Tras los señalamientos que han hecho las autoridades de Puebla y San Andrés Cholula por el tema de los límites territoriales, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la panista Josefina Buxadé Castelán, exhortó a los ayuntamientos a evitar más declaraciones mediáticas sobre el tema de los límites territoriales, ya que no será en los medios donde se resuelva el conflicto.
La legisladora expresó, en entrevista, que se sigue un procedimiento y se espera que para el mes de diciembre, de acuerdo con los tiempos que se están aplicando, se tenga ya una resolución.
Cuestionada sobre el exhorto que realizó el Cabildo de la capital poblana para que los diputados se apeguen al decreto de 1962 en la definición de los límites territoriales, la legisladora consideró que este decreto puede ser tomado en cuenta pero no será el único elemento, ya que también están trabajando con universidades para presentar un proyecto antes de que concluya el año.
Asimismo, rechazó que esta postura del ayuntamiento de Puebla genere presión al interior de la Comisión de Gobernación, ya que están apegados al calendario que establece la ley para definir los límites territoriales, y a mediados de noviembre analizarán el estudio que realizaron las universidades.
La presidenta de la Comisión de Gobernación precisó: “Se debe respetar la autonomía de los poderes y la división, pueden estar confiados en que estamos trabajando concienzudamente… Yo creo que deberíamos evitar un poco las declaraciones mediáticas porque estos temas no se litigan en los medios, son cuestiones de derecho”.
El riesgo
Para el analista político de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Alejandro Guillén Reyes, las autoridades municipales actuales de la ciudad de Puebla y San Andrés Cholula no pueden permitir que por intereses particulares el asunto llegue a la anarquía: “Preocupa que no se sigan las vías institucionales, ahí hay un problema que habría que observar porque, independientemente de los intereses en juego, todos los ciudadanos estamos sometidos a una normatividad y una institucionalidad”.
Sobre la posible apelación de San Andrés Cholula si el veredicto resulta contrario a sus intereses, el especialista reveló que cada municipio puede hacer lo que considere oportuno, “porque no se pueden quedar de brazos cruzados”; pero, al final de cuentas —reiteró el politólogo—, ambos gobiernos locales tienen que someterse a una institucionalidad: “No puede ser una anarquía y decir que cómo no me favorece, me voy por al libre; porque, si bien es cierto, los municipios constitucionalmente son libres, también están sujetos a una normatividad, a una constitucionalidad federal, a las instituciones establecidas en la ley”.
Y aunque el tema legal se encuentra en la “cancha” del Poder Legislativo del estado de Puebla, Guillén Reyes reveló que los conflictos limítrofes siempre resultan altamente complicados, sobre todo porque, según la Constitución, los municipios son libres y tienen su propio gobierno y tiene su propio desarrollo: “Pero en el caso de la ciudad de Puebla y San Andrés Cholula se presenta hace mucho tiempo y creció de manera cuantitativa y cualitativa en la zona de la Atlixcáyotl, porque ahí está un importante complejo comercial y zonas habitacionales de clase alta, que significan recursos; entonces, ahí está el centro del conflicto”.
Para el investigador de la UPAEP, si hay una instancia que resuelva conforme a derecho, los dos tienen que acatar el resultado de las investigaciones, porque la máxima instancia, el Congreso del estado de Puebla, tiene que definir los límites, pero pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Cuando llegue es la máxima instancia, el asunto tiene que ver con lo político y lo jurídico, pero también hay que ver si las nuevas autoridades que entran en funciones en el 2014 logran acuerdos menos ríspidos y pueden alcanzar los arreglos correspondientes, por lo que habría que ver ese cambio de administración”.
Alejandro Guillén Reyes recordó que los actuales gobiernos municipales traen problemas desde hace rato, por eso reiteró que será determinante saber si los nuevos alcaldes entran en diálogo, pero se espera que la decisión del Congreso poblano sea acatada por las nuevas autoridades, porque se busca que se resuelva a favor de los ciudadanos.
En ese contexto, el politólogo de esa institución de educación superior reveló que si en el extremo la falta de acuerdos en el conflicto involucra a los ciudadanos, las autoridades competentes deben conducir el problema con mayor cuidado: “Porque cuando un conflicto termina por no resolverse de manera política y cuando comienzan a involucrar a los ciudadanos se complica todavía más, depende de la capacidad de convocatoria de los gobiernos, porque los vecinos organizados pueden presionar para que se avalen sus preferencias limítrofes, pero en la actualidad, puede venir una solución política y jurídica”.
