de asuntos de su competencia.
Asimismo, el organismo reportó que se han recibido hasta esa fecha 432 quejas contra elementos policiacos por presuntos abusos de autoridad, 82 de ellas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la mayoría contra la Policía Ministerial.
De las 437 quejas contra policías, ya sea estatal, municipal o ministerial, 212 casos están concluidos y 225 están aún en trámite de estudio o conciliación, o sea, 51 por ciento de los casos.
La corporación que más quejas tiene en su contra en la CDHEP es la Policía Ministerial, a cargo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), con 30.59 por ciento de los casos, seguido de la Policía Estatal Preventiva, con 84 quejas o 18.22 por ciento de los presuntos abusos contra ciudadanos donde se violen derechos humanos.
Asimismo, policías municipales de distintos ayuntamientos han recibido 212 quejas de ciudadanos, 59 de ellas de Puebla, 12 de Tehuacán, 9 de Xicotepec y el mismo número contra uniformados de San Andrés Cholula.
Los principales derechos humanos presuntamente vulnerados por los elementos policíacos son en seguridad jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal.
