Representantes de organizaciones sociales demandaron la destitución del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Roberto Flores Toledano, luego de responsabilizarlo de haber violado los principios humanitarios que impidieron la libertad del dirigente social Delfino Flores Melga, quien murió a los 90 años en el penal de San Miguel, sin que el delito que se le imputara fuera realmente grave.

En conferencia de prensa, Raúl Rodríguez, abogado defensor de Flores Melga, dijo que por argucias del propio tribunal hicieron que pese a la petición hecha en noviembre de 2013 para que Flores Melga siguiera el proceso desde su casa al tener 89 años de edad nunca se le concedió este beneficio.

Señaló que en el caso se buscó por parte de la autoridad estatal que un defensor de oficio adscrito al juzgado primero de distrito no presentara los recursos correspondientes para evitar que quedara en libertad.

Sostuvo que al no garantizarse la impartición de justicia en Puebla Roberto Flores Toledano debe ser separado del cargo.

Los integrantes de diversas organizaciones sociales exigieron también la destitución del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Adolfo López Badillo, por su omisión en el caso del luchador social Delfino Flores Melga, quien falleció de 90 años en el Cereso.

Representantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), Marco Mazatle y Ricardo Jiménez Ávila; el Movimiento Nacional Los de Abajo, Hilario Alonso Flores; la Barra de Abogados Democráticos, Roberto Santiago Hernández, José Guadalajara Sánchez; entre otras, refirieron que su compañero activista estaba preso injustamente.

Asimismo, presentaron documentos en los que se solicitó tanto en noviembre del 2013 y en junio de este año, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al juez de su caso, que fuera procesado en su casa por cuestiones de salud y edad.

“Por lo tanto, responsabilizamos al gobierno del estado y de manera particular al presidente del tribunal por la muerte y omisión y de no aplicar con justicia el Estado de derecho, es por lo que exigimos la inmediata destitución del presidente del tribunal y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ya que no cumplen con la obligación que el pueblo les ha encomendado”, destacaron los integrantes de la Barra de Abogados Democráticos.

La represión en Puebla
En tanto, Hilario Alonso, del Movimiento Nacional Los de Abajo, dijo que su compañero Delfino fue víctima de tráfico de influencias, impunidad de personas cercanas a la actual administración estatal, omisiones por parte de la autoridad y también de las acciones que ejercitaron los integrantes del Poder Judicial estatal.

“La muerte de Delfino es una muestra de que en el estado no solamente existen autoridades represivas que atentan contra las libertades de derechos humanos, ciudadanos, sino también autoridades insensibles y sordas ante el temor de la demanda”, resaltó Alonso.

Para Ricardo Jiménez, del MAS, no solamente tiene que renunciar Flores Toledano, sino también se le tiene que investigar en su proceder, al igual que a las autoridades judiciales.

“También se debe investigar la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle ante los luchadores sociales, incluso el Congreso debería hacer un pronunciamiento”, enfatizó el activista.

Por su parte, Marco Mazatle advirtió que seguirán luchando por la salida de sus compañeros activistas y trabajadores que actualmente están en los Ceresos: “No queremos que estos compañeros les pase lo que le pasó al compañero Delfino”.

Reformar el sistema penal
Francisco Rodríguez Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, al ser cuestionado sobre el caso de Delfino Flores, comentó que quienes tienen cumpliendo una pena corporal y la justicia ha determinado que así es, pero indicó que habrá que ver caso por caso por si hubiera alguna duda.

Comento que en el tema de proceso se está viendo la forma de cambiar con el nuevo sistema de justicia penal que haga que sea más pronta y expedita y en los cambios que vienen a nivel nacional y Puebla va dentro de los estados más avanzados en su implementación y se espera tener listo para el 2016 y que el menor número de personas tenga penas corporales

Al insistirle de presuntas violaciones a los derechos de Flores Melga, manifestó que son los procedimientos propios de la ley, no hay incumplimiento, hay una revisión y el cambio de sistema tiene que ver con las deficiencias, sobre todo de tiempo que llevan a tener una sobrepoblación en los propios penales, donde parece que lo que se quiere criminalizar es la miseria porque muchos de ellos carecen de capacidad de defensa y no propiamente el que sean culpables.

“No solo hablamos de personas señaladas en los últimos casos, sino de gente que está en indefensión y que el 80 o 90 por ciento de los conflictos se puedan mediar, debemos entender que solamente tendrán penas corporales quienes realmente lo ameritan”.