La indefinición en el tema de límites territoriales entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, problema que se agudizó en los últimos 14 años, se debe al duelo de intereses económicos y, sobre todo, a la falta de interés de las autoridades estatales, que nunca tomaron en serio el problema que se presenta y causa inseguridad para los habitantes.

Mientras que los habitantes de juntas auxiliares demandan ser tomados en cuenta dentro del proceso que lleva el Congreso y advierten error jurídico del órgano legislativo, el expresidente municipal de Puebla Gabriel Hinojosa Rivero, quien en enero de 1999 enfrentó el primer gran conflicto —cuando el ayuntamiento de San Andrés Cholula mandó a clausurar tiendas departamentales de la zona de Angelópolis—, advirtió que los anteriores gobernadores solaparon la indefinición territorial entre la capital y San Andrés Cholula para poder enriquecerse junto con sus amigos empresarios.

Quien fuera el primer presidente municipal postulado por Acción Nacional recordó cómo de manera ilegal, pese a que hay decreto, se tomaron medidas incorrectas mientras las autoridades estatales se mantenían solamente como espectadores y simulaban intervenir.

Para Hinojosa Rivero, el conflicto permitió que funcionarios aprovecharan la situación para apoderarse de la reserva territorial y, aunque no precisó sus nombres, expuso que han usado esa zona como fuente de poder y de concesiones, e indicó que tal vez en el Registro Público de la Propiedad se encuentren esos datos interesantes.

Asimismo, comentó que, como presidente municipal, buscó defender el territorio de la capital, pero sobre todo que prevaleciera el Estado de derecho, pero había un juego de intereses más allá del problema de límites: "Esa zona, que eran mil 28 hectáreas, ha sido un gran negocio de los empresarios aliados del gobierno, quienes no cumplieron con dejar las 200 hectáreas para áreas verdes; todo eso ha sido pisoteado. Las áreas verdes destinadas para eso es donde hoy se asienta Angelópolis, fue vendido, dónde cayó el dinero".

El expresidente municipal lamentó la postura de los diputados locales de 1999 a la fecha, por no actuar conforme a lo que establece la ley: “Las anteriores legislaturas, por alguna razón que le convenía a unos poderes fácticos, dejaron la zona gris, es decir, un enorme negocio, un enorme caos que no va a hacer reparable, ya que arreglen el problema la urbanización de esa zona será un desastre irremediable".

Además, sostuvo que el único que siempre ha tenido en sus manos el ponerle fin al conflicto territorial es el Congreso del estado, quien también ha sido sumiso. "Ese es un problema que emerge de acá y que se deja vivir desde el Congreso, los alcaldes no tenían la culpa, pero claramente los límites son los que marcan el decreto de 1962", agregó.

También, reconoció que una vía para darle salida a este problema es que la Legislatura local emita un nuevo decreto en el que se definan los límites de esta zona.

Finalmente, advirtió: "Como tradicionalmente el Congreso ha obedecido al gobernador, el gobernador ha dado órdenes de que no le muevan porque el caos nos conviene, a ver si este gobernador cambia su mentalidad".

Error jurídico
Por su parte, representantes legales de vecinos de juntas auxiliares incluidas en el decreto de 1962 presentarán una queja y procedimiento ante el Congreso del estado, toda vez que no se les tomó en cuenta en la discusión para el tema de los límites territoriales, ya que con el documento desaparecieron municipios.

Los representantes anunciaron que este domingo darán a conocer ante los medios de comunicación su postura respecto al error jurídico que cometió el Congreso del estado, ya que se citó a 12 ayuntamientos pero no a los representantes de las juntas auxiliares.

Al respecto, destacaron que se encuentran los casos de San Miguel Canoa y San Francisco Totimehuacán, que eran pequeños municipios hasta 1962, cuando se decretó que pasaban a ser parte del municipio de Puebla.

Por último, indicaron que estas poblaciones mantienen usos y costumbres y que sus habitantes no se han sentido parte de la capital, ni la gente de la cabecera los considera parte de la comunidad. Ante ese error jurídico, un nuevo decreto donde no se les considere sería desechado en las instancias legales superiores.