La Auditoría Superior del Estado (ASE) anunció que tiene listos los informes de resultado de la fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2012, incluso ya inició las auditorías a las de 2013; en tanto, se asegura que en el caso de Luis Paredes Moctezuma no hay “garrote” político.
El auditor superior en el estado, David Villanueva Lomelí, precisó que están en espera de la dictaminación de los expedientes por parte de los diputados que integran la Comisión Inspectora pero los auditores ya hicieron el trabajo correspondiente.
Los legisladores tienen que poner a consideración del pleno legislativo dichos dictámenes para su aprobación durante el segundo periodo de sesiones públicas, que inicia el 1 de junio.
Anunció que en los próximos días trabajarán de manera permanente para sacar adelante un paquete de 43 cuentas públicas que están listas para dictaminarse, ya sea a favor o en contra con un Inicio de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR), en caso de que no hayan solventado la aplicación de recursos.
“De acuerdo al programa de trabajo, lo que hicimos fue empatarlo con el de los diputados. De acuerdo con lo que nos vayan solicitando estará en tiempo y forma, porque hay un proceso de elaboración de dictámenes para que también pasen al pleno y ellos nos irán informando cuáles son los que se requieren que estén listos”, agregó.
Asimismo, destacó que la Auditoría Superior tiene un programa de trabajo en el que establecieron que todas las cuentas públicas deben estar revisadas antes de que se cumplan 12 meses de haber sido presentadas para evitar rezagos.
El caso Paredes
En entrevista por separado, la presidenta de la Comisión Inspectora en el Congreso, Patricia Leal Islas, rechazó que exista un trasfondo político en la sanción impuesta al expresidente municipal de Puebla Luis Paredes Moctezuma y afirmó que únicamente esta Legislatura está dando continuidad al proceso que se le inició por diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Dijo que la inhabilitación por 12 años que se dictó al exalcalde es el resultado de un largo proceso en el que tuvo la oportunidad de solventar las observaciones por 175.4 millones de pesos que se hicieron a su cuenta pública 2004.
Comentó que la Auditoría Superior de Puebla (ASP) remitió la información a la Comisión Inspectora, quien posteriormente puso a consideración del pleno el dictamen, el cual fue aprobado por mayoría.
“No es una reactivación, y eso quiero dejarlo claro, es continuar con un proceso (…) es de los más retrasados efectivamente, nosotros lo que sometimos al pleno fue la sanción que se impuso dentro del Proceso Administrativo de Determinación de Responsabilidades (…) A mí no me ha buscado y a donde tiene que acudir es a la Auditoría Superior, que es en donde se está ventilando su proceso”.
Leal Islas reiteró que el proceso de dictaminación de cuentas públicas que realiza la Comisión Inspectora se realiza conforme a derecho, respetando las garantías de todos los sujetos de revisión, por lo que descartó que esta información pudiera ser utilizada como garrote político.
Perderán el caso
El 17 de marzo el expresidente municipal Luis Paredes Moctezuma aseguró que es confuso el procedimiento mediante el cual lo inhabilitaron por 12 años para desempeñar un cargo público, y recordó que anteriormente hubo otra sanción similar y les ganó a los diputados al recurrir ante las instancias federales.
Luis Paredes ofreció una rueda de prensa en donde indicó: “No hay claridad en torno a la decisión que tomaron los diputados”. Hasta el momento el exfuncionario no tiene alguna notificación por parte del Poder Legislativo.
Al ser cuestionado sobre si se trata de una acción del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, consideró que el caso no llegó por esa vía, e insistió en que tienen que ser los legisladores los que aclaren la situación.
Anunció que será cuando tenga la información cuando recurra a los tribunales para impugnar el acuerdo, e indicó: “Este tipo de acciones en contra de los exfuncionarios municipales era una característica del gobernador Mario Marín Torres”.
Recordó que hace cerca de 10 años los entonces diputados también intentaron inhabilitarlo, además de aplicarle una multa de más de mil millones de pesos y tiempo después ganó el procedimiento al Congreso del estado, ya que las instancias federales consideraron que no había elementos para sancionarlo.
