Sin el consenso del grupo parlamentario del tricolor —que criticó la opacidad, discrecionalidad y falta de información en el proceso de definición de los límites territoriales entre San Andrés Cholula y Puebla— el Congreso aprobó un dictamen por la vía de la premura para determinar un nuevo mapa territorial entre San Andrés y Puebla.
Los siete votos en contra de una bancada priista dividida, una sesión tensa y los reproches de los priistas ante la falta de información para evaluar el estudio: apenas cuatro hojas del dictamen les dieron a los diputados a las 8 horas de ayer, para que votaran el voluminoso estudio de los límites, mientras que los panistas, defendiendo el dictamen, acusaron a los priistas de protagónicos e incumplir acuerdos.
El Congreso determinó los nuevos límites en función de criterios técnicos, fue la defensa del dictamen.
La zona de 8.5 kilómetros cuadrados, que se hallaba en la zona limítrofe en disputa, contaba con un valor catastral de 17 mil 750 millones de pesos.
En menos de 30 minutos la Comisión de Gobernación avaló el dictamen de 150 hojas de los límites (sin discutirlo a fondo).
Dictamen que de inmediato se turnó al pleno, donde se aprobó con la oposición de la bancada priista y entre acusaciones de panistas y priistas por la forma cómo se realizó el proceso legislativo.
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A la hora de contrastar la infraestructura y el desarrollo comercial de la nueva división territorial entre Puebla y San Andrés Cholula aparece un nuevo paisaje urbano: la zona con mayor inversión e infraestructura se queda de ahora en adelante en manos de Puebla.
El auditorio Siglo XXI, el Ecoparque Metropolitano (donde se construirá el Museo del Barroco), el Complejo Cultural Universitario, el Centro Integral de Servicios (emblema arquitectónico de esta administración), el recién remodelado Parque del Arte, la zona donde está la rueda de la fortuna, el megacentro comercial Angelópolis y el Tecnológico de Monterrey, entre otros lugares de infraestructura, tributarán a la ciudad de Puebla su impuesto predial y demás.
Mientras que algunos lugares comerciales como Palmas Plaza, Home Depot, Starbucks, Wallmart, el Hospital del Niño Poblano, el fraccionamiento La Vista, la Universidad Iberoamericana, Colegio Andes formarán parte de la zona de San Andrés Cholula. En la nueva determinación territorial no hay alguna obra estatal magna de infraestructura.
Las zona con mayor densidad poblacional de nivel medio y medio bajo la conservará San Andrés Cholula. 23 colonias pertenecerán al municipio de San Andrés Cholula.
Los legisladores zanjaron en un santiamén, un par de horas, la memorable disputa por la zona limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula.
Pero la manera en que se zanjó la polémica territorial no convenció a los diputados priistas que, divididos, votaron en contra del dictamen.
En la sesión de Comisión de Gobernación donde se presentó el estudio de los límites territoriales no hubo ni propuestas ni acotaciones. El dictamen se votó tal como se recibió, en una sesión casi de trámite, a pesar de los cuestionamientos priistas provenientes del diputado Gerardo Mejía Ramírez, secretario de la comisión.
Un legajo de más de 150 hojas fue votado sin una discusión a fondo en la Comisión de Gobernación. Y cuando el dictamen pasó al pleno tampoco hubo un análisis al respecto.
La votación en comisiones no requirió una discusión minuciosa y propositiva, aduciendo la profesionalización del estudio, el dictamen se aprobó con la prisa para solucionar el añejo problema de los límites territoriales.
Ya en el pleno, los legisladores del PRI Lauro Sánchez, Ernesto Leyva y Salomón Escorza expusieron su rechazo a votar un dictamen que se había votado en comisiones con premura.
En los pasillos del pleno legislativo se advertía la molestia del presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Riestra Piña, hacia el coordinador de los diputados del tricolor, Ernesto Leyva Córdova.
El diputado del expartidazo Lauro Sánchez cuestionó que mientras algunos diputados del PAN como el propio presidente de la Junta de Coordinación Política contaban con información de primer nivel sobre cómo se desarrollaba la delimitación, a los legisladores del tricolor se les escamoteó la información.
De la misma manera, el coordinador de los diputados del expartidazo, quien dejó sus habituales posicionamientos timoratos, Ernesto Leyva Córdova manifestó la premura con que a los diputados del PRI se les entregó apenas por la mañana cuatro hojitas del dictamen, cuando el legajo que dictaminó la Comisión de Gobernación alcanza las 150 hojas.
El legislador priista afirmó: “A las ocho de la mañana recibí cuatro hojas del total del dictamen” y explicó que ante la falta de información, los legisladores del PRI votaron en contra.
