Ante los acontecimientos delincuenciales que se presentaron en el estado de Puebla desde el pasado viernes, con la balacera en el bar La Patrona de la ciudad de Puebla, y posteriormente el enfrentamiento en la cárcel de Izúcar de Matamoros, el decapitado de San Martín Texmelucan y los ejecutados de Zoquitlán, el analista político de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) Paulino Arellanes Jiménez aseguró que, definitivamente, las autoridades locales ocultan la violencia porque no son hechos que se presentan de manera coyuntural, más bien, vienen de tiempo atrás, “pero se ha ocultado”.

En entrevista, el investigador afirmó que fuera de los clichés que se generan a nivel federal por los conflictos de Michoacán y el famoso efecto “cucaracha”, hay que hacerlos a un lado porque cada estado tiene su propia especificidad y aunque hay elementos comunes que se pueden retomar de otras entidades con problemas: “Fuera de eso, Puebla se cuece aparte, porque no es nueva la cuestión violenta, suceden problemas en los antros, decapitados, levantones y extorsiones, pago de derecho de uso de suelo”.

Lo anterior, explicó el politólogo de la UAP, llama la atención para el caso poblano porque todo indicaba que se había salvado durante algún tiempo del contagio o de lo que sucedía a nivel macro o a nivel nacional, pero hoy en día el problema del “narcotráfico” y del crimen organizado y los efectos colaterales que tienen, como son los “levantones” y las extorsiones, pago de suelo, es sin duda que ya es común para el caso poblano: “Se ha venido incrementando en los últimos años, sobre todo de tres o cuatro años para acá, y que indudablemente ya no se había visto abiertamente porque de parte del gobierno ha habido un ocultamiento de la información, o bien, no ha querido que se conozca”.

Desde la perspectiva del analista político, mediáticamente, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, puede mencionar en organismos nacionales como la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que Puebla es uno de los estados más seguros, pero hay hechos muy violentos, pero eso ya sucede de un tiempo atrás, “pero el gobierno lo venía ocultando”.

Para Arellanes Jiménez, cuando el mandatario poblano Rafael Moreno Valle llegó al cargo de gobernador, trajo a mucha gente de fuera de Puebla: “Vienen de fuera y lo hace en todas las secretarías de Estado, son gente que no conoce el estado, no conoce sus barrios, no conoce sus colonias y no conoce sus necesidades y, por ende, de una manera discrecional se ha venido nombrando jueces, magistrados, ministerios públicos”. Además, puntualizó que en el intento de modernizar la policía se encuentra una serie de extorsiones en los niveles de policías estatales y municipales con el ciudadano común.

Uno de los grandes problemas de la entidad poblana que encuentra el catedrático e investigador de la universidad estatal poblana es el uso de suelo, que no está bien reglamentado y, por lo tanto, no se aplica la normatividad; en consecuencia, no hay una verdadera inspección de los lugares en que se instalan los “antros”. 

“Tampoco de quiénes los administran y quienes son los que trabajan. Se presenta el tema de los giros negros, con políticos que están detrás de ellos, que son socios o dueños de esos antros”, por eso aseguró que en la entidad poblana los ciudadanos están enclaustrados en una serie de problemas conjuntos de ese Puebla profundo que no se quiere hablar de ellos y, por lo tanto, no se quiere atacar con verdaderas instituciones serias.

Sobre qué hacer para frenar la delincuencia y la presencia del crimen organizado en la entidad poblana, el profesor investigador de la UAP afirmó que, indudablemente, el gran problema está en que la ciudadanía poblana que tiene ciertos medios, sobre todo en las zonas donde están los principales fraccionamientos, no tienen la capacidad de organizarse y poner los medios económicos para contratar personal privado que les cuiden sus casas y sus pertenencias.

Pero el gran problema de la sociedad de todo el estado es que son gente media baja, gente muy pobre que no tiene recursos, por lo que es una obligación del gobierno poblano ofrecer seguridad: “Porque esa es una obligación del gobierno, que no viene cumpliendo cabalmente, y el resultado lo tenemos en esta violencia que se presenta”.

Para Paulino Arellanes Jiménez, el clima de creciente inseguridad que se vive en la entidad poblana no debe ser controlado por el Ejército mexicano, porque, desde su perspectiva, ellos traen una línea de obediencia y no hacen distinción del ciudadano común, del ciudadano de calle, del ciudadano delincuente y del ciudadano que está en el trabajo, por lo que afectan con consecuencias colaterales como la violación de los derechos humanos, con arbitrariedades, retenes sin ninguna consideración, tienen una enorme desconfianza en la ciudadanía.