En una álgida y desordenada sesión que incluyó reclamos entre diputados, los legisladores aprobaron dos reformas relevantes que impactarán en la realización del proceso de elecciones en las juntas auxiliares. La premura del proceso legislativo originó confusiones entre los mismos diputados. Los diputados aprobaron que los ayuntamientos emitan reglas mínimas para la emisión de convocatorias de juntas auxiliares.
A la par, los diputados aprobaron un piso mínimo de 3 por ciento de firmas del padrón electoral para registrar a un ciudadano como candidato ciudadano a un puesto de elección popular. Esta reforma se aplicará en las próximas elecciones a juntas auxiliares. Pero tiene aplicación para las elecciones locales para que se postulen candidatos a gobernador, alcaldes y diputados por una candidatura ciudadana.
Sin embargo, la medida recorta el número de aspirantes a juntas auxiliares, como señaló el diputado Víctor Giorgana: “Esta reforma obedece a establecer un piso mínimo de participación en la elección de las juntas auxiliares, es decir, acotar un poco el número de participantes y de candidatos en estos procesos”.
No obstante, ante la premura por el tema de las juntas auxiliares, la reforma electoral de candidaturas ciudadanas respondió al proceso de elección de las juntas. Pero por la premura de la reforma, no incluyeron temas relevantes para las candidaturas ciudadanas, como el acceso de los ciudadanos al “tiempo aire” para difundir sus proyectos en las campañas; si recibirán o no prerrogativas para las elecciones y en qué monto, y cuáles serían los mecanismos de comprobación de gastos, etc. Todos estos temas nodales para el aterrizaje de las candidaturas independientes.
En una primera instancia, el diputado del morenovallista, de Pacto Social de Integración (PSI), Marco Antonio Rodríguez propuso que los candidatos ciudadanos se registren con 15 por ciento de firmas del padrón electoral del cargo para el que serán postulados. En la práctica, la propuesta de 15 por ciento resultó ofensiva para las candidaturas ciudadanas e inusual, fuera de los parámetros de otras entidades federativas y de la misma legislación federal.
El porcentaje del 15 por ciento sólo beneficiaría a los grupos que contaran con alguna estructura gubernamental o burocrática. La premura de la discusión y el análisis, aunado a que la presentación de los dictámenes se hicieran sin tiempo suficiente para estudiarlos, comentarlos y proponer enmiendas, provocó una acción legislativa “sobre las rodillas”.
La urgencia por sacar los dictámenes orilló al desorden en el Congreso: confusiones, declaraciones con información a medias y hasta reclamos airados entre los legisladores. En fin, el Congreso local —a pesar de su fastuosa tecnología de iPads y votación electrónica, a pesar de sus asistentes solícitos— dio la impresión de que los diputados no sabían ni qué iban a votar.
La mesa directiva decretó un receso para salvar las dificultades inherentes al desorden provocado por la premura legislativa. Con 28 votos a favor y siete en contra, los legisladores avalaron reformar el tercer párrafo del artículo 225 de la Ley Orgánica Municipal, a efecto de que los ayuntamientos del estado expidan las reglas mínimas para la emisión de las convocatorias correspondientes a la renovación de sus juntas auxiliares.
Mientras tanto, con 34 votos a favor y uno en contra, los representantes populares aprobaron adicionar los artículos 201 bis, 201 ter, 201 quáter y 201 quinquies del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, para que se incorporen las reglas fundamentales a que han de sujetarse las candidaturas independientes en el estado, así los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes a los cargos de elección popular para gobernador, fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa y miembros de ayuntamientos. Con ello, Puebla se encuentra a la vanguardia.
La bancada del PRI
Luego de diversos encuentros y desencuentros, tras decretar un receso, el pleno legislativo, a través del diputado de PSI Marco Antonio Rodríguez, promotor de la iniciativa, modificó su propuesta inicial y propuso bajar el 15 por ciento inicial a 3 por ciento de firmas del padrón electoral para registrar una candidaturas independiente. En un principio, la bancada del tricolor planteó que iría en contra de la iniciativa del morenovallismo.
En una entrevista previa a la votación, Fernández del Campo cuestionó: “¿Cuál es la verdadera intención de esta iniciativa? Vamos a analizarla. Es muy sospechoso que unas semanas antes se lleven a cabo este tipo de iniciativas. Nosotros no queremos sospechosismo”.
El diputado señaló que las leyes relativas a procesos electorales sólo se pueden votar 90 días antes de un proceso electoral, por lo que Fernández del Campo auguró la fragilidad de la ley, es decir, que sería inconstitucional.
El diputado del PRI Pablo Fernández del Campo fijó la postura de su bancada: “Por supuesto que el Partido Revolucionario Institucional está a favor de todos sus términos de las candidaturas independientes, no nada más por convicción, sino porque viene siendo un mandato constitucional desde el año pasado, que se aprobó a nivel federal.
