Activistas, especialistas y militantes de organizaciones sociales expresaron su rechazo en contra de la privatización del Sistema Operador de Agua de Puebla (SOAPAP) y el aumento de las tarifas. “Lo que se planteó fue el análisis del agua como un derecho humano. Del derecho a la vida que se plantea en el artículo cuarto constitucional, donde se habla de las facultades de los municipios y entre estas se encuentra el agua, el alcantarillado”, señaló Uriel Figueroa Blázquez, consejero universitario.
Activistas convocaron a la marcha que se realizará este sábado. Durante un foro en defensa de los bosques y el agua, celebrado en el salón audiovisual de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, participaron especialistas y representantes de organizaciones sociales.
Hilario Alonso Flores, representante del frente nacional Los de Abajo, afirmó que los proyectos inmobiliarios que se han construido en la ciudad de Puebla y en los municipios de la zona conurbada ha sido negativos para un manejo responsable del agua y de los mantos freáticos.
El dirigente de Los de Abajo señaló que de manera sistemática una “mafia” de empresarios, funcionarios gubernamentales y políticos han buscado y en ocasiones lo han logrado, despojar a los habitantes de comunidades y pueblos tanto de sus tierras como de los recursos naturales. Ante el crecimiento de un “desarrollo urbano” que no beneficie a los pobladores de comunidades y pueblos.
Alonso señaló que los proyectos inmobiliarios han tenido un impacto negativo sobre los recursos naturales y las tierras de los pueblos.
Las inmobiliarias compran las tierras muy baratas y después exigen a los municipios que los doten de agua potable.
“Tiene una relación directa con el saqueo del agua, no sólo con el proyecto de fraccionamientos parques industriales. En toda esta zona ha generado una contradicción social”, planteó el dirigente de Los de Abajo.
Alonso recordó que los pobladores de Nealtican y Acuexcoman se han organizado para enfrentar los actos de despojo pero han recibido respuestas represivas por parte de las autoridades estatales
“Hay resentimiento social en esta zona. Los pueblos en esta región han sentido el saqueo del territorio.
”La construcción de parques industriales y una urbanización sin orden obliga a que se ocupe más agua para estos fines.
”El problema del agua ha generado un resentimiento social. No nos extrañe, ha habido una participación, van a venir aflorando resistencias de los pobladores en contra de estos proyectos”.
Alonso afirmó que en el valle metropolitano Puebla-Tlaxcala que se aplica de manera salvaje en beneficio de funcionarios gubernamentales despojo de los recursos naturales. “Crecimiento urbano desordenado no se respetan los lineamientos sus propios programas. El cambio de uso de suelo cuando se les antoja. No administran el uso del suelo en beneficio de las comunidades sino de los intereses económicos. Son mafias empresarios, funcionarios estatales y caciques locales. Lo que se necesita es un programa de ordenamiento territorial sustentable en la zona metropolitana.
”No es posible elaborar estos programas desde los escritorios. La única forma de frenar los abusos es a través de la organización popular y ciudadana”.
Alonso expuso que será solamente a través de la organización de estas comunidades como podrán enfrentar el despojo.
En el foro también se planteó la oposición al proyecto carretero San Martín Texmelucan-Atlixco: “Si logra este proyecto doblegarnos por la zona poniente va a venir la especulación de la tierra”.
Además, los campesinos y propietarios de las tierras deben estar en guardia ante la recientemente aprobada Ley de Expropiación que le otorga mayores facultades al estado para realizar las expropiaciones: “Hay una modificación a la ley de expropiación donde el amparo para los ejidatarios y pequeños propietarios va a quedar inexistente. Vamos a necesitar herramientas de carácter legal porque se tienen que seguir las vías jurídicas y legales, con una gran organización social. Si no nos unimos todos nos va a doblegar este gobierno neoliberal”.
Estas tierras se encuentran sobre una cuenca hidrológica. Es lo que le interesa a este gobierno. En la región Atlixco-Cholula y San Martín Texmelucan se cultivan hasta 70 por ciento de las hortalizas.
Este proyecto también atenta contra la alimentación porque en esta zona hay alrededor 12 mil jornaleros en riesgo. Los productores de hortalizas contratan a un jornalero para recoger espinacas. El productor les paga de tres a cuatro pesos por manojo. Si recogen 100 manojos les pagarán de 300 a 400 pesos o mínimo de 200 a 250.
Y no hay ninguna empresa da un salario a un obrero común corriente.
El consejero universitario Uriel Figueroa Blázquez señaló que se organizó un foro en torno a la defensa de los bosques y el agua en el sentido de difundir la información sobre el problema de las mineras en la Sierra Norte de Puebla y el caso de la privatización del agua en la ciudad de Puebla: “Se hizo un análisis del problema del agua, porque es un recurso que se está contaminando y está siendo limitado, y sobretodo se está ocupando como mercancía.
”Además, en el foro resaltamos que México es el principal consumidor en el mundo de agua embotellada. También en el caso de Puebla, nos ocupa el primer lugar en haber entregado concesiones mineras, las cuales se han entregado para instalarse en la sierra poblana. Lo que se planteó fue el análisis del agua como un derecho humano. Del derecho a la vida que se plantea en el artículo cuarto constitucional donde se habla de las facultades de los municipios y entre estas se encuentra el agua, el alcantarillado”.
Tome nota
De acuerdo al consejero universitario Uriel Figueroa, el 22 de marzo se reformará la Ley de Aguas Nacionales. Se cambiará un renglón que dice que el agua es propiedad de la nación, para que la nueva redacción diga que el agua es propiedad del estado.