Para la fracción de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM), el servicio del Registro Civil en las 17 juntas auxiliares del municipio de Puebla se encuentra paralizado y “no se está brindando en esas demarcaciones auxiliares”, afirmó el regidor Iván Galindo Castillejos, coordinador de la bancada. 

En tanto, el regidor Oswaldo Jiménez López aseguró que los ediles auxiliares tienen que apegarse a la ley, por lo que desde su perspectiva si incurren en linchamientos, como amenazó el presidente auxiliar de San Miguel Canoa: “Tiene que ser un asunto de carácter penal, definitivamente”.

En entrevista, el cabildante del partido blanquiazul informó que al día de hoy (jueves) están habilitados los inmuebles para la instalación de las oficinas estatales del Registro Civil, pero también el equipo con el que funcionará ese servicio, pero dijo que todavía hay rezago en la llegada de la papelería y no sabe para cuándo estén entregados esos recursos materiales para que el servicio se preste de manera inmediata.

Ante eso, el regidor Iván Galindo afirmó que la propuesta de las bancadas del cabildo y del Congreso del estado del PRI-Verde es que le regresen las facultades de prestar el servicio del Registro Civil, donde lo que hacía falta era regular el cobro porque en el pasado, dijo, se presentaban abusos en eso: “Donde cobraban de manera indebida, arbitraria, irregular y discrecional, lo mismo podían cobrar 100 pesos que mil pesos por un acta de nacimiento, por lo que es necesario homologar criterios y homologar el costo a través de recibos, a través de la propia ley de ingresos del ayuntamiento regular el cobro para evitar abusos, pero no mermar facultades”.

Desde la perspectiva del regidor del PRI las autoridades no pueden atentar en contra de los usos y costumbres de los pueblos, por eso reiteró que proponen devolverles las facultad de manejar el Registro Civil pero con “candados” y regulado, para que cada peso que ingrese lo dividan entre el municipio y la junta auxiliar, 50 y 50 por ciento para cada parte.

Por su parte, Jiménez López afirmó que aunque los ediles auxiliares presenten amparos existe una Ley Orgánica Municipal “que es muy clara”, por lo que ya no tienen atribuciones, ante lo que reiteró su llamado para que vean por los intereses de los ciudadanos que representan, “ellos lo están politizando”, por lo que afirmó que no son aceptables las amenazas de linchamiento enviada por el presidente auxiliar de San Miguel Canoa: “Porque está claro que los presidentes auxiliares son órganos desconcentrados de la administración municipal y deben apegarse a la ley, por lo que si incurren en el linchamiento, eso ya es un asunto de carácter penal”.

Reprueban amenazas 
Galindo Castillejos afirmó que resultan reprobables las amenazas de linchamiento enviada por el edil auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez: “Son reprobables, no las comparto, es totalmente condenable, le hago un llamado a que mida sus palabras y sus actos, no puede incitar a la violencia, puede manifestar su inconformidad pero no llamar a la violencia, le pedimos que el presidente auxiliar apacigüe a su pueblo pero no incite a la violencia, debe existir diálogo pero no es viable castigarlo; sí establecer mesas de diálogo y de negociación”.

Contrario a eso, dijo que sobre los amparos que presuntamente se iniciaron de parte de algunos presidentes auxiliares, “están en su derecho”, por eso aclaró que el tema no se trata de un asunto político, más bien es un tema social, porque en la actualidad: “El servicio está paralizado y más allá de un asunto partidista o político es un asunto social, pero no lo pueden destituir, fue electo por los habitantes pero sobre las declaraciones no se puede sancionar y las cosas se deben resolver con cabeza fría”.