La organización Actívate por Puebla solicitó oficialmente al Congreso del estado que llame a comparecer al integrante de la Comisión para el Acceso al Información Pública y Protección de Datos Personales del estado, Federico González Magaña, para que aclare su resolutivo para que no se entreguen las facturas de los helicópteros Agusta del gobierno de Puebla.

Hace unos días, en sesión, los comisionados Javier Fregoso y González Magaña “mayoritearon” a Blanca Lilia Ibarra para evitar que la Secretaría de Finanzas entregara los documentos fiscales de la compra de las aeronaves a Intolerancia Diario.

La dependencia estatal alegó que de entregarlos se ponía en peligro la gobernabilidad del estado por poner en riesgo la seguridad de los tripulantes de los helicópteros, entre ellos el mandatario estatal.

González Magaña, a pesar de tener facultad, por ley, de revisar los documentos para comprobar los dichos del sujeto obligado o dependencia estatal, no lo hizo, al señalar simplemente que no lo vio necesario.

Esta situación ha desatado una “ola” de protestas de distintos organismos especialistas en temas de transparencia, como Articulo 19 y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

La presidenta del capitulo Puebla de Amedi, Lilia Vélez Iglesias, calificó como “ridícula” la postura de la CAIP al resolver que los documentos sí ponían en peligro al gobernador y tripulantes.

A través de las redes sociales, Actívate por Puebla comenzó una campaña para difundir su petición. Los activistas utilizan el hashtag #DóndeQuedaronLasFacturas.

La solicitud
El organismo integrado por distintos sectores de la sociedad, como empresariales y académicos, entregó la carta al Congreso del estado este jueves, donde exigen la comparecencia de González Magaña. La misiva es firmada por Roberto Alonso, coordinador del nodo de transparencia Actívate por Puebla.

Ahora, los legisladores tienen por lo menos 15 días hábiles para responder la solicitud de este organismo poblano: “Con fundamento en el artículo 8º constitucional y como grupo de la sociedad civil interesada en los asuntos públicos, particularmente en aquellos al régimen normativo de la transparencia y acceso al información pública, nos dirigimos a ustedes preocupados por la resolución de la Comisión para el Acceso al Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP) en relación con el expediente 118/SFA-04/2012.

”A la hora de resolver este expediente el pasado 9 de octubre la CAIP decidió por mayoría de votos confirmar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado de Puebla que le dio a una persona interesada en tener acceso a las facturas de los dos helicópteros Agusta adquiridos por el gobierno estatal, bajo la modalidad de copia simple.

”En respuesta a esta petición, realizadas al amparo de la garantía que supone la ley de transparencia y acceso al información pública del Estado de Puebla, la dependencia referida señaló que la información sobre las aeronaves empleadas en los traslados del ejecutivo estatal fue clasificada como reservada con un acuerdo fechado el 15 de junio de 2011 toda vez que, según la Secretaría de Finanzas y Administración, a partir de dicha información podría inferirse los patrones de vuelo de los helicópteros, quedando en riesgo la vida de sus tripulantes y la seguridad del Estado.

”Durante la sesión del pleno que abordó este asunto, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena sostuvo que proporcionar un documento comprobatoria del gasto público no pone en riesgo la vida de las personas, puesto que la factura guarda registro únicamente de los elementos de una compra, sin perjuicio de la gobernabilidad o la integridad física de las personas que utilizan la aeronave del gobierno del Estado como medio de transporte.

”En todo caso y de haber información reservada o confidencial de las facturas solicitadas lo que debió haber procedido tal y como lo prevé la ley de transparencia y acceso al información pública del Estado de Puebla, era la entrega de una versión pública de ellas.

”A la luz de estos argumentos y esgrimiendo como referente la orden que dio el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, en noviembre de 2012, con la finalidad de entregar copia de las facturas de los helicópteros adquiridos con ocasión de la Iniciativa Mérida para el uso de la Policía Federal, la comisionada Ibarra Cadena votó en contra del proyecto de resolución que confirmó la respuesta del secretario de Finanzas y Administración.

