El diputado priista Edgar Salomón Escorza sostuvo que fue un ridículo el que hicieron las bancadas del PAN, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PRD, así como quienes votaron a favor de la reforma de la Ley del Agua el pasado 12 de septiembre, luego de que se había anticipado que vulneraba los derechos de los ciudadanos.
En conferencia de prensa, tras la sesión ordinaria en la que se derogó el 118 bis, los integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional —encabezados por su coordinador Ernesto Leyva Córdova— indicaron que era un paso necesario y es positivo que se corrijan errores como el que se cometió.
Leyva Córdova indicó que la razón al final se impuso al haber dado marcha atrás y modificar la ley; no obstante, indicó que habrá que esperar si se realizan más modificaciones al documento si así lo piden los ciudadanos.
Señaló que desde un principio el PRI dijo que no era posible que los adeudos fueran considerados como créditos fiscales.
Salomón Escorza dijo que ahora quedan en ridículo las bancadas de los diferentes partidos que votaron a favor del intento privatizador del servicio una vez que tuvieron que recular acerca de lo que habían aprobado.
Con la derogación del artículo 118 bis de la Ley del Agua del Estado de Puebla los diputados locales corrigieron el error jurídico que se cometió con la aprobación del documento el pasado 12 de septiembre, ante ello los adeudos de los usuarios del servicio ya no serán considerados créditos fiscales.
La sesión
Durante la sesión ordinaria los diputados avalaron por unanimidad el acuerdo de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para dar marcha atrás a la reforma propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas el pasado 3 de septiembre, para facilitar la concesión del servicio a particulares.
En medio de un debate donde el legislador del PRI David Espinosa Rodríguez les aclaró que es de sabios rectificar cuando se comete este tipo de errores; el legislador de Nueva Alianza Víctor Hugo Islas se “lavó las manos” al indicar que el día en que se votó la reforma él, por cuestiones personales estaba fuera del país, no votó; sin embargo, era necesario corregir.
Islas Hernández indicó que tienen que ser los diputados quienes regulen las tarifas del servicio del agua y no los particulares.
El artículo derogado tenía el siguiente contenido:
“118 bis: Los prestadores de servicios que tengan a su cargo, en dos o más municipios, la prestación parcial o integran de Servicio Públicos en virtud de convenios de coordinación a que se refiere las fracciones IV y V del artículo 23, de los derechos, productos y contribuciones de mejoras previstas en la Ley, y otros conceptos de ingresos por la prestación de los Servicios Públicos, sin requerir la aprobación del Congreso.
”Los adeudos de los usuarios que derivados de dichos conceptos serán considerados créditos fiscales para efectos establecidos en esta ley.
”En caso de que la prestación de servicios públicos sea concesionada o encomendada con cualquier otro título jurídico a un particular, ya sea de forma parcial o total, la actualización de la estructura tarifaria y de otros conceptos de ingresos se regulará de conformidad con lo establecido en el título de concesión o contrato respectivo”.
Las sanciones
El pleno además avaló el dictamen de la Comisión Inspectora del Congreso del estado aprobó el inicio del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades contra 6 expresidentes municipales por un daño erario público de 129 millones de pesos, siendo el presidente municipal de El Seco quien no ha comprobado 111 millones de pesos.
Además, se aprobaron 31 dictamines de cuentas públicas de presidentes municipales sin ninguna observación correspondientes al periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 en su mayoría.
El presidente de la comisión, Jesús Zaldívar Benavides, dijo que los presidentes municipales que podrían ser sancionados, serán notificados y los sujetos a revisión tendrán 30 días para responder.
Los ayuntamientos que incurrieron en faltas legales y que se les inició el procedimiento de responsabilidades son: San Salvador El Seco, encabezado por el exedil Alfredo Pérez Reyes, del 1 de enero al 14 de febrero de 2011, quien no comprobó 111 millones de pesos del presupuesto que ejerció en ese año.
Los cinco restantes son San Salvador Huixcolotla, exalcalde Alejandro Alonso Serapio; Santa Inés Ahuatempan, Ramón Sabino Rojas; Tenampulco, Menos Díaz Mora; Tlacuilotepec, Raymundo Flores Islas, y Teotlalco, Gabriel Madariaga Campos; estos cinco no comprobaron en suma 18 millones de pesos.
Asimismo, indicó que los municipios que sí aprobaron sus cuentas públicas fueron, para el periodo de 2010, el municipio de Chichiquila y Venustiano Carranza, y para el ejercicio fiscal de 2011 Tehuacán, Zapotitlán, Atzitzihuacán, Calpan, Chiconcuautla, Chigmecatitlán, Chignahuapan, Hueytlalpan, Lafragua, San José Miahuatlán, San Pablo Anicano, San Sebastián Tlacotepec, Santa Inés Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Tecamachalco, Tetela de Ocampo, Tilapa, Tlahuapan, Tlaola, Vicente Guerrero, Xicotlán, Xiutetelco, Xochiapulco, Xochiltepec, Yehualtepec, Zaragoza, Zihuateutla, Zinacatepec y Zongozotla.
