Integrantes y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Puebla precisaron que Facundo Rosas Rosas, además de las acciones de represión en contra de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, así como Tehuacán, fue quien coordinó el operativo en el que dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa murieron al ser reprimidos.

A través de un comunicado, los integrantes y simpatizantes de la CNTE condenaron de manera enérgica los hechos violentos ocurridos el pasado 9 de julio contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en donde resultaron heridas más de 40 personas, siendo el caso más grave el del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, quien se encuentra actualmente en estado vegetativo.
 
Los inconformes recordaron que entre las víctimas se encuentra Vicente Tecalero Jiménez, de 21 años de edad, quien tiene impacto de bala de goma en el cráneo; Hugo Jiménez Varela, de 26 años de edad, quien está a punto de perder el ojo; Martín Romero, de 65 años de edad, quien se encuentra con lesiones en toda la cara y requiere reconstrucción, a consecuencia del impacto de bala de goma en su rostro, además de que su estado de salud se complica, ya que es diabético.

En el comunicado precisan: “El responsable directo de estos hechos represivos fue en primera instancia el Ejecutivo Estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle y aplicado y coordinado por el Secretario de Seguridad Pública en Puebla Facundo Rosas Rosas”.

Sin embargo, advirtieron de los antecedentes del funcionario estatal “en su trayectoria de violaciones a derechos humanos fue, en su calidad de Comisionado General de la Policía Federal, el responsable por la muerte de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en un desalojo en la Autopista del Sol en diciembre de 2011, así como también por Ofelia Flores Ramos, Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial en Puebla, con una trayectoria que se ha caracterizado por montajes mediáticos para justificar excesos político-policíacos”.

Advirtieron en su comunicado: “Llama la atención que ambos fueron impuestos por el gobernador de Puebla, así mismo que son funcionarios gubernamentales cercanos al policía político Genaro García Luna, ligado a corrupción, violaciones a derechos humanos y operador comercial beneficiando a empresas afines en el sexenio de Felