Ante la propuesta del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) para quitar a las juntas auxiliares la contratación de policías y el manejo del Registro Civil, el director general del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) del estado de Puebla, Germán Molina Carrillo, aseguró que la propuesta tiene la finalidad de establecer un control presupuestal y administrativo en esas demarcaciones territoriales: “Veo un mecanismo de control, de sometimiento y de injerencia de los grupos políticos en esas regiones que tienen comunidades indígenas y zonas marginadas”.

Desde la perspectiva del analista jurídico, los procesos electorales en las juntas auxiliares permiten la participación de los grupos políticos locales y de las familias, pero ahora se pretende involucrar otros intereses económicos y de control político: “Finalmente, se está acotando la posibilidad de que esos grupos puedan plantear sus demandas y someterse a los ayuntamiento y a lo que decidan los cabildos”.

Lo que no se debe permitir, dijo Molina Carrillo, es que se pretenda trastocar la Ley Orgánica Municipal, en el sentido de que las juntas se incorporen al desarrollo de la zona urbana, pero con respeto a sus usos y costumbres y su forma de vida: “La intención es controlar política y económicamente los recursos que se les asigna y la obra pública. Es una forma de que el propio presidente municipal absorba las decisiones que afectan a esas comunidades”.

Desde la perspectiva del director general del ICI, la propuesta no considera bajo qué criterios se atenderá a la población indígena: “No se sabe cómo se escucharán sus demandas, pero además no tendrían una representación, porque los nombramientos llegarán de parte de los presidentes municipales, entonces se trastocarían los derechos de muchos ciudadanos y se quita el poder de interlocución para dotar obras y servicios, el control lo llevarían los ayuntamientos”.

No modificar las juntas auxiliares
El experto en temas legales recomendó que las juntas auxiliares se queden de la forma en la que están ahora, porque finalmente los que están como presidente de las juntas terminan hasta febrero y la reforma entraría con los nuevos ayuntamientos, lo que les quita posibilidad de votar por sus presidentes y las autoridades municipales pueden nombrar a quienes no pertenezcan a las juntas, incluso pueden designar por acuerdo político: “Vulneran el derecho de elegir a sus autoridades y los problemas que tienen como zonas conurbadas”.

A decir del Germán Molina Carrillo, con la modificación de la figura de juntas auxiliares las autoridades buscan asegurar control y futuro político y la obra pública, porque está claro que las juntas tienen ciertas prioridades y demandas que no tiene la capital, por lo que permitirían un desarrollo urbano que no responde a lo que tienen esas regiones como prioridades.

En el debate sobre el futuro de las juntas auxiliares, dijo el funcionario educativo del estado de Puebla, no se debe permitir que esas demarcaciones se conviertan en una forma de cooptación, porque eso implica que se les imponga decisiones desde el centro y los grupos que las habitan se verán afectados, por eso recomendó, como una salida viable y democrática, realizar la consulta social entre los habitantes de esas regiones: “Algo importante es consultarlos, una consulta pública entre los ciudadanos, y aplicar una forma efectiva que les permita avanzar, pero en la actualidad las decisiones no son en función de los intereses de los habitantes, donde el que menos participa es el ciudadano”.

Los habitantes de las juntas auxiliares, dijo Molina Carrillo, deben tener el derecho de decidir qué forma de administración quieren para las juntas auxiliares, porque no se puede suplantar esa decisión y el presiente municipal no puede nombrar a los titulares de las juntas auxiliares: “No extraña ese tipo de decisiones, los poblanos nos estamos acostumbrando a las ocurrencias, a una forma anti-democrática de tomar decisiones”.