Mónica Vega Hernández, titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación Pública (SEP), oculta los expedientes de los gastos que se hicieron para las fiestas patrias. Pero no es la primera vez que esta funcionaria estatal es señalada por no entregar información pública como lo marca la ley desde que trabaja en el área; incluso, es investigada por la Secretaría de la Contraloría.
Con un sueldo de 21 a 50 mil pesos mensuales —como lo marca el tabulador oficial—, falla en sus funciones debido que en diversas ocasiones no ha entregado la información puesta a disposición o in situ a Intolerancia Diario.
Los argumentos siempre sin los mismos: “Tuvo que salir temprano”, “está en una junta”, “no se encuentra”, así los documentos que debe entregar, como lo marca la ley de transparencia y acceso a la información, simplemente no se entregan.
Vega Hernández es una de las pocas sobrevivientes del régimen de Mario Marín Torres, sexenio en que comenzó labores en dicha unidad de transparencia, luego de las más de 6 mil personas despedidas en la actual administración por haber trabajado en la anterior.
La titular de la UAAI de la SEP, quien también funge como directora de Desarrollo Administrativo y Capacitación, reconoció a este medio de comunicación que cuenta con los documentos; sin embargo, no los ha entregado.
Esta forma de ocultar datos puede ser una nueva estrategia gubernamental para evitar proporcionar información, acusó la presidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Lilia Vélez Iglesias.
Mientras tanto, siguen pasando los días y el próximo 30 de octubre fenece el término, por ley, para acudir por los documentos y poder interponer un recurso de revisión en caso de no estar conforme.
Pero este caso no es el único, también se ha presentado en la UAAI del Centro de Convenciones Puebla, donde pusieron in situ una información solicitada por una reportera, la que previa cita debe ser entregada, según advirtieron. Sin embargo, a los teléfonos marcados para hacer la cita jamás contestan, ni en horarios laborales ni en ningún otro.
La solicitud
En los pasados festejos del Día de la Independencia en Puebla, autoridades estatales organizaron una serie de eventos, como conciertos en distintos puntos de la ciudad, sin especificarse montos exactos de los gastos.
Intolerancia Diario, el 7 de septiembre, solicitó a la SEP textualmente: “Desglosar los gastos de las celebraciones de la Independencia de México, desde la contratación de cada artista hasta la logística de cada evento y gastos como fuegos pirotécnicos, u hospedajes de invitados y artistas, hasta gastos del desfile.
La respuesta llegó un mes después, el 8 de octubre, luego de hacer uso de una prorroga que le marca la ley para la entrega, aunque sin previo aviso al solicitante, como lo marca la legislación de transparencia. “(…) en atención a su solicitud con Folio en el Sistema INFOMEX: 00260113.
”Al respecto se informa: La información solicitada se encuentra a su disposición para su consulta, a partir del día miércoles 09 del presente mes (octubre), en las oficinas de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de esta Dependencia, en días hábiles y horario de 09:00 a 15:00 horas”.
Posteriormente, se informó la ubicación de la UAAI de la SEP en bulevar Atlixcáyotl 1101, edificio Norte, segundo piso, Reserva Territorial Atlixcáyotl, o sea, en el Centro Integral de Servicios (CIS).
Y se dan los números telefónicos oficiales de la oficina: “Tel. (01222) 303 46 00 Ext. 2318 y 2305”.
Las juntas
Desde el 10 de octubre, este medio de comunicación inició diariamente llamadas telefónicas al número otorgado por la dependencia, pero en ninguno de los casos se encontró a Mónica Hernández para poder hacer una cita para la entrega.
Por lo tanto, el viernes 18 de octubre se acudió personalmente a las oficinas de la UAAI de la SEP, en el CIS, a las 14 horas, para lo cual se complicó la ubicación al carecer de señalamientos de la misma, como lo marca también la Ley de Acceso a la Información de Puebla.
Luego de consultar a diversas personas en el edificio, finalmente se ubicó la oficina de la funcionaria, sin embargo, estaba vacía, por lo que, al preguntar a personal de la zona, simplemente argumentaron que no se encontraba y que ya no llegaría. Todo, a pesar de ser horario laboral y marcado entre las 9 y 15 horas, como se señaló en la puesta a disposición.
Por lo tanto, se exigió que se comunicaran con la funcionaria, quien tiene el deber de entregar la información, pero el personal señaló que al llamarle a su teléfono celular simplemente no contestaba.
Posteriormente, el discurso cambió y señalaron que no estaba por encontrarse en una junta ese viernes a las 14 horas.
Una de las trabajadoras de la SEP insistió en saber de qué trataba la solicitud de información para encontrarla, a pesar que minutos antes dijo que era imposible localizarla.
Al señalarle el número de folio, simplemente volvió al señalamiento de que no podía entregar la información, ya que sólo lo podía hacer Mónica Hernández.
Finalmente, solicitaron el número celular del solicitante para comunicarse con él en el momento en que se tuviera la información lista para acordar fecha de entrega, pero la llamada jamás llegó hasta la fecha.
Al siguiente día, el 19 de octubre, se retomaron la serie de llamadas a la oficina para encontrar a Mónica Hernández, pero la respuesta siempre fue la misma: “No está, está en junta, déjeme su teléfono para que se comunique con usted”, pero las llamadas nunca llegan.
