Para el director general del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, resulta discriminatorio que la autoridad poblana haya entregado los centros de verificación vehicular a empresarios que operan en la ciudad de México: “Porque es una política que atenta en contra de los habitantes del estado, pero que también representa fuga de recursos que pueden quedarse en Puebla y para impulsar el desarrollo del estado, pero no debe apoyarse a empresarios externos que además tienen antecedentes de incumplimiento”.

Recordó que versiones de los empresarios verificadores de la entidad afirman que dos de esas empresas fueron clausuradas y otras más se encuentran en la dinámica de la corrupción. “Se repite la misma tendencia desde el inicio del presente sexenio, que es la de privilegiar a los mismos grupos externos, lo que me parece una situación discriminatoria en contra de los poblanos”, reiteró.

Asimismo, dijo que todos los que se dedican a producir, a laborar y generar empleos en la entidad poblana esperan que las oportunidades que se generan desde el gobierno de Puebla sean también para los poblanos, porque lo que se observa es que los propietarios de los verificentros que fueron clausurados hace unos meses pueden llegar a la ruina.

El director general del ICI dijo que ante esas decisiones discriminatorias debe presentarse una protesta de parte de las cámaras empresariales, de los grupos de la sociedad civil y de las universidades: “Porque con esas decisiones orillan a los recién egresados de las universidades a no tener posibilidades de empleo, lo que es algo delicado pero ya no nos extraña, así lo ha hecho en los rubros de la construcción, en las concesiones entregadas y en las grandes obras”, donde los capitales extranjeros y de otros estados se llevan los recursos que se generan aquí.

Indignantes decisiones las del gobierno estatal
Molina Carrillo consideró indignante, preocupante y triste la decisión del gobierno del estado de Puebla al permitir que los recursos que se generan en Puebla se vayan al Distrito Federal: “Pero es peor que los nuevos dueños de los centros de verificación vehicular tengan antecedentes de incumplimiento”, por eso debe haber un pronunciamiento enérgico de los grupos sociales, en contra del gobierno del estado. “Pero debe venir de quiénes vivimos y trabajamos aquí” porque no debe ser aceptable que las ganancias se queden en manos de externos, como sucedió con la concesión de los centros de verificación vehicular.