Los diputados locales aprobaron que la gestión del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CEDHP) aumente de tres a cinco años; en tanto, las críticas arreciaron contra el ombudsman Adolfo López Badillo.
Una de ellas es de Juan Carlos Solís, uno de los activistas detenidos contra el gasoducto, quien desde prisión nombró cómplice del gobierno estatal al organismo defensor de las garantías individuales.
Tras las rejas, la misiva firmada el 11 de mayo por Juan Carlos señala que el gobernador Rafael Moreno Valle buscó a toda costa que permanezca al frente del organismo, en perjuicio de la población.
Además, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS), señaló que López Badillo está al “servicio” del gobernador Rafael Moreno Valle y no de los ciudadanos.
Marco Mazatle, representante del movimiento, recordó que el 10 de abril pasado la organización solicitó una audiencia con el representante de la CEDHP, para que les explicara cuál era la situación de los activistas detenidos.
Además querían saber el estatus como la de los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano (SUTHNP), quienes fueron rescindidos pero nunca hubo la reunión o información.
“¿Si en Puebla realmente hay respeto a los derechos humanos?, ¿si los poblanos estamos sintiendo que hay respeto a los derechos humanos?, ¿si la comisión está realmente haciendo su trabajo? o ¿a quién le está trabajando?, ésa sería la gran pregunta”, señaló.
“En el día a día, aquí se violan los derechos humanos en cualquier parte y no pasa nada”, dijo al citar el caso de los activistas contra el gasoducto Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero.
“El presidente actual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla sirve al actual gobernador, Rafael Moreno Valle, por eso creemos que manda esa iniciativa donde se amplía el plazo para que él esté dentro de la comisión.
”Es triste decirlo, pero lamentablemente los poblanos vivimos en un estado de opresión y esto es muestra de eso”.
Este lunes con 37 votos a favor, el pleno del Poder Legislativo acordó reforma la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de incrementar la duración en el cargo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado a cinco años.
Se señaló que es un plazo más adecuado para la función, homologándose con el del nivel federal y con ello intensificar el fortalecimiento de la comisión, generar mejor eficiencia y continuidad en sus programas y procedimientos.
Pero el titular de la CEDHP, Adolfo López Badillo, es acusado por diversas organizaciones sociales de “guardar silencio” ante los excesos de la administración estatal en el ejercicio del poder.
En entrevista, Alejandro Torres, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, señaló que no ha ido a interponer queja ante la CEDHP porque teme ser aprehendido —como el mismo Juan Carlos— a las afueras de la institución.
“Saliendo agarraron a compañero Juan Carlos, le tomaron una foto y la neta tengo miedo de que esos condenados me entreguen, entonces no, lo hago en mi comunidad, en mi municipio, con el Ministerio Público, en corto. Yo de Derechos Humanos no quiero saber nada porque son comparsas de lo mismo”.
—¿Piensa que fue la CEDHP los que lo entregaron?
—Yo sí creo, porque le tomaron una foto cuando ingresó, luego jalaron a los compañeros a tomarse un refresquito con la tele y cuando salió Juan Carlos lo detienen.
“O sea, cotejaron la fotografía de la persona que buscaban, así lo pienso yo y lo detuvieron enfrente de las instalaciones de Derechos Humanos”.
En un análisis realizado por Intolerancia Diario, en casi tres años de gestión de López Badillo solo 15.7 por ciento de sus 89 recomendaciones han sido contra dependencias estatales.
Desde que inició el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, se han emitido 123 recomendaciones, solo 26 de ellas contra dependencias estatales, el resto contra diversos ayuntamientos.
De las 26 recomendaciones mencionadas, 15 las emitió la gestión de Adolfo López, entre sus 89 emitidas durante 34 meses de gestión, mientras que las 12 restantes se emitieron en los primeros seis meses del sexenio (febrero a julio 2011).
En anteriores gestiones, la CEDHP llegaba a formular hasta 70 recomendaciones en un solo año, ahora ha bajado hasta menos de la mitad, alrededor de 30 en promedio cada 12 meses.
Antes de arribar López Badillo, en siete meses del actual sexenio la expresidenta de CEDHP Marcia Maritza Bullen Navarro habían emitido 41 recomendaciones contra distintas dependencias, 12 contra dependencias del gobierno estatal.
La carta
Desde las celdas del centro de reinserción social de San Pedro Cholula, el activista Juan Carlos Solís cuestionó, por medio de una carta, el actuar de López Badillo, sobre todo en el tema del gasoducto.
Hay que recordar que Juan Carlos fue detenido justamente cuando salía de las oficinas de la CEDHP, donde fue a interponer una queja por otras dos aprehensiones de activistas en Atlixco.
“Un gobierno que no respeta los derechos humanos, es un gobierno retrograda, anti-social, anti-popular y por supuesto anti-democrático. Por eso son tan importantes las Comisiones de Derechos Humanos y su autonomía, porque deben de cuidar el equilibrio entre el gobernador y el uso de su poder, evitando el abuso del mismo”.
Agradeció la atención de los casos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que atrajo las investigaciones, “pero reprocho contundentemente el papel simulado que han tenido las Comisiones de Derechos Humanos en el estado de Morelos y Puebla, donde existe un claro sometimiento y conveniencia con el gobierno en turno.
”(…) recién me entero que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se reunió con Rafael Moreno Valle y representantes de la CFE, quienes en conjunto terminaron emitiendo un boletín donde dicen que no hay violación a los derechos y que somos, nosotros los presos, unos delincuentes.
”¿Desde cuándo la CEDH determina quién es delincuente y quién no? ¿Cuándo cambiaron su función, que hasta donde sé no han cambiado su reglamento y ley para que diga: ‘en el caso de los defensores de Derechos Humanos que sean abocados por el Gobierno, la CEDH puede dictarles la sentencia de culpabilidad y sentenciarlos por delincuentes’?
”¿Se oye ridículo? Perdón, solo estoy transcribiendo sus acciones, la ridiculez no es de mi autoría.
”Si la Comisión Estatal o Nacional tiene la delicadeza de leer el expediente que me inculpa, verán que los que me señalan como responsable del delito de extorsión, motín, despojo y obra hidráulica es un teniente coronel José Ventura Rodríguez Verdín, director de Análisis Político de la Secretaría de Gobierno Puebla, que en su declaración señala tener un especial seguimiento de mi persona por asesorar a campesino que se oponen a obras.
”¿No es acaso un derecho de los campesinos defender su tierra y sus intereses? ¿Asesorar a compañeros es delito? Para el gobierno claro que sí, pues terminan sentenciando que son acciones contra el gobierno. ¿No obedecer la injusticia y la imposición es estar contra el gobierno?
”(…) Presidente de la CNDH, lo invitamos a tomar mayor atención en este asunto y nos devuelva la esperanza que en México se trabaja para respetar los derechos humanos y que no se volverán cómplices de los interés económicos”, termina la misiva.