El gobierno del estado prepara la primer acción aplicando la Ley de Expropiación recién aprobada, pretendiendo expropiar los predios a 800 familias de las colonias El Molinito, Zapata y Santa Cruz Guadalupe para ampliar la avenida Las Torres, de la Vía Atlixcáyotl a Periférico-Recta a Cholula, sin embargo condicionó que pagará sólo a quienes tengan escrituras en regla; a la gente que heredó un espacio del ejido por parte de sus abuelos pero que no tenga el citado documento notarial no se le dará nada.

Vecinos de esas colonias se presentaron de manera pacífica a las instalaciones del Congreso del estado para solicitar la intervención toda vez que han sido presionados por el gobierno estatal amenazándolos para que desalojen sus propiedades en un plazo de 15 días o se usará la fuerza pública, sin embargo, ningún diputado los recibió.

Juan Coyópol, a nombre de los vecinos, al leer el comunicado advirtió que ésta será la primera aplicación de la Ley de Expropiación despojándolos de un patrimonio que les ha costado el esfuerzo de toda una vida, y señalaron que el gobernador Rafael Moreno Valle ha sido más autoritario que el propio Mariano Piña Olaya.

Expresó que lo que les han dicho las autoridades es que no se pagará nada a quienes carezcan de una escritura, aun cuando tengan documentos ejidales que acrediten la posesión de los predios; esto dicho por el director de Tenencia de la Tierra, Miguel Rivas García.

El representante explicó que se ha pedido el proyecto de la ampliación de la vialidad pero las autoridades les han negado el acceso a los documentos y todo el procedimiento para ampliar la avenida Las Torres se está llevando a cabo en la opacidad.

El representante de los quejosos, Juan Coyópol, señaló que no están en contra de este proyecto de infraestructura vial y que continúe el desarrollo de Puebla pero sí requieren de una indemnización justa por las propiedades que —dijo— por años les costó pagar.

Dijo que en promedio son 800 las personas las que tienen sus viviendas asentadas en los terrenos por donde fue trazada la ampliación de esta vialidad que va desde la Vía Atlixcáyotl, pasará por el Camino Real a Cholula y desembocará en la Recta.

Juan Coyópol expresó que hasta el momento nadie les ha dicho claramente la situación real que existe en esta zona y los pormenores del proyecto, por lo que demandó a los diputados locales una explicación de los alcances que tiene la recién aprobada Ley de Expropiación y las afectaciones que tendrá su patrimonio.

Los vecinos señalaron que ya en 1991 se hizo un decreto de expropiación durante el gobierno de Mariano Piña Olaya y se les pagó a los ejidatarios de la zona seis pesos por metro cuadrado, mientras ahora hay terrenos en el fraccionamiento La Vista, donde el metro vale hasta mil dólares, y los ejidatarios que vendieron viven en la pobreza.

Le niegan la reubicación
Asimismo, se indicó que una de las demandas que se ha hecho al gobierno estatal es que a las personas que serán afectadas por el paso de la vialidad se les reubique dando un terreno y la construcción, pero las autoridades del estado les han dicho que esto no será posible y les insisten en que sólo se les pagará a quienes tengan escrituras.

“Sólo nos dan dos sopas, o nos despojan de nuestras casas o nos desalojan”, mientras que algunos vecinos que fueron intimidados, prácticamente regalaron sus casas al gobierno del estado por el temor a ser reprimidos por las autoridades.

Defiende la ley
En entrevista telefónica, el presidente de la Comisión de Gobernación y quien presentó la iniciativa para reformar la Ley de Expropiación del Estado de Puebla, Eukid Castañón Herrera, rechazó que haya inconstitucionalidad y explicó que el procedimiento de expropiación tendrá una “excepción” y será justificada bajo la “urgencia e inmediatez” de la obra a ejecutar, aunque los procedimientos legales mantendrán su curso mientras se realiza el proceso de construcción.

Comentó que en el caso de la ejecución de una obra de infraestructura vial no se puede detener su proceso y poner en riesgo la inversión sólo por la negativa de algunos cuantos de ceder los derechos de vía.

Reconoció que en el caso de una obra como la ampliación de la avenida Las Torres sólo se pagará a quienes cuenten con la documentación que avale que son dueños de los terrenos, e indicó que “no se puede pagar un auto a quien no tiene la factura”.

Castañon Herrera insistió que los derechos de los propietarios de los terrenos involucrados en una expropiación tienen la oportunidad de presentar sus recursos legales ante las instancias jurídicas, mientras que la autoridad estatal tendrá que presentar sus argumentos para recurrir a esta figura jurídica.

Insistió que estas modificaciones buscan en casos de excepción y no como una regla general, que no se detengan las obras que plantea la administración estatal por la negativa de algunos afectados y se perjudique a miles de poblanos.

Recordó que en su paso por la administración pública desde los tiempos del exgobernador Manuel Bartlett Díaz, en los procesos de expropiación para la realización de obras, principalmente de vialidad, muchas veces existe acuerdo con 90 por ciento de los afectados pero por el otro 10 por ciento que no acepta la expropiación, la obra no se realiza y se pierden recursos y beneficios para miles de personas.

“Esto ha generado en muchas ocasiones pérdida de recursos y evidentemente va en detrimento de los más y no de los menos, pero adicionalmente he visto a lo largo de mi camino político, como existen actores que capitalizan políticamente este tipo de procedimientos y quedando el estado en indefensión”, sentenció.

El dato
A la manifestación se sumaron colonos del nororiente de la capital, quienes expresaron su rechazo a la construcción del Arco Norte del Periférico Ecológico, donde aseguran que también se intenta aplicar la ley del despojo afectando a cientos de familias.