El jueves pasado, durante la sesión del Congreso federal, se aprobaron diversas modificaciones a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Las modificaciones aprobadas buscan resguardar la integridad de las víctimas y la debida realización de las investigaciones. El dictamen del gobierno fue aprobado por unanimidad, con 418 votos a favor.
Con las reformas aprobadas por el Congreso federal se desvinculará a los funcionarios que se encuentren bajo investigación por actos de tortura de cualquier actividad relacionada con la detención de ciudadanos.
“Cuando se inicie una investigación sobre hechos constitutivos del delito de tortura y exista el riesgo de que el hecho se repita o se obstruya la investigación, se procurará que a los funcionarios públicos probablemente involucrados en esos hechos se les comisione para realizar funciones que no estén relacionadas con la detención o vigilancia de personas”, señaló la diputada perredista Roxana Luna.
Además, con la nueva ley, los tribunales podrán intervenir en los casos de tortura que se realicen en aeronaves o buques con matrícula mexicana o cuando el delincuente investigado sea mexicano.
La legisladora del PRD Roxana Luna Porquillo respaldó la modificación legislativa en los siguientes términos: “El 24 de octubre de 1945, en Sucker Lake, Nueva York, Estados Unidos, se funda la Organización de Naciones Unidas. Este hecho ha sido trascendental en la convivencia de la humanidad, en materia de derechos humanos”.
De acuerdo con la diputada del PRD, la ONU “ha velado por el respeto a los habitantes del mundo, por lograr su convivencia y supera largos periodos de maltrato y discriminación que se dieron en muchos países, y en este Congreso hoy se discute uno de los temas fundamentales en el marco de la celebración internacional en este mes”.
La legisladora federal perredista señaló: “El 10 de diciembre de 1948 la asamblea general, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el 10 de diciembre de 1984 se firma la Resolución 39/46, resultado de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Desde entonces, nuestro país ha venido reformando la Constitución Política y otras leyes, para colocarnos a la altura de los avances en materia de derechos humanos.
”La reforma al artículo primero constitucional de 2011 ha establecido ampliamente el sentido garantista de nuestra Constitución, al definir dos principios. Uno, la interpretación conforme a los derechos establecidos en nuestra norma fundamental, y los tratados internacionales en incluir el principio pro-persona.”
La diputada de izquierda resaltó que con la reforma de ley se cumplen con los preceptos indicados por el artículo primero constitucional, que también establece obligaciones y deberes para toda autoridad, y es aquí en donde aún quedan pendientes legislativos, derivados de la reforma constitucional de los derechos humanos más relevantes en los últimos tiempos.
El gobierno mexicano ha ratificado múltiples tratados internacionales que ahora son norma vigente en nuestro país; en este sentido, hay que señalar la Convención contra la Tortura o Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece en el artículo quinto, señaló Luna Porquillo.
También, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura señala, en su apartado 5, artículo 12, el tema de la tortura. La presente convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el derecho interno.
El dictamen se refiere al artículo 7 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, que tiene como objeto fundamental armonizar a leyes internacionales y, en este caso, al Protocolo de Estambul, para darle garantías a una persona y para preservar sus derechos de integridad física y psicológica.
Roxana Luna Porquillo señaló que México implementará el Protocolo de Estambul para los casos de tortura, lo cual explicó en los siguientes términos: “El llamado Protocolo de Estambul, que es formalmente el manual de investigación y documentación efectiva sobre el tema de la tortura, castigos, tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, son reglas elaboradas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que se establecen procedimientos a seguir por los estados para documentar la tortura y sus efectos.
”México tiene la obligación internacional de caminar en este sentido, puesto que no podemos ser omisos ante esta situación que vulnera la integridad física, psicológica y moral de las personas que han sido víctimas de tortura y que incluso han sido motivo de recomendaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.”
La diputada alentó a continuar con la vía garantista y de protección de los derechos humanos: “El alcance de este dictamen en materia de derechos humanos es un avance significativo pero no determinante para desterrar la tortura en nuestro país, lo cual todavía es un tema pendiente”.