Gerardo Mejía, secretario de la Comisión de Gobernación, quien un día antes había evidenciado la falta de información, la premura y la discrecionalidad para dictaminar los límites territoriales, planteó que la Comisión de Gobernación en menos de 30 minutos votó el copioso dictamen.
La defensa panista
En su intervención, el diputado del PAN Mario Riestra Piña aseguró que la zona de 8.5 kilómetros cuadrados que se hallaba en la zona limítrofe en disputa contaba con un valor catastral de 17 mil 750 millones de pesos.
“A diferencia de otras Legislaturas, que optaron por posponer la solución de esta disputa territorial a fin de evitar las complicaciones en el ejercicio de la autoridad, esta Legislatura ha decidido actuar”.
Riestra apuntaló el dictamen aprobado por los diputados aliancistas en la Comisión de Gobernación:
“Aún a pesar de los costos que implican el trastocar los intereses e aquellas fuerzas que apuestan al mantenimiento del status quo, como el medio más eficaz para mantener sus beneficios, este Congreso confirma su compromiso por velar por el interés superior del estado y de sus habitantes”.
El diputado Mario Riestra Piña apeló a la “falta de competitividad” que genera la indefinición en la zona limítrofe que ayer los diputados en fast track zanjaron:
“Esta Legislatura se comprometió desde el anuncio de su agenda legislativa a poner definitivo fin a la incertidumbre que deben padecer los habitantes de la zona en conflicto, así como las personas que transitan por ahí y son víctimas de la nebulosidad en la responsabilidad de la provisión de los servicios de seguridad pública, sin dejar de reconocer la pérdida de competitividad que representa la falta de certidumbre jurídica para los inversionistas que sedan realizar inyecciones de recursos en la zona”.
De acuerdo a los números proporcionados por Mario Riestra Piña, la zona en disputa abarcaba 8.5 kilómetros cuadrados, donde habitan alrededor de 26 mil personas. Además, están ubicadas mil 293 unidades económicas que producen más de 13 mil 700 empleos. El valor catastral de la zona asciende a más de 17 mil 750 millones de pesos.
Además, el diputado Mario Riestra Piña expuso que la delimitación atendió a los siguientes criterios: Que el valor catastral total de la división municipal fuera repartido equitativamente entre ambos municipios, que en la medida de lo posible se repartan entre ambos municipios áreas de equipamiento incluyendo parques, camellones, hospitales y escuelas, entre otros; que la delimitación de los municipios tenga un principio de contigüidad de manera que no existan islas de un municipio dentro de otro, que en la medida de lo posible la delimitación siga la traza vial existente.
Mario Riestra planteó que se contempló que para no dejar a los residentes del área en incertidumbre sobre qué municipio debe prestar servicio público: Que la delimitación se realice en la mediana de las vías asfaltadas cuando éstas no tengan camellón, y en alguna de las orillas de los camellones cuando éste sea el caso, que la delimitación minimice en la medida de lo posible la división de colonias y predios, que la delimitación considere las variables históricas y sociales relativas al sentimiento de identidad de los habitantes de la zona de conflicto.
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La reforma propuesta fue respaldada en tribuna por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Mario Riestra Piña, quien consideró que el Poder Legislativo hace historia al resolver de fondo, y de manera definitiva, el añejo y complejo conflicto territorial, pues representa el cumplimiento a la palabra empeñada que esta Legislatura se comprometió para finiquitar la incertidumbre que padecen los habitantes de la zona, así como para aquellos que transitan por ahí y son víctimas de la nebulosidad en la responsabilidad de la provisión de los servicios de seguridad pública, sin dejar de reconocer la pérdida de competitividad que representa la falta de certidumbre jurídica para los inversionistas que desean realizar inyecciones de recursos.
Por último, los legisladores Myriam Galindo Petriz, Héctor Eduardo Alonso Granados, Oswaldo Avendaño López, Eric Cotoñeto Carmona y Adrián Víctor Hugo Islas Hernández acordaron que la resolución es justa y está apegada a derecho, ya que se dará certidumbre a los habitantes de esas zonas.
Los votos en contra
Edgar Salomón Escorza, Ernesto Leyva, Gerardo Mejía, Jesús Vázquez, Lauro Sánchez, Jorge Luis Coriche y Ricardo Urzu.
Tome nota
La zona que se delimito fue de 8.52 kilómetros cuadrados, donde San Andrés Cholula obtuvo 4.72 y la capital de Puebla 3.81 kilómetros, quedando repartidas 16 colonias en Puebla y 23 en San Andrés Cholula.