Durante la penúltima sesión ordinaria de la actual Legislatura, los diputados aprobarán reformas al Código Penal de Puebla, para castigar a quienes obliguen a menores de edad a ejercer la prostitución; sin embargo, dejarán pendientes las reformas para combatir la “trata” infantil con fines sexuales, que registra cifras alarmantes.

Conforme a la agenda legislativa, este miércoles, en la Comisión de Procuración de Justicia, los integrantes de la misma abordarán la iniciativa presentada por los diputados Ricardo Urzúa y Gerardo Mejía, que tiene la finalidad de proteger a los infantes de abusos sexuales. Los diputados discuten la iniciativa de castigar a quienes inciten, obliguen y/o induzcan a los menores a prostituirse; el agresor será sancionado con cárcel de 7 a 12 años y con una multa de 800 a 2 mil 500 días de salario. 

Gerardo Mejía Ramírez, integrante del grupo legislativo del Revolucionario Institucional, refirió que en México un número indeterminado sufre de abusos sexuales antes de los 12 años y que lamentablemente no son denunciados por varios factores, destacando que en la mayoría de los casos se trata de los propios familiares. 

Explicó que un abuso sexual puede ir desde el contacto físico, exposición del cuerpo desnudo públicamente hasta conductas más íntimas, como el coito anal o vaginal. 

Explicó que un abuso sexual, según National Center of Child Abuse and Neglect, puede ser el uso de un menor para que un adulto se estimule sexualmente, y mencionó que este tipo de delitos se da entre personas con la diferencia de edades entre el agresor y víctima.

El legislador precisó que “la coerción —con fuerza física, presión o engaño— debe ser considerada por sí misma criterio suficiente para que una conducta sea etiquetada de abuso sexual del menor, independientemente de la edad del agresor”.

Mejía Ramírez señaló que habrá reformas al Código Penal, como la del artículo 20, relacionado con la sección primera, “ataques al pudor”, sobre todo por que hay quienes obligan al menor a ejecutar un acto erótico sexual o lo obligan a observarlo.

Ampliar las acciones
En tanto, la diputada Ana María Jiménez Ortiz llamó a establecer una cruzada completa para combatir la “trata” de infantes con fines de explotación sexual, porque lo que está sucediendo es innombrable y va en aumento. Asimismo, pidió que haya una homologación de leyes para que los delincuentes no se protejan en otro estado de la República donde la penalidad por ese tipo de crímenes es menor.

Jiménez Ortiz, integrante de la bancada de Acción Nacional, explicó que todo tiene que encuadrar dentro de la armonización que se haga a la Ley de Trata de Personas, e indicó que tiene que hacerse a nivel federal primero, y explicó que en el Senado de la República están trabajando en el tema para que posteriormente en los estados se pueda trabajar, pero la Cámara ha llamado a diputados de los estados a que participen en esa reforma. 

Expresó que gracias a algunas organizaciones de la sociedad civil se ha descubierto la nueva modalidad en el tema de “trata”, que es la de infantes con otros fines: “Anteriormente, se tenía conocimiento de que a los infantes se les robaba para exportarlos al extranjero y darlos el adopción a parejas que no podían tener hijos y cuyos procedimientos eran difíciles en sus propios países, y sin aprobarlo se puede decir que los menores no eran maltratados. Sin embargo, el delito ahí estaba por el daño que se causaba a los padres de familia y a los propios menores; en sí, era un mercado para conseguir hijos, por llamarlo de una manera.

”Sin embargo, el caso se fue recrudeciendo pues se supo que muchos menores eran robados para poder extraerles los órganos para el transplante.

”Ahora la nueva modalidad que es algo con lo que nadie puede quedarse callado y consiste en robar a los niños para ofrecer servicios sexuales, violación a infantes es el caso que se está dando.

”Se han encontrado niños abandonados a través de organizaciones civiles que están muy dañados de su cuerpo, algunos de ellos con el ano desecho, pues se ofrecen esos servicios para gente que no se le puede llamar enferma, sino algo más”.

La legisladora reconoció que los familiares de las víctimas difícilmente los pueden localizar: “El gran problema que se tiene con los infantes es que a diferencia de los adultos éstos difícilmente pueden comunicarse, muchos de ellos ni siquiera aprendieron a hablar y al momento en que desaparecen tienen una fisonomía y por su propia etapa de desarrollo en dos, tres o cuatro meses totalmente cambian”.

La diputada señaló que hay que ver que las organizaciones de la sociedad civil están emprendiendo una alerta y como Congreso del estado se tiene que encuadrar el tema. Este punto encuadraría en el tema de “trata”, además de fortalecer políticas públicas para poder identificar a tiempo la situación cuando un pequeño se extravía y como sociedad, de la cual depende mucho, verdaderamente denunciar cuando se conozcan de casos como ése.

Comentó que muchas de las organizaciones están impulsando ante la magnitud de violencia contra los infantes para los servicios sexuales que se castigue el consumo, y que se pueda establecer una cruzada completa para combatir el problema, porque lo que está sucediendo es innombrable.

Reconoció que se tienen en dos años y medio 90 casos de menores desaparecidos y en muchos de los casos no se tiene ni idea en dónde quedan los pequeños, a diferencia de lo que sucede con los adultos pues el propio cuerpo de ellos es voluminoso, mientras que el de un menor del que fácilmente se deshacen.

Ana María Jiménez expresó que hay que hacer mucho en los tres niveles de gobierno, ahora hay avances dentro de la armonización que se está haciendo en materia de trata que se trabaja desde el Senado, pues se están considerando todas las opiniones de la sociedad civil.