El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) “cierra la llave” a las inversiones, léase gastos para infraestructura, operación y obras, lo que ha dificultado la situación ante los usuarios, aumentando las quejas al por mayor en los últimos días.

En sus últimos días de operación, reina una total incertidumbre por el futuro de los trabajadores en las oficinas, ya que ha iniciado un “desfile” de extranjeros provenientes de las empresas que pretenden lograr la concesión del organismo descentralizado.

Además, se realiza el proyecto para que todos los edificios del gobierno del estado, incluyendo Casa Puebla, así como el Centro Integral de Servicios (CIS), y los de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) paguen el servicio de agua, drenaje y alcantarillado a la nueva empresa, ya que estaban exentos del mismo.

En tanto, se iniciaron las protestas de organismos civiles por la que llaman “venta del agua a extranjeros”, con una manifestación este domingo.

Según fuentes del SOAPAP, a los enviados de empresas japonesas, españolas y sudamericanas, así como de Colombia y Chile, en reuniones se les están dando detalles de la operación de la institución que desaparecerá en el último día del 2013.

Aunque en los medios de comunicación se han manejado que será una empresa colombiana, en las oficinas se menciona que una empresa española, de origen vasco, será la beneficiada con el proceso de licitación.

Para la licitación se han inscrito dos empresas españolas, dos japonesas, una francesa, una colombiana y cuatro mexicanas, entre las que destacan ICA y SIASA.

Todas cuenta con los nombres de los trabajadores, lo que ganan y su labor, así como su rendimiento, por lo que los extranjeros ya determinarán a quienes contratarán una vez que empiecen a operar.
El 12 de diciembre se determinará quién será la empresa que logre la concesión del órgano que administra el agua potable para la capital y los municipios conurbados.

De acuerdo con fuentes oficiales, existen 12 empresas interesadas en participar en el concurso, y entre ellas hay compañías nacionales y extranjeras que fueron divididas en tres grupos para realizar las visitas a las instalaciones administrativas y operativas del organismo.

Empleos
Se realizaron diversas reuniones con trabajadores del SOAPAP, a quienes se les ha informado que con la desaparición del organismo a cada uno se le pagará al 100 por ciento como lo marca la ley.

Inclusive, de la boca del director, Manuel Urquiza, se les ha señalado a los trabajadores que el 12 de diciembre se les paga aguinaldo y quincena y el 31 de diciembre un bono y la liquidación final, e inmediatamente podrían firmar un contrato con la empresa ganadora de la concesión.

Asimismo, se informó que en este mes contratarán a 300 trabajadores para el cobro de agua potable y cubrir 2014 durante noviembre, diciembre y enero con las mismas tarifas de este año.

Las mismas fuentes señalaron que el la noticia de que una empresa colombiana llegaría a manejar las aguas de Puebla se debió a la contratación de una mujer originaria del país sudamericano.

Fabiola Iguarán, efectivamente, al parecer provenía de la empresa colombiana, pero ya fue dada de baja para evitar suspicacias.

Sin embargo, aseguran que ahora han desfilado por todas las áreas representantes de las empresas extranjeras que pretenden llegar a manejar el agua potable en Puebla, para hacer un análisis completo de la estructura.

No hay dinero
En todo este ambiente, el director de Finanzas del SOAPAP, Jorge Gómez Haro, “cerró la llave a toda inversión”; inclusive, paró obras que se tenían contempladas con antelación, además de equipamiento necesario.

En los últimos meses se dedicaron a realizar pagos a Banobras, sobre el adeudo multimillonario con que cuenta el organismo para bajar los números rojos, para hacerlo susceptible de concesión. Sin embargo, esto ha provocado que se descuide la operatividad del organismo y el equipamiento de los trabajadores, además de sus prestaciones, como el pago de tarjetas de despensas a mil 300 personas y sin un solo peso de incremento a sueldo en los últimos dos años.

Gómez Haro es el único directivo de primer nivel que no es proveniente de Querétaro, de donde trajo gente el director Manuel Urquiza, por lo que se señala fue colocado directamente desde Casa Puebla.

Esta situación ha aumentado la molestia de los empleados, sobre todo porque en la última recaudación se rompieron récords con más de mil millones de pesos obtenidos de los usuarios. Además, los despidos de más de 600 personas en los últimos dos años solo han servido para ahorrar y hacer susceptible y atractiva la venta de la dependencia.

Por lo tanto, los trabajadores, en reuniones entre ellos, han señalado que en caso de que no les cumplan las promesas de liquidación del cien por ciento, podrían tomar medidas extremas como cortar el agua a la ciudad completa.

La protesta
Este domingo, más de 300 poblanos realizaron una marcha como protesta en contra de la privatización del servicio del agua. La mayoría de los inconformes son integrantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), quienes, desde el reloj de “El Gallito” hasta el zócalo de la ciudad, se manifestaron contra la reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla.

