El dirigente estatal de, sostuvo que hubo un fracaso por parte de la expresión morenovallista para controlar las juntas auxiliares en el estado y ahora serán los ciudadanos quienes elijan a sus representantes, aunque es posible que se corra la fecha de la elección toda vez que tienen que reponer todo el proceso desde emitir la convocatoria, hacer los registros y posteriormente las votaciones.
Méndez Spínola manifestó que su expresión se deslinda de lo aprobado por los diputados del Partido de la Revolución Democrática que votaron obedeciendo las indicaciones del gobierno del estado para que hubiera un control hasta de la más pequeña comunidad.
Indicó que con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se comprueba que era ilegal lo aprobado por el órgano legislativo y ahora estarán atentos para que no haya nuevas sorpresas.
Expresó que los particulares fueron quienes impugnaron el proceso y la expresión lo que hizo fue apoyarlos para que recurrieran a la sala regional, pero además que hubiera amparos.
Indicó que se está atentando en contra de los usos y costumbres, la cultura de poblaciones donde los partidos políticos no existen y es entre vecinos como se elige a los representantes; ellos cuentan con su propia organización.
Méndez Spínola señaló además que hubo un documento que fue enviado a todos los ayuntamientos por parte de la subsecretaría de Asuntos Políticos y la Dirección General de Gobierno, que en si es la convocatoria a la que tienen que ajustarse las autoridades municipales.
Consideró que al ganarse los amparos, además del fallo del Tribunal Electoral, se exhibirá a nivel nacional al gobernador Rafael Moreno Valle, e incluso esta semana habrá de llevarse el tema a las cámaras de Diputados y Senadores para denunciar las acciones antidemocráticas del Poder Ejecutivo.
El abogado Carlos Popocatl recordó que la semana pasada presentaron su argumentación señalando que se está violando el artículo 14 constitucional, mismo que establece que las leyes deben ser expedidas con anterioridad al procedimiento legal que corresponda, siendo en el caso de la elección para la presidencia de las juntas auxiliares de 90 días, asimismo se violan el 105 y el primero, entre otros.
Con la manera en que se llevaba el proceso se rompía con el principio de legalidad, igualdad y equidad que rige las contiendas electorales.
Por ese tipo de acciones ilegales se dio la interposición de amparos por parte de todos aquellos ciudadanos que se sentían excluidos del proceso electoral para la renovación de las juntas auxiliares, toda vez que la promulgación de las reformas que se hicieron también al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla va en contra de la Constitución.
Indicó que los legisladores no contemplaron las disposiciones del artículo 105 constitucional, en el sentido de que cualquier norma electoral debe ser promulgada con 90 días de anticipación de que inicie el proceso electoral donde vaya a aplicarse.
El abogado dijo que se vulneraban los principios de igualdad que tienen garantizados los ciudadanos por el primer artículo de la Constitución, ya que los candidatos independientes que se registren deberán recabar el 3 por ciento de firmas de ciudadanos de su junta auxiliar, salvo el caso de los partidos.
Recordó además que no se sabía cuál era el 3 por ciento de firmas a recabar en cada junta auxiliar, y en el caso de la capital se nombró una comisión que definiría el catálogo de colonias que integrarían cada junta auxiliar, y el plazo para presentar los documentos iniciaba el lunes y terminaba en martes.
Carlos Popócatl indicó que hay una serie de violaciones que permitía tener los elementos para que se amparen los ciudadanos y obtengan la suspensión de forma inmediata, para que cuenten con el registro y puedan participar.
Expresó que por tratarse de una intervención de partidos políticos se recurrió ante los tribunales electorales para entablar un juicio de protección de los derechos políticos.
Otra de las vías es el recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede declarar inválidas las elecciones en caso de que se realicen de la forma en que lo está intentando el Poder Ejecutivo, sin dar libertad a los ciudadanos.
Aclaró que hasta el momento solo se califican como ilegales las convocatorias toda vez que la única instancia legal para declarar la inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
