Al asegurar que la minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, no podrá arrancar el proyecto de instalarse en Tetela de Ocampo mientras no se cumpla con la condicionante de realizar una consulta a los pueblos indígenas que se dicen afectados por la construcción de la obra, la delegada de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), Daniela Migoya Mastretta, aseguró que están en espera de que la minera cumpla con ese requisito, para después valorar si se autoriza o no el proyecto.
Ante eso, la funcionaria en Puebla del Gobierno Federal dijo que mientras no se lleve a cabo la consulta pública la minera no puede iniciar sus actividades porque, además, dijo que así quedó establecido en el acuerdo estatal entre los grupos indígenas de la región de Tetela de Ocampo y las autoridades.
Migoya Mastretta reveló que la consulta se aplicará en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), “porque así quedó establecido”, pero al parecer la determinación final todavía llevará tiempo porque, según la delegada, no están establecidos los protocolos y la minera no se ha acercado con la comisión.
En entrevista, la delegada de la Semarnat en la entidad poblana reveló que hasta el momento no hay ningún proyecto minero autorizado en el estado de Puebla, pero reveló que hay dos que “están en proceso de análisis de exploración, pero no hay ninguno autorizado de explotación”.
Sobre los llamados “proyectos de muerte”, particularmente de las hidroeléctricas, la delegada reveló que hasta el momento existen tres proyectos autorizados en la Sierra Norte, pero fueron avalados por la administración pasada, pero también hay dos que están en proceso de exploración: “Aunque todavía no están autorizadas, actualmente se encuentran suspendidas por requerimientos de autorización y todavía no concluye el proceso; están en la Sierra Norte”.
Ante eso, reveló que los procesos de evaluación tardan hasta 60 días naturales, pero además tienen otros 60 días para contestar: “Una vez que contesten se reanuda el proceso, y depende de lo que contesten se puede prorrogar otros 60 días más; las hidroeléctricas están en la Sierra Norte, en municipios como Zacapoaxtla y Zapotitlán”.
Daniela Migoya aseguró que la autorización depende de que las empresas cumplan con la normatividad existente en materia ambiental, aunque en ese contexto aclaró que la Semarnat es criticada porque no toma en cuenta la cuestión social, por lo que hoy en día valoran el cumplimento de la normatividad existente: “Solamente podemos hacer lo contenido en las leyes, las evaluaciones son técnicas”.
