El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Eukid Castañon Herrera, rechazó que la reforma a la Ley de Expropiación del Estado de Puebla que presentó en el Congreso del estado vaya a violentar las garantías individuales de los propietarios de terrenos y únicamente pretende impulsar el desarrollo de Puebla.
Luego de declararse un receso de 24 horas en la sesión de la Comisión de Gobernación, donde se analizaba el documento, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que la intención de esta modificación a la ley tiene como objetivo privilegiar “el beneficio colectivo por encima del de unos cuantos”.
Explicó que el procedimiento de expropiación tendrá una “excepción” y será justificada bajo la “urgencia e inmediatez” de la obra a ejecutar, aunque los procedimientos legales mantendrán su curso mientras se realiza el proceso de construcción.
Comentó que en el caso de la ejecución de una obra de infraestructura vial, no se puede detener su proceso y poner en riesgo la inversión sólo por la negativa de algunos cuantos de ceder los derechos de vía.
Eukid Castañon Herrera insistió que los derechos de los propietarios de los terrenos involucrados en una expropiación tienen la oportunidad de presentar sus recursos legales ante las instancias jurídicas, mientras que la autoridad estatal tendrá que presentar sus argumentos para recurrir a esta figura jurídica.
Insistió que estas modificaciones buscan en casos de excepción, y no como una regla general, que no se detengan las obras que plantea la administración estatal, por la negativa de algunos afectados y se perjudique a miles de poblanos.
Recordó que en su paso por la administración pública desde los tiempos del exgobernador Manuel Bartlett Díaz, en los procesos de expropiación para la realización de obras, principalmente de vialidad, muchas veces existe acuerdo con 90 por ciento de los afectados pero por el otro 10 por ciento que no acepta la expropiación la obra no se realiza y se pierden recursos y beneficios para miles de personas.
“Esto ha generado en muchas ocasiones pérdida de recursos y evidentemente va en detrimento de los más y no de los menos, pero adicionalmente he visto a lo largo de mi camino político, cómo existen actores que capitalizan políticamente este tipo de procedimientos y quedando el estado en la indefensión”, sentenció.
Explicó que con esta reforma se otorga una herramienta al estado, cuando justifique el principio de urgencia e inmediatez, esto es cuando se ponga en riesgo la realización de una obra importante y que por la negativa de una minoría no se pueda desarrollar la misma y con ello el gobierno puede avanzar en proyectos y aprovechar los recursos existentes en las diferentes bolsas que se cuentan en el Gobierno Federal.
El presidente de la Comisión de Gobernación declaró que el derecho de audiencia está garantizado para el afectado, aunque el gobierno del estado ya tomará posesión del predio o inmueble mediante el recurso de revocación.
“Hemos hecho un análisis muy exhaustivo de este tema para garantizar en el artículo 18 que exista y se salvaguarden los derechos de los afectados, y en una frase resumo la ley, y es que estas modificaciones buscan que prevalezca el bien común y que aquellos que se les afecte por el bien común se les salvaguarde los derechos que están establecidos en la Constitución, es decir, salvaguardando el derecho de los menos”.
Rechazó que estas modificaciones busquen un gobierno autoritario, ya que dijo simplemente se modifica una legislación en casos excepcionales el gobierno puede actuar y no detener el desarrollo en la entidad.
Cautela priista
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, señaló que se pidió un receso de 24 horas en la Comisión de Gobernación para poder analizar el documento que presentó Eukid Castañón.
Comentó que en el primer análisis que se ve que considera reformas importantes para que el estado tenga instrumentos jurídicos legales apropiados con pleno respeto a las garantías individuales para poder proceder en caso de inmediatez o de urgencia a la expropiación de los predios.
Señaló que ese respeto deberá quedar plenamente establecido en el documento que podría presentarse este jueves en el pleno, e insistió en que se pidió el receso para poder revisar la iniciativa y conocer los alcances.
Manifestó que el espíritu de la ley al parecer es para facilitarle al estado la realización de algunas obras y acciones de interés colectivo que evidentemente hoy se encuentran detenidas por intereses particulares.
Dijo que la ley establece cuáles son las condiciones para poder proceder en cuanto a la expropiación en algunos casos así como las causas que están relacionadas con la obra pública, desarrollo social.
Al ser cuestionado sobre la garantía que existe para que no se cometan abusos en contra de los propietarios, dijo que los derechos que tiene cada uno de los ciudadanos se encuentran salvaguardados para poder asistir a las instancias legales y se respeta la garantía de audiencia y se da oportunidad para que la instancia judicial pueda decidir o no sobre la viabilidad.
Giorgana Jiménez señaló que la bancada del Revolucionario Institucional busca que la ley sea lo suficientemente explicita para evitar interpretaciones que no corresponden a lo que se busca.
Comentó que en lo que se hace hincapié en el documento es que la ley tenga que ver para la ejecución de obras de salud, de desarrollo social.
Finalmente, aclaró que en lo que han analizado no se abre la posibilidad para expropiar las casonas del centro histórico de Puebla.
