La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano, Mónica Valencia Serrano, reiteró el llamado al gobierno del estado para terminar con el “terrorismo” laboral a raíz de la reforma que puso fin a un organismo público descentralizado, y pidió una mesa de diálogo donde se garantice el respeto a la autonomía sindical y al contrato colectivo de trabajo.
Al acudir a la sede del Poder Legislativo para pedir nuevamente el respaldo de los legisladores locales, luego de la manifestación del pasado martes, en la que se “crucificaron” tres de sus compañeras, rechazó lo dicho por el gobierno del estado en el sentido de que son unos cuantos trabajadores inconformes: “Seguimos en lucha, no sólo somos seis. Algunos tienen de incapacidad larga y no han firmado, incluso algunos que siguen de incapacidad y tampoco firmaron, obviamente ellos tienen miedo de salir a la luz pública y hablar, por la intimidación y acoso laboral que está dentro del hospital.
”Nuestro único interés es llevar el sustento a nuestras familias y que sea justo el trato hacia el trabajador, además de que cuentan con título y cédula profesional, además de 22 años trabajando en un hospital que presta un servicio regional, ya que llegan pacientes de otros estados del país, por la calidad del servicio que se presta, y esto se comprueba ya que no hay denuncias de una mala atención.”
Advirtió que habrá manifestaciones más enérgicas y que seguirán en la lucha, en la reinstalación, y recordó que fueron atendidas por la diputada federal Roció García Olmedo, misma que espera tener una reunión con el titular de los Servicios Coordinados de Salud, Roberto Rivero Trewartha este viernes, para que haya una mesa de diálogo.
Recordó además que la legisladora presentará en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo, pero se armará todo el expediente, ya que el documento demandará el respeto a la autonomía sindical y a las fuentes de trabajo de la gente que ha trabajado en una institución de prestigio.
La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Poblano, Mónica Valencia Serrano, demandó audiencias con los representantes ciudadanos que son los legisladores, pues de 41 diputados sólo 3 de extracción priista los han recibido.
La dirigente sindical, quien fue despedida, comentó que han sostendrán reuniones con diputados del PRI para explicarles la problemática que viven ante la extinción del organismo descentralizado HNP.
Valencia Serrano señaló que los diputados del PAN, en específico Pablo Rodríguez Regordosa, prometió reunirse con ellos, sin embargo, hasta la fecha no les ha dado la audiencia, por lo que de ser necesario recurrirán a otras instancias.
Explicó que la inconformidad de los trabajadores es que no se les está respetando sus derechos laborales, pues dijo que el contrato colectivo que ofrece la Secretaría de Salud no garantiza el puesto de base que tenían en el nosocomio los 641 cuando era organismo descentralizado (con autonomía administrativa).
Acotó que el HNP al formar parte del Sistema de Salud del Estado, los trabajadores y sindicalizados han perdido su derecho a prestaciones y conquistas sindicales, dejándolos desprotegidos.
Insistió en que la primera acción que se llevó a cabo al extinguir el hospital fue el enviar a los “granaderos”, a José Luis Peñaloza y a la jefa de Recursos Humanos, María Yaneth Vidal Alonso, de la Secretaría de Salud, para iniciar el despido masivo de trabajadores obligándolos a firmar su renuncia, como si se tratara de delincuentes.
Recordó que el día en que se aprobó el decreto, los diputados locales el 14 de enero se comprometieron a que se respetarían los derechos laborales y el propio Jorge Aguilar Chedraui aseguró que no habría despidos, sino una verdadera modernización de la institución.
El apunte
Mónica Valencia Serrano reiteró que en el Hospital del Niño Poblano prevalece el “terrorismo” laboral, hay personal que está firmando contratos provisionales, renuncias o aceptan sus liquidaciones bajo coacción: “Los policías van por ellos a sus áreas de trabajo o al ingresar al hospital para que en las oficinas de Recursos Humanos sean obligados a firmar, al ser amenazados de atenerse a las consecuencias o perder su liquidación”.
