Las confrontaciones sociales en el sexenio de Mariano Piña Olaya fueron violentas.
El descontento popular en contra del entonces gobierno de Piña Olaya crecía.
En el penúltimo año del gobierno de Piña Olaya (1987-1993) la irritación social crecía en todos los sectores.
Los empresarios, la oposición panista, campesinos despojados de sus tierras, colonos, vendedores ambulantes reubicados.
En el mismo año en que se estrenaba en las pantallas la película Como agua para chocolate, el 1 de mayo de 1992 vendedores organizados de la 28 de Octubre formaron una columna independiente.
Los vendedores de la 28 de Octubre lanzaron piedras a la “tribuna de honor” donde se encontraba el gobernador Mariano Piña Olaya.
La marcha culminó de manera violenta, en un enfrentamiento entre los vendedores y la policía estatal.
El control inmobiliario
El sexenio de Mariano Piña Olaya se caracterizó por controlar el mercado inmobiliario a través de la especulación de tierras.
El gobierno estatal de Piña Olaya expropió mil 500 hectáreas de tierras ejidales.
Se persiguieron a campesinos que defendían sus derechos frente al proyecto inmobiliario de Piña Olaya.
Durante dicho gobierno se expropiaron por concepto de “utilidad pública” amplias extensiones de tierra. Con el tiempo estas expropiaciones sirvieron para el trazo de la carretera de peaje Puebla-Atlixco.
Los campesinos fueron perseguidos, encarcelados, se ocupó sistemáticamente la fuerza pública y maquinaria para tirar las casas de los campesinos que rechazaban dejar sus tierras.
A los campesinos el gobierno estatal les pagó a 4 pesos el metro en promedio.
Posteriormente, estas tierras, en la especulación inmobiliaria, estos terrenos se vendieron en dólares a especuladores inmobiliarios.
Las protestas
Las protestas eran el pan de cada día y provenían de todos los sectores sociales. El diario nacional La Jornada describía el clima de enfrentamiento.
Los manifestantes responsabilizan al gobierno de Piña Olaya de haber infiltrado la marcha de protesta.
Para el diario El Sol de Puebla en su edición del 3 de mayo de 1992 que publicaba en primera plana la información gubernamental el enfrentamiento entre manifestantes y la policía estatal no había dejado heridos.
Durante la jornada del 1 de mayo el contingente de trabajadores que no marchó con el movimiento oficial en el estado de Puebla estuvo integrado por 3 mil personas, conformado por la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre, amas de casa, campesinos de San Francisco Ocotlán, miembros de la CNTE y PRD, quienes al llegar cerca del presídium en donde se encontraban las autoridades locales pidieron a gritos la libertad de presos políticos y el cese de la represión en su contra; además, lanzaron piedras, botellas y balazos contra el templete.
Los manifestantes fueron repelidos con gases lacrimógenos y disparos por cerca de mil 800 miembros de la Dirección de Seguridad Pública de la entidad. A su vez, el cuerpo de Bomberos lanzó chorros de agua para dispersar al contingente.
Minutos antes de los enfrentamientos, el subsecretario A de Gobernación, Mario Marín Torres, intentó impedir el paso de esta columna; sin embargo, lo único que logró fue encender los ánimos y ya cerca del presídium los “independientes” lanzaron proyectiles en contra de patrullas, policías y por lo menos una veintena de funcionarios que tuvieron que cubrirse con sillas y escudos antimotines de la policía estatal.
Luego de los enfrentamientos, el gobernador poblano Mariano Piña Olaya, con el rostro pálido y desencajado, reprobó la violencia pero aseguró que no se perseguirá a los responsables que actuaron en “uso de su libertad de expresión”.
Puntualizó que ante la evidencia de que los grupos “buscaban derramar sangre”, el gobierno del estado no responderá a sus juegos.
En respuesta, el vocero del PRD, Adolfo González Zamora, calificó los hechos como “bochornosos” y señaló al gobierno como responsable de infiltrar “grupos de choque”.