“En un ratito llamo”
Posteriormente, al iniciarse una investigación periodística sobre la funcionaria Mónica Hernández, se logró ubicar el número celular personal.
A este número telefónico de la empresa Nextel se le llamó personalmente, pero no contestó, sin embargo, al paso de unos minutos regresó la llamada.
—Hola, tengo una llamada pérdida de este número.
—¿Licenciada Mónica Hernández?
—Sí, para servirle.
—Oiga, le llamo para decirle que tengo una información que me tiene que entregar luego de que me la pusieron in situ, pero no la he encontrado en su oficina en muchas ocasiones, ¿cómo le podemos hacer?
—¿Quién habla? —respondió.
Inmediatamente se le hizo referencia del nombre y de lo solicitado por medio de Infomex.
—Ah sí, ya tengo la información en la oficina, pero ahorita estoy en una junta.
—Pero necesito que me diga cuándo puedo recogerla, pasa el tiempo y no la encuentro a usted en su oficina.
—Mira, tengo ahorita una junta y acabando te marco, ¿éste es tu número?
—No, éste es de una oficina, pero le doy mi celular.
—Claro, dámelo y acabando te marco para quedar de acuerdo.
Luego se le dio el número celular personal, pero simplemente la llamada nunca fue regresada.
El historial
Según una nota publicada en el periódico digital e-consulta, Mónica Vega Hernández tuvo un proceso en su contra por no entregar información en el sexenio de Mario Marín Torres.
Todo fue debido a una solicitud de información interpuesta en 2010, en la cual se pedía a la SEP las percepciones anuales que recibieron cinco personas con plazas magisteriales entre 1996 y 2004.
En su momento, la dependencia informó que no se tenía archivada información con más de cinco años de antigüedad, por lo que no se tenían estos datos en el acervo de la secretaría.
El recurrente se inconformó ante la CAIP, quien a su vez solicitó abrir un proceso administrativo en contra de José Mariano Casas Sánchez, director de Recursos Humanos, y de la directora Mónica Vega Hernández por no entregar la información solicitada.
Para marzo de 2012 la Secretaría de la Contraloría notificó que después de haber llamado a comparecer a los involucrados se determinó que sí había una omisión de parte de éstos para proporcionar la información, más no una responsabilidad, por lo que no se les impuso ninguna sanción.
“Por cuanto hace a la denuncia contra los dos servidores públicos; esta Secretaría determinó que en relación a uno de los servidores públicos señalados, no se advierte y acredita su responsabilidad en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, toda vez que se observa que la misma sólo se constituyó como enlace entre el sujeto obligado y el solicitante, no generándole obligación de otorgar directamente la información”, respondió la Secretaría de la Contraloría en una carta aclaratoria.
“Por cuanto hace al segundo de los denunciados, fue acreditado que el servidor público no contravino alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la citada Ley de Responsabilidades”, prosiguió el texto.
La respuesta de la reportera de e-consulta fue contundente: “Sin embargo, el tema en cuestión va más allá de imprecisiones entre lo que diga cualquiera de las partes involucradas, ya sean las autoridades estatales o este medio de comunicación; el asunto deja entrever algunas de los obstáculos para el acceso a la información pública que tienen que pasar los ciudadanos”.
Nueva estrategia
Esta situación generó una crítica de la presidenta del capítulo Puebla de la Amedi, Lilia Vélez Iglesias, al señalar que podría tratarse de una nueva estrategia gubernamental para no entregar la información.
“Parecería otra estrategia que está ahora desde las unidades de acceso, porque finalmente nos hemos quejado y hemos dicho que el ponerte a disposición los documentos in situ; sería el último de los mecanismos de entrega de información.
”Es una gran regresión que te pongan la información a disposición y luego el hecho de que no te la entreguen está indicando, primero —me parece— que es una estrategia dilatoria, pero segundo, habría que ver cuál es la responsabilidad de la unidad de acceso.
”Las unidades de acceso tienen un horario de trabajo y ese horario de trabajo se tendría que cumplir, independientemente de que la titular o titular esté o no esté, deben estar trabajando en el horario que trabaja todo el gobierno del estado.
”En ese momento, una vez que te notifican que la información está a disposición, en ese momento el día que tú quieras presentarte tendría que estar a disposición la información, para eso se les está pagando.
”Me parece que ahí habría una falla en la gente que está trabajando en las unidades de acceso, quienes incluso podrían hacerse o presentarse una queja por no estar donde tendrían que estar.
”Las únicas atribuciones que tienen las unidades de acceso es gestionar y responder solicitudes de acceso a la información, no tienen ninguna atribución en la ley y, por lo tanto, deberían estar dedicadas a eso”, sentenció la también exintegrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
—¿Qué recomiendas a los ciudadanos que les pueda pasar esto?
—Me parece que primero tendrían que entregar un documento que compruebe que estuviste ahí y que no entregaron la información, pero eso seguramente no va a ocurrir; lo que sugiero es grabar, tomar fotos y grabar justamente el momento en que te dicen que no está la información o la persona que la van a entregar.
“La otra es recurrir o notificarse a la CAIP no mediante un recurso, pero sí avisar lo que está ocurriendo y pedirle su intervención, porque la comisión tiene atribuciones de vigilar el funcionamiento de todo el sistema de acceso a la información y este es otro mecanismo que está impidiendo el acceso a la información”.