El hashtag #DóndeQuedaronLasFacturas al parecer quedará sin respuesta, luego de que los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) y los diputados locales parecen no pretender responderlo.
Contradictoriamente, en el marco de la llamada Semana de la Transparencia, en entrevista, el comisionado de la CAIP, Federico González Magaña, evadió nuevamente la pregunta.
Hace unos días, la organización Actívate por Puebla hizo la solicitud formal al Congreso del estado para que sea llamado a comparecer dicho comisionado del órgano garante de la transparencia en Puebla.
Sin embargo, la solicitud no ha tenido eco, al grado de que la diputada de la Comisión de Transparencia, Josefina Buxadé, descartó que sea llamado a comparecer, al señalar que las decisiones de la CAIP son inapelables.
Lo que originó el escándalo de transparencia fue que hace unas semanas Federico González Magaña y Javier Fregoso votaron a favor de que no fueran entregadas a Intolerancia Diario las facturas de los helicópteros Agusta, por cuestiones de seguridad, con el voto en contra de Blanca Lilia Ibarra.
El problema mayor fue cuando el comisionado reconoció ni siquiera haber visto las facturas, aunque la ley lo facultaba para hacerlo.
Por lo mismo, la organización civil Actívate por Puebla, compuesta por empresarios, universidades y académicos, así como por especialistas de la transparencia, comenzaron la campaña en redes sociales #DóndeQuedaronLasFacturas.
La comparecencia
En entrevista durante el evento de la CAIP Semana de la Transparencia, Federico González Magaña defendió su postura, aunque literalmente cortó la entrevista con reporteros cuando las preguntas lo incomodaron.
—Actívate por Puebla hace el llamado para que comparezcas…
—Yo respeto profundamente a las organizaciones de la sociedad civil, y me parece que sí está hecha la petición al Congreso, también respeto profundamente su soberanía, habrá que esperar a ver qué dice el Congreso.
—¿Consideras que tendrías que comparecer para darle una respuesta a la ciudadanía?
—Esto es lo que yo tengo que declarar, habrá que esperar a ver qué dice el Congreso.
—¿Estás dispuesto a ir?
—Yo estoy dispuesto a todo lo que el Congreso me diga, es una soberanía y yo la respeto profundamente.
Al ser cuestionado por las cifras que arrojan que, de 24 recursos de revisión en sus manos en contra del Poder Ejecutivo, sólo en un caso ha tenido un fallo en contra de dependencias de gobierno, indicó que es una percepción incorrecta.
“Cada una de las resoluciones se sostiene por sus méritos y todas se apegan perfectamente al principio de legalidad”.
—¿En el caso de la resolución de las facturas…?
—Hay polémica, pero a mí me parece, y es mi criterio, que se apega al principio de legalidad.
—¿Las facturas no deben ser públicas?
—Podríamos discutirlo, me parece que no es el momento ni el espacio adecuado, sin quieren nos vemos después de esto, la otra semana, y lo seguimos platicando. Les agradezco mucho —dijo, teniendo de espaldas el logotipo de la Semana de la Transparencia.
—¿Por qué no responder ahorita?
—Porque tengo otro compromiso, permítanme continuar con el evento y luego seguimos platicando.
—Pero solamente sería un sí o un no —insistió el reportero.
—Sí, pero recuerda que hay salvedad en la Ley de Transparencia, que tiene que ver con la seguridad pública y ésta tiene que ver con la resolución; entonces, me parece que no hacía falta. Yo creo que podremos platicarlo más profundamente en otro momento.
—¿Por qué no pidió ver las facturas?
—Les agradezco mucho, platiquemos en otro momento —terminó la entrevista abruptamente.
Sobre el tema, su compañera Blanca Lilia Ibarra Cadena también evitó profundizar en el tema, dejando en manos del Congreso estatal la decisión de llamarlo a comparecer.
“Quiero ser respetuosa tanto de esta solicitud que ha hecho la organización Actívate Por Puebla tan importante y reconocida para Puebla, creo que la última palabra la tiene el Congreso del estado, así que no quisiera pronunciarme al respecto”.
—¿Pero los diputados tienen la facultad de llamarlos?
—Mira, a nosotros nos nombró el Congreso del estado mediante una convocatoria pública. No soy yo, insisto, quien deba determinar si tiene o no tiene facultades, son los propios diputados quienes tienen que responder a ello.
Por su parte, el presidente de CAIP, Javier Fregoso Sánchez, rechazó que el organismo haya actuado con opacidad en el caso de las facturas con los costos de los helicópteros.
En una entrevista trompicada y sin detener su caminar, aseguró que no por un caso se puede calificar como “opaca” la actuación del organismo.
“Me enteré que el grupo Actívate por Puebla pidió la comparecencia y será el Congreso quien tenga la última palabra (…) Es un asunto que ya se ventiló, ya se dijo. Yo considero que tendríamos que hacer un análisis a fondo porque por un asunto no se puede decir que seamos opacos. Yo creo que hemos dado las respuestas adecuadas”, sentenció
El pretexto
Pedro Salazar Ugarte, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sentenció que los gobiernos utilizan los temas de seguridad para evitar dar información.
A unos minutos de presentar su conferencia magistral “Los retos de la transparencia a la luz de las reformas constitucionales”, indicó que darle la facultad el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para revisar temas controvertidos sería aumentar la trasparencia en México.
Asimismo, comentó que no conoce detalladamente el caso de las facturas de los helicópteros de Puebla, pero el principio constitucional señala que toda información es pública: “Es decir, el principio de máxima publicidad abarca a toda la información en manos de entidades del país de todos los órdenes de gobierno, cuando hay una reserva es decir que se aplica una excepción a esa regla general.
”Pero eso no quiere decir que la información deja de ser pública, sino temporalmente es inaccesible, por eso deben ser objeto de revisiones constantes y combatidas y eventualmente derrotadas.
”Las reservas, cuando las pretendan sostener desde los poderes, deben de hacerlo mediante una justificación legal clara y con una motivación sumamente contundente”.
—¿Se usa en muchos casos la justificación de la seguridad para poner “candados”?
—Ese es uno de los grandes nichos y, de hecho, en la Reforma Constitucional que se ha propuesto me parece que es uno de los temas polémicos y problemáticos cuando se establece a la seguridad nacional como motivación o causa de reserva.
“En primer, lugar porque el concepto de seguridad nacional es sumamente ambiguo y controvertido, qué es de seguridad nacional, tiene que determinarse caso por caso y tiene que justificarse de manera plena”.