El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Mario Riestra Piña, advirtió que con la conformación del Instituto Nacional de Elecciones lo que se apruebe a nivel local en materia de candidaturas independientes no tendrá valor al desaparecer los códigos electorales en los estados; en tanto, el HIR se pronunció por mantener el 5 por ciento de las firmas del padrón para que se puedan registrar quienes participen sin representar a un partido político.

En entrevista, Mario Riestra Piña señaló que el procedimiento para crear las modificaciones a nivel local a la legislación electoral para establecer las reglas de las candidaturas independientes; sin embargo, depende también del Código Único Electoral.

Dijo que comienza a darse el consenso entre los partidos políticos para crear el Instituto Nacional de Elecciones y, por lo tanto, desaparecerían los códigos electorales.

Señaló que al derogarse los códigos electorales lo que resuelvan los diputados locales en torno a las candidaturas independientes para Puebla quedaría sin efecto.

Explicó que en el caso del Instituto Electoral de Puebla, en caso de que se aprobara un nuevo órgano nacional, aún estaría en funciones un año una vez que el proceso electoral de 2013 aún no concluye, ya que faltan las elecciones extraordinarias.

“Lo que se señala en la propuesta es que los órganos de los estados donde haya procesos electorales seguirán vigentes hasta que concluyan los mismos”.

Riestra Piña reiteró que se va a mantener la discusión en tanto no hay una aprobación a nivel nacional, además de que entrarían en vigor para la elección de 2018.

Estricto control
El presidente del Partido de la Revolución Democrática, Eric Cotoñeto Carmona, demandó que el Congreso del estado no apruebe “al vapor” las candidaturas ciudadanas, e indicó que el porcentaje de 5 por ciento de las firmas del padrón electoral para obtener el registro es adecuado, e indicó que hay que poner los “candados” para que no llegue el dinero de procedencia ilícita para financiarlas, además de que hay que analizar la capacidad del Instituto Electoral para organizar una elección con 15 o más candidatos por municipio.

En entrevista, el también diputado local recordó que hay la intención de que en el último período ordinario de sesiones se aprueben las candidaturas ciudadanas, a lo cual señaló que el PRD ha pedido que éstas no tengan financiamiento público, acceso a los medios electrónicos, e indicó que deben estar en condiciones parecidas a las de los partidos con nuevo registro, que tengan que cubrir el porcentaje de 5 por ciento de las firmas; esto es algo razonable y debe seguirse.

Aclaró que no se está en contra de los ciudadanos, sino que se evite que pueda participar la delincuencia organizada financiando las campañas, situación que se sabe sucedió en estados del país que enfrentan el problema del narcotráfico.

Al ser cuestionado sobre el riesgo de que al no llegar el financiamiento público llegue el dinero de procedencia ilícita, Cotoñeto Carmona señaló que para ello es la fiscalización que deben aplicar las autoridades electorales.

Recordó que los partidos políticos tienen un tope para recibir financiamiento privado, no se puede ir más allá de lo que señalan los códigos federal y estatal.

Insistió en que no por apresurarse para que salgan las candidaturas se puede dejar un porcentaje abierto para el financiamiento, todo debe controlarse, y si se considera que no dará tiempo para la aprobación no debe forzarse la misma.

Advirtió que la propuesta que han hecho algunos diputados y organizaciones de la sociedad civil de bajar el porcentaje de firmas del padrón para obtener el registro de 5 a 3 por ciento sería un error.

Puntualizó que debe tomarse en cuenta la capacidad del Instituto Electoral del Estado para organizar una elección con un gran número de candidatos llamados independientes.

Aclaró que no es lo mismo que se organice un proceso electoral con seis u ocho partidos a que se tengan 15 o más aspirantes en un sólo municipio, además de que el órgano electoral deberá auditar los listados de firmas que se presenten para determinar si realmente se cumplió con el requisito y la gente que firmó realmente se encuentra en el padrón electoral.