”Los votos a favor del proyecto de resolución fueron el del comisionado presidente de la CAIP, José Luis Javier Fregoso Sánchez y el de su ponente, el comisionado Federico González.

”González Magaña fue designado Comisionado propietario de la CAIP por la LVIII Legislatura del H Congreso del Estado de Puebla el pasado 6 de diciembre de 2012 asumiendo el compromiso propio de este encargo, a saber, promover, difundir y garantizar el acceso al información pública y la protección de datos personales, de conformidad con las leyes en la materia.

”Su designación, no obstante fue cuestionada por diferentes organizaciones de la sociedad civil al advertirse su relación previa con el ejecutivo estatal, así como su escaso conocimiento y sin experiencia en el tema.

”En el marco de la campaña #CaipCiudadana coordinada por el nodo de transparencia de Actívate por Puebla, las organizaciones de la sociedad civil que vigilamos este proceso de designación nos comprometimos a dar seguimiento a su desempeño.

”Por lo anterior en virtud de que el comisionado González Magaña rindió protesta ante el pleno del H Congreso del Estado de Puebla, los exhortamos a impulsar uno de los mecanismos de rendición de cuentas previstos en la ley orgánica del poder legislativo del Estado libre soberano de Puebla y solicitar su comparecencia a fin de que explique y justifique los motivos por los cuales decidió confirmar la respuesta de la Secretaría de Finanzas de administración en menoscabo del principio de la máxima publicidad protegida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin consultar siquiera las facturas solicitadas en copia simple para verificar si dichos documentos con probatorios del ejercicio de recursos públicos contienen información que podría dañar la estabilidad, la gobernabilidad con la seguridad del Estado o bien poner en riesgo la vida de alguna persona.

”Como actores de la sociedad civil estamos convencidos de que la rendición de cuentas carece de sentido sino se expresa con argumentos y razones públicas que justifican acciones y omisiones de los servidores públicos.

”Acudimos a ustedes en función de su responsabilidad como representantes populares esperando respuesta formal a esta petición”.

La sesión
Con un voto en contra, el órgano garante de la transparencia en Puebla negó que se entregaran las facturas de la compra de los helicópteros Agusta por parte del gobierno estatal, alegando que se pone en riesgo la gobernabilidad, así como la vida de los tripulantes y del mismo gobernador.

Intolerancia Diario solicitó, mediante la Ley de Acceso a la Información, la factura de las aeronaves compradas por el gobierno estatal, lo cual fue negado por la Secretaría de Finanzas y Administración.

Pero en la sesión fue “mayoriteada” la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien mostró su inconformidad al votar en contra la ponencia de su compañero Federico González Magaña, quien defendió a la dependencia estatal.

Además, las autoridades argumentaron que los datos de las facturas estaban publicados mediante un boletín de prensa en 2012, donde se dieron a conocer los costos de las aeronaves, tras solicitud también de este medio de comunicación.

Sin embargo, Blanca Lilia Ibarra, en una cátedra de transparencia, se dijo inconforme, en primera instancia, porque una factura no podía poner en peligro la gobernabilidad del estado y tampoco la vida del gobernador ni de los tripulantes.

A pesar de los sólidos argumentos de la comisionada, en respuesta, Federico González Magaña, sin mayores bases, dijo que sostenía su proyecto de resolución.

Posteriormente, sin mayores alegatos, el comisionado Federico González Magaña trató de defender su ponencia al señalar que no pidió ver las facturas porque no lo vio necesario: “No coincido con las afirmaciones vertidas por la comisionada, debo mencionar que el 87 otorga los comisionados una facultad, no una obligación; y en consecuencia, mi ponencia consideró que no era necesario realizar la verificación de las facturas.

”Por lo que hace lo que se señala en términos de que hay una ponderación entre poner en peligro la vida de los pasajeros y el entregarle información, yo sostengo qué es lo correcto y, en consecuencia, sostengo el sentido de mi proyecto”, indicó.

Finalmente, Javier Fregoso, sin más palabras o explicación, le dio la razón a González Magaña: “Por nuestra parte, estamos de acuerdo en el sentido del proyecto de resolución”, concluyó, para que con dos votos a favor y uno en contra las facturas sigan resguardadas.