Las comisiones unidas de Gobernación y la de Procuración y Administración de Justicia aprobaron la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas, así como modificaciones al código penal para castigar hasta con cuatro años y medio de prisión a quien comercialice estos productos a menores de edad; en tanto, la Comisión de la Familia propuso conformar el Centro de Convivencia Controlada para facilitar la convivencia de los hijos con padres divorciados.
En entrevista, tras la sesión de comisiones unidas, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Josefina Buxadé Castelán, explicó que se reservaron dos artículos para su discusión previo a que pase al pleno el documento, ya que se espera incluir sanciones para quienes vendan bebidas adulteradas e incluso sanciones a los meseros.
De acuerdo a las reformas al código penal que se contemplan se encuentra el artículo 199 donde se señala que se impondrán e tres meses a tres años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario mínimo a quien sin licencia o permiso venda o suministre bebidas alcohólicas.
En las reformas penales también se contemplan a los funcionarios públicos que otorguen permisos a establecimientos sin que cubran los requisitos que marca la ley o encubra la venta ilegal.
Buxadé Castelán comentó que en los casos donde se vendan bebidas alcohólicas a menores la pena corporal se incrementará a cuatro años y medio de prisión.
La legisladora indicó que en la reforma se incluyen medidas tendientes a tratar de combatir el alcoholismo, estableciendo los requisitos mínimos para la expedición de licencias y permisos.
Expresó que el delito de venta ilícita de bebidas alcohólicas se incorpora al código penal.
Y se espera que inhiba la venta ilegal que se presenta en diferentes partes.
Serán los ayuntamientos quienes de acuerdo a la ley continúen con la expedición de los permisos para la venta de las bebidas.
Comentó que en la reunión se llegó al consenso en lo general y sesionarán, previo a la sesión ordinaria del miércoles, donde se votará en el pleno.
Centro de Convivencia
El estado de Puebla podría contar con un “Centro de Convivencia Controlada” en el que se garantizará un espacio “neutral” a los menores de edad que se encuentran en medio del “divorcio conflictivo” de sus padres, una vez que está la propuesta en el Congreso del estado.
La presidenta de la Comisión Especial de la Familia, Ana María Jiménez Ortiz, explicó que de acuerdo a cifras del Sistema Estatal DIF en la entidad, de 2006 a 2013, pasó de 148 a 300 divorcios en los que los hijos son vistos como “el trofeo de la batalla” para los papás.
Indicó que la intención es ofrecer un lugar en el que el padre o la madre, según sea el caso, puedan pasar el tiempo de convivencia que determine el juez de lo familiar, para garantizar un correcto desarrollo de los infantes.
Explicó que para este proyecto se requieren de aproximadamente 20 millones de pesos para la construcción, puesto que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cuenta con predio ubicado en la zona de El Alto donde se pensaba construir el archivo de la institución.
Explicó que estas instalaciones contarán con un área médica y psicológica, además de espacios recreativos para que el padre o la madre puedan convivir sanamente sin que haya interrupciones o se afecte a los menores.
Señaló que en la Comisión Especial de la Familia se estará proponiendo que el recurso requerido sea contemplado en el presupuesto de egresos para el próximo año y en el corto plazo se concrete este proyecto.
El proyecto es trabajado por los diputados que integran la Comisión Especial de la Familia, el DIF estatal y el Tribunal Superior de Justicia, quienes esperan que en el presupuesto del estado para 2014 se asigne una partida de por lo menos 20 millones de pesos.
La presidenta de la referida comisión legislativa, Ana María Jiménez Ortiz, declaró este lunes que se cuenta con el terreno y con el proyecto arquitectónico para este centro.
“En situaciones de divorcio conflictivas se dañan los derechos del infante porque no convive debidamente con el papá o la mamá, o en otras circunstancias esta circunstancia se les niega”, agregó.
De concretarse este proyecto, Puebla sería el tercer punto en el país en contar con este centro, ya que actualmente hay uno en Monterrey, Nuevo León, y otro en el Distrito Federal.