Los cuerpos de socorro reportaron a Justiniano Ramírez, de 27 años de edad, y Modesto Sánchez de 38, heridos de bala, mientras que Edgar Valerdi Tamayo, de 17, y Joaquín Morales, de 25, tuvieron lesiones en sus extremidades. El procurador estatal Humberto Fernández, quien recibió pedradas en la espalda, de manera particular en el omóplato, después de recibir atención médica fue declarado fuera de peligro.
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En ese mismo mes de mayo, el 7 de mayo, la UPVA buscaba apoyo entre diversas organizaciones para pedir el juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya.
En una nota firmada por la reportera Judith Calderón Gómez, de La Jornada se especificaba: “Integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre anunciaron ayer que pedirán juicio político contra el gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya, pues durante su mandato han sido encarcelados tres integrantes de su agrupación, otros han sido secuestrados y dos más fueron baleados en el pasado desfile del primero de mayo.
Telésforo Zamorano, de la Comisión Política de la Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular (Anamup) explicó que aproximadamente 5 mil comerciantes de la UPVA fueron reubicados en ocho mercados, pero que las autoridades no cumplieron con la infraestructura pactada en 1986. Este acuerdo fue ratificado por Piña Olaya cuando asumió el cargo.
”A pesar de que los comerciantes aceptaron salir del centro de la capital poblana, actualmente hay cerca de 500 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que laboran en esa área. Además, existen tres presos políticos de la UPVA: Rubén Sarabia, encarcelado en julio de 1989 y segregado en el penal, motivo por el que la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación: Rafael Ramírez, acusado de lesiones y el exrector de la Universidad Autónoma de Puebla, Samuel Malpica.
”Denunciaron que las agresiones y amenazas contra esa agrupación continúan: el primero de mayo fue secuestrado Pedro León, quien después de una golpiza fue liberado por la tarde. Asimismo, durante el desfile los granaderos dispararon contra los vendedores, hiriendo a Modesto Saucedo, quien continúa hospitalizado, y a Luciano Ramírez”.
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El miércoles 6 de mayo en La Jornada de Oriente se cabecea el enfrentamiento:
“Violencia esperada la del desfile del 1 de mayo”, en una nota firmada por Óscar Victoria y con fotografías de Abraham Paredes se explicaba que las protestas habían sido infiltradas por personal de gobierno.
“Testigos presenciales de la trifulca del primero de mayo, miembros de la UPVA 28 algunos reporteros otros algunos trabajadores al servicio del gobierno estatal, coincidieron en señalar que un grupo de 20 jóvenes que vestían camisas negras y pantalones de mezclilla azul esperaron que la columna independiente llegara hasta la 43 poniente para sumarse a ella protestando, al igual que los demás, contra el gobierno del estado. Nadie les dijo nada, ellos sólo llegaron y en el momento de la trifulca sacaron armas, dispararon y luego huyeron en sentido contrario a los de la columna independiente”.
El operativo Hércules, señala la nota citando a funcionarios del gobierno del estado, fue organizado para romper las negociaciones con la organización 28 de Octubre e inculpar a sus miembros de generar violencia.
El gobernador Piña Olaya señaló, luego de la protesta: “Este cargamento de piedras y palos era sin duda con el propósito evidente de generar violencia”.
Crimen político
Para el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), el asesinato de Gumaro Amaro Ramírez fue una orden gubernamental. El pasado 17 de febrero el FNLS señaló: “Se cumplen 25 años de su ejecución perpetrada el día 17 de febrero de 1989 afuera de su domicilio; por pistoleros a sueldo, mediante órdenes directas del entonces gobernador del estado Mariano Piña Olaya. ”Constituye un crimen de Estado que se mantiene en la impunidad hasta el día de hoy, crimen que el Estado ha intentado confinar al olvido, sin embargo no se ha podido borrar de la memoria colectiva del pueblo. A 25 años de su asesinato familiares, amigos y compañeros de lucha seguimos exigiendo justicia y castigo a los culpables materiales e intelectuales”.