Entre las ONG que participaron se encuentran el Frente Amplio Social, el movimiento Agua para Amozoc, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh) y el movimiento Morena; entre otros.

Esta reforma fue presentada el pasado 5 de septiembre por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y aprobada por la mayoría de los diputados locales.

“¡Se les olvidó el artículo 4 constitucional: el agua es un derecho humano. El agua no es un negocio”, decía una de las pancartas.

El representante del Frente Amplio Social (FAS), Ricardo Jiménez Ávila, señaló que el gobierno de Puebla se ha dado a la tarea de desmantelar el movimiento social, los derechos colectivos, y ahora los servicios públicos como el alumbrado y el agua.

“Se señala que es mediante la privatización con el engaño de la concesión del agua como se van a mejorar los servicios, pero esto es mentira, pues mejor se debe investigar a todos esos funcionarios corruptos que pasaron por el SOAPAP”, afirmó. Y llegó la advertencia de que está marcha solamente es la primera.

Por su parte, Abelardo Cuellar Delgado señaló que en la manifestación no hubo partidos políticos, sino simplemente se trata de que los ciudadanos tomen conciencia del riesgo que representa que se privatice la infraestructura del agua. “Tenemos confianza en la gente, en la sociedad organizada. Las leyes están para modificarse en beneficio de los ciudadanos, lo más importante es la organización social”, señaló.

La concesión 
Tres décadas durará la concesión que se otorgue a la empresa que va a financiar y administrar el agua potable en Puebla, según el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 18 de septiembre

De este modo, la concesión del SOAPAP tendrá una vigencia de 30 años, según las bases que emitió el gobierno del estado para la licitación de este contrato.

Para la operación de este servicio, se creará un fideicomiso en el cual participará la empresa que obtenga el contrato, que deberá quedar conformado en la víspera de navidad, para el 24 de diciembre de este año.

Será el 12 de diciembre cuando se dé a conocer el nombre de la empresa que recibirá la concesión, una vez que se concluya la licitación.

En el documento oficial se detalla que este contrato abarcará la prestación de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales, así como la ampliación, acondicionamiento, mantenimiento operación y administración de la infraestructura hídrica de la paraestatal.

Fue el 12 de diciembre pasado cuando el cabildo de Puebla aprobó que el SOAPAP firmara convenios de colaboración con diversos ayuntamientos de la zona metropolitana.

Por lo tanto, una vez que se concesione el servicio, este contrato abarcaría no solo a la ciudad de Puebla, sino también a los municipios de Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, así como Amozoc, en materia de agua potable y alcantarillado.

También, cubrirá el servicio de saneamiento de aguas residuales en los municipios de Juan C. Bonilla, San Miguel Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan, Coronango y Tlaltenango.

Los cortes
Apenas el lunes pasado, la desesperación de cientos de personas, explotó como una olla exprés, debido a los altos cobros y cortes que está realizando el SOAPAP en sus últimos meses de operaciones.

Tan solo en los últimos días, más de 50 familias del fraccionamiento Galaxia La Calera sufrieron el corte del suministro de agua y las clausuras de su drenaje, lo que provocó la manifestación de este lunes.

Los cobros a los deudores del SOAPAP ya los hace una empresa privada —como lo reveló Intolerancia Diario hace unos meses—, por lo que aparte de la deuda normal se cobra un 30 por ciento más, además de que se están desconociendo convenios.

Pero la situación que se está presentando —coincidieron en señalar los afectados de distintas colonias— es que aunque intentes pagar o hacer convenio con el organismo, es imposible hacerlo ante cientos de trabas, por lo que los adeudos se hacen impagables.

Por ejemplo, una vecina de la zona de Angelópolis acusó que les están cobrando más de 140 mil pesos, cuando hace apenas dos años la deuda era de 3 mil pesos, los cuales no pudo pagar por diversas trabas.

Martín Avendaño Lara, representante de los vecinos, señaló que de no cumplir las promesas el SOAPAP, podrían inclusive cerrar el periférico o demás vialidades importantes de Puebla.

“Lo que sabemos es que el SOAPAP se privatizó, pero lo q no nos parece es q nos están viniendo a cortar las tomas de agua sin previo requerimiento legal, hay gente que no está dada de alta o que no les llega el recibo y ya les fueron a cortar el suministro.

”Aparte, nos están viniendo a amenazar con cortes de drenaje, es la preocupación de la gente. Las personas no quieren que se le condone el servicio del agua, sino que sean justos en el cobro.

”Han venido (a oficinas del SOAPAP) muchos a quererse dar de alta y les dicen que la empresa constructora nunca entregó las calles, eso ya no es problema de nosotros, venimos de buena fe para pagar, pero tienen servidores públicos muy cerrados y dicen ‘tu calle no está dada de alta y regresa después y regresa después’ y vueltas y vueltas, por eso esta situación se ha ido prolongando”, aseveró.

“Hoy hay deudas de 14, 16 o 20 mil pesos y quieren que paguen antes del 20 de diciembre, eso es imposible”.