Blanca Lilia Ibarra Cadena fue nombrada directora del Centro de Documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la ciudad de México, por lo que residirá en la capital del país.
Todo esto sucedió al mismo tiempo en que Alexandra Herrera Corona tomaba protesta como nueva comisionada de la CAIP, al dejar el cargo de directora del Registro Civil del estado.
Alexandra Herrera Corona aún aparece en la página de Transparencia del Registro Civil como su directora general; sin embargo, afirma que desde el 19 de mayo había presentado su renuncia.
Además, la Ley de Transparencia marca que en octubre próximo se emita la convocatoria para la suplencia de Blanca Lilia Ibarra, quien terminaba su cargo oficialmente en el último día de diciembre de 2014, pero ahora Herrera Corona tiene la posibilidad de solicitar el puesto para otros seis años.
En la página de Transparencia del gobierno del estado no aparece la síntesis curricular de Herrera Corona para poder comprobar su experiencia en esta materia, como es requisito de ley.
Se avecina neblina
Tras la salida de Blanca Lilia Ibarra se cierne una nube de opacidad total en la CAIP, luego de ser la única comisionada que luchó por transparentar los recursos, sobre todo los del gobierno del estado.
Ahora, todo el equipo formado a lo largo de cerca de seis años podría ser dado de baja de la comisión.
Fueron varios los casos en que estuvo en contra de resoluciones de sus compañeros comisionados, Javier Fregoso Sánchez y Federico González Magaña, algunos de ellos detonados por solicitudes de Intolerancia Diario.
Esta situación ha generado una crisis en materia de transparencia y sobre todo de credibilidad de la CAIP, y es que el comisionado ha tenido los temas más controvertidos siempre fallando a favor de las dependencias del gobierno del estado o sobreseyendo los asuntos, pero siendo duro contra los ayuntamientos.
Entre todo este panorama, el gobierno estatal continúa reservando información importante al no entregar datos previas solicitudes, como de los permisos de construcción del teleférico o los gastos en el Centro Integral de Servicios (COS).
Los helicopterazos
Quizá el caso más fuerte en el que estuvo en contra de resoluciones opacas fueron sendas solicitudes de las compras y facturas de helicópteros realizadas en los años 2012 y 2013, respectivamente.
En el primer caso, se abstuvo de votar en contra de la entrega de la información de los helicópteros y, en el segundo, de plano votó en contra por la negación de la entrega de las facturas de las aeronaves. Ambos casos sonaron a nivel nacional.
Incluso, la organización Actívate por Puebla solicitó oficialmente al Congreso del estado que llamara a comparecer a González Magaña para que aclarara su resolutivo para que no se entreguen las facturas de los helicópteros Agusta del gobierno de Puebla.
En el último caso, en sesión los comisionados Javier Fregoso y González Magaña “mayoritearon” a Blanca Lilia Ibarra para evitar que la Secretaría de Finanzas entregara los documentos fiscales de la compra de las aeronaves a Intolerancia Diario.
La dependencia estatal alegó que de entregarlos se ponía en peligro la gobernabilidad del estado, por poner en riesgo la seguridad de los tripulantes de los helicópteros, entre ellos el mandatario estatal.
González Magaña, a pesar de tener facultad, por ley, de revisar los documentos para comprobar los dichos del sujeto obligado o dependencia estatal, no lo hizo, al señalar simplemente que no lo vio necesario.
Por supuesto, Blanca Lilia estuvo en contra con su voto de la resolución dando una cátedra en transparencia pero, como era costumbre, no fue escuchada. La decisión estaba tomada por ambos comisionados.
Los amparos
Asimismo, otro caso que en que dejó su huella de la lucha por la transparencia fue cuando votó en contra del sobreseimiento de la entrega del número de despedidos de 14 dependencias descentralizadas del gobierno del estado.
Esta negativa llegó a los tribunales por medio de dos juicios de amparo. En ambos casos, jueces y magistrados señalaron que la CAIP no debería sobreseer el asunto, por lo que ordenaron entrar a estudiar los asuntos.
Todo tal y como Blanca Lilia Ibarra lo dijo en la resolución, que no se podía sobreseer el asunto por haber interpuesto el recurso de revisión antes de lo estipulado.
Pero su postura no fue escuchada por los comisionados derivando en sendas derrotas en tribunales, aunque una de ellas está por dirimirse luego de que la CAIP insistió en la opacidad al interponer un recurso de revisión ante un cuerpo colegiado federal.
Fueron las primeras derrotas en los ocho años de existencia de la CAIP en la que tras una orden de un tribunal colegiado tendría que cambiar una resolución, también los comisionados no escucharon la cátedra de Blanca Lilia
El 8 de febrero de 2013 llegó la primera controversia en las resoluciones, ya que por mayoría de votos resolvieron los comisionados Fregoso y González Magaña sobreseer dos recursos de revisión, por considerar que fueron interpuestos a destiempo.
Votaron a favor de que no se entregaran cifras de despedidos en 16 dependencias del gobierno de Rafael Moreno Valle, tras respectivos recursos de revisión.
Cabe destacar que por cuestiones administrativas se juntaron 14 recursos de revisión en uno solo y dos más en otro, al tratarse del mismo tema.
Los “Sujetos Obligados” manifestaron que los recursos eran improcedentes debido a que se presentaron de manera anticipada a los términos que establece la Ley de Transparencia.
Una vez que le notificaron al recurrente podía consultar la información solicitada in situ y para ello tenía 15 días hábiles posteriores a su consulta y los recursos de revisión los presentó cuando le hicieron de conocimiento la puesta a disposición de la información.
Los comisionados Javier Fregoso Sánchez, presidente de la CAIP, y Federico González Magaña, comisionado ponente, consideraron que los motivos expuestos por los “Sujetos Obligados” para tomar por improcedentes los recursos fueron los correctos y decidieron aprobar el sobreseimiento de dichos recursos.
Los números
En el mes de octubre de 2013, medios de comunicación —incluido Intolerancia Diario— hicieron un recuento de las resoluciones de cada comisionado, en el que se demostraba el trabajo a favor del ciudadano de parte de Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Esa misma tendencia no ha cambiado hasta la fecha, donde la mayoría de los recursos de revisión que revocan respuestas de dependencias del gobierno estatal fueron de parte de la ahora excomisionada.
Hasta octubre del año pasado, González Magaña había tenido en sus manos 24 recursos de revisión que han pasado por sus manos contra la administración estatal sólo en un caso ha fallado en su contra.
Según las estadísticas de la CAIP, hasta septiembre de ese año se habían interpuesto 112 recursos de revisión contra el Poder Ejecutivo, 41 de ellas se han sobreseído, en 17 ocasiones se han confirmado las respuestas, lo que quiere decir que se le dio la razón a las autoridades estatales.
Pero tan sólo 11 recursos se han revocado las respuestas y ordenado a las dependencias la entrega de la información que negaron y aún hay 26 procedimientos pendientes sin resolución.
De estos 11 recursos, ocho de ellos han sido revocados por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, dos por el comisionado presidente, Javier Fregoso y apenas uno por González Magaña.
Lo anterior significa que menos de 10 por ciento de los recursos de revisión interpuestos por ciudadanos logra la información solicitada, pero apenas se tiene las posibilidades de 1 por ciento si cae en manos del exintegrante de la campaña a gobernador de Rafael Moreno Valle.
Todo sin contar cuando sobreseyó 16 recursos de revisión contra mismo número de dependencias integrado en dos expedientes.
Pero los números son muy distintos contra los ayuntamientos, donde hasta esa fecha iban 14 casos estudiados, 12 ha votado en contra de las autoridades municipales.