”Celebramos esta apertura y celebramos estos términos. Sin embargo, yo le preguntaría al diputado propinante que nos pudiera ahondar respecto a los términos en los que viene la iniciativa y si nos pudiera decir, de cara al artículo 105 constitucional, cuál es la interpretación o el sentido de la propuesta. Yo esperaría, como respuesta, señor diputado, para tener una segunda intervención y por supuesto como bancada y como partido la disposición, para poder estar apoyando este gran tema de las candidaturas independientes, pero en un marco de legalidad”.
A continuación, el diputado del PSI Marco Antonio Rodríguez justificó la iniciativa con galimatías: “Está basando en un documento que se transitó entre los diputados y tiene el visto bueno político de la mayoría en este Congreso”.
”Esta reforma permitirá que, con el respaldo del 3 por ciento del padrón electoral, cualquier ciudadano podrá ser candidato a algún cargo de elección popular”, detalló el diputado Rodríguez Acosta.
Sin más ceremonias, el diputado morenovallista de PSI sometió a votación el dictamen en lo general. El diputado del PRI Pablo Fernández del Campo votó en contra del dictamen.
La votación en contra del diputado priista suscitó el enojo del diputado del PAN y coordinador de su bancada, Jorge Aguilar Chedraui, quien recriminó al coordinador de los diputados priistas, Víctor Giorgana Jiménez, el sentido del voto en contra del dictamen.
Giorgana y Fernández del Campo intercambiaron miradas acaloradas En lo particular, los diputados se reservaron el artículo 201 quater del decreto relativo al porcentaje de firmas para ser candidato independiente.
Fernández del Campo volvió a votar en contra, congruente con sus declaraciones previas, tanto a los medios de comunicación como al pleno de los diputados. Luego de la votación, se declaró un nuevo receso.
Los diputados de la bancada del PRI, azorados ante el malentendido, abandonaron en bloque el pleno. Fernández del Campo abandonó la sala con paso apresurado y con la mirada fija al frente.
La presidenta de la mesa directiva, Susana Riestra, tocó la campana para reanudar la sesión hasta en dos ocasiones. Hasta que pudo llegar al quorúm. Pero la bancada del PRI ya no retornó al pleno legislativo. Sus curules lucían abandonados. Los diputados del PRI trataron de zanjar el malentendido.
Tanto el 15 como el 3 por ciento de las firmas que se le exigen a un candidato independiente es mayor al número de firmas que se exige para inscribir a los partidos políticos estatales. A los partidos estatales se les pide solamente contar con el 0.11 por ciento del padrón electoral, es decir, alrededor de 4 mil 694 afiliados.
El 31 de julio del año pasado, el Congreso aprobó las candidaturas independientes para que los ciudadanos participen en esta modalidad ciudadana en las elecciones locales del 2018. Pero quedan pendientes las modificaciones a diversos ordenamientos legales y la ley secundaria para determinar conceptos como las prerrogativas que recibirán los candidatos ciudadanos, su forma de acceso a medios de comunicación en tiempos oficiales, sus representantes ante los órganos electorales. Cabe señalar que estos temas no formaron parte de la discusión celebrada este lunes en el Congreso local.
Todos los municipios tienen juntas auxiliares. Existen 584 juntas auxiliares, rancherías y comunidades que forman parte de este tejido social. Son pocos los municipios que han emitido esta convocatoria para elección de juntas auxiliares, solamente ocho. Los demás esperaron, por instrucciones de la Secretaría de Gobierno, a que el legislativo emitiera la ley votada este lunes.
El presidente de la Junta de Coordinación Política estimó: “Si ese fuera el caso, yo estoy seguro que el presidente de mi partido haría las acciones legales para evitarlo”.
Con mayor claridad que el legislador propinante de la iniciativa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana Jiménez consideró que con la reforma efectuada ayer se tasa un piso mínimo para quienes quieran participar en las elecciones de juntas auxiliares, proceso que se avecina: “El propósito de hacer hoy esta reforma obedece a establecer un piso mínimo de participación en la elección de las juntas auxiliares, es decir, acotar un poco el número de participantes y de candidatos en estos procesos. Yo diría que simplemente no tiene otro transfondo”.
Víctor Manuel Giorgana Jiménez consideró un triunfo que los diputados morenovallistas bajaran el porcentaje de 15al 3 por ciento. Al final del día, la propuesta original era muy elevada. Iba de 5 a 10 y hasta 15 por ciento del listado del padrón electoral, eso podría poner en riesgo la propia realización de algunas elecciones y, al mismo tiempo, podría poner en riesgo la gobernabilidad en algunas juntas auxiliares”.
Los diputados desoyeron
Los diputados no tomaron en cuenta las propuestas realizadas el pasado 16 de octubre en un encuentro realizado con organizaciones sociales para discutir el tema de las candidaturas independientes.
En el foro, Puebla Vigila propuso que los ciudadanos que busquen la candidatura a gobernador entreguen 0.11 por ciento de las firmas del padrón (unas 4 mil 285 firmas); para las diputaciones, 2 por ciento (3 mil 200 firmas), y del 2 al 8 por ciento para los ayuntamientos.
