La corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) impugnará, ante las instancias del partido, la afiliación del secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, a las filas del Partido de la Revolución Democrática ante las acciones que ha emprendido el gobierno del estado en contra de los movimientos sociales, y se precisa que él es el encargado de la política interior del estado.

El dirigente estatal de IDN, Jorge Méndez Spínola, advirtió que el actual secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, juega un papel clave y fundamental en esta política de represión, ya que jerárquicamente ocupa el segundo cargo en importancia y de decisión política encontrándose a cargo de la Dirección de Investigaciones Políticas, del cual es director general el teniente coronel José Ventura Rodríguez Verdín, con múltiples y graves antecedentes de represión política a los movimiento sociales y de violaciones a los derechos humanos.

Señaló que se hace responsable a Luis Maldonado Venegas por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, e indicó que no puede ser miembro del instituto político.

Señaló que en este caso son aplicables el estatuto del Partido de la Revolución Democrática, que en sus artículos 14, numeral 2 incisos d, e y f, y 15; como del Reglamento de Afiliación en su artículo 8, numeral 2, incisos d, e y f, que establecen la prohibición para afiliarse de aquellas personas que tengan antecedentes de represión, violación a los derechos humanos, corrupción, abuso de autoridad, supeditación a un gobierno contrario a los principios, proyecto y programa político del PRD.

“En las últimas fechas nos hemos visto envueltos en una ola de expropiaciones y despojos para satisfacer el apetito voraz de empresas trasnacionales que sin ningún recato ni respeto a las leyes internacionales y el derecho humano de los pueblos y comunidades, a la propiedad privada, a la social, a la conservación de costumbres y tradiciones y, al derecho a la salud y la alimentación.

”Se apropian de sus tierras orillándolos a luchar en contra de las mineras, las gaseras y los fraccionadores, que apoyados por el gobierno de Moreno Valle realizan estas acciones y que de manera natural y legitima los pueblos se organizan y luchan con sus líderes para que sus derechos sean respetados y garantizados por el estado. Y por el contrario, estos pueblos son reprimidos, cooptados, amenazados, golpeados y encarcelados y en general todos ellos han sufrido tratos y penas crueles y degradantes por un gobierno tirano y opresor encabezado por Rafael Moreno Valle, mismo que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos”, añadió.

Dijo que Luis Maldonado Venegas juega un papel preponderante y decisorio en la represión que se lleva a cabo en la entidad poblana y muy particularmente en el encarcelamiento de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero.

Expresó que al existir un gobierno totalitario donde se toman decisiones de forma vertical no existiendo independencia de los otros Poderes del estado como lo es el Poder Legislativo, donde reforman las leyes y las instituciones que por facultad expresa del gobernador crean o desaparecen. 

Exhiben al gobierno
Jorge Méndez expuso que el gobierno de Rafael Moreno Valle no sólo no cumplió el pacto de realizar un gobierno de transición, si no que reprodujo y lleva al extremo las prácticas de un gobierno abusivo y mencionó algunos ejemplos: 

“1.- El nombramiento de Ardelio Vargas fosado como secretario de seguridad pública con antecedentes comprobables de represión y espionaje a políticos y líderes de oposición. 

”2.- La represión en contra de mototaxistas.

”3.- La represión en contra de los profesores que se oponían a la reforma laboral y luchan por una verdadera reforma de calidad educativa.

”4.- La intromisión en los sindicatos donde sin ningún recato impone a quien él decide y despide a los dirigentes incómodos, llegando al grado de desaparecer instituciones para anular derechos de sus trabajadores.

”5.- El abandono del campo y la política social deviniendo en subejercicios y una política de simulación y complicidades con empresas que aumentan exponencialmente los bienes y obras adquiridos por el Gobierno del Estado de Puebla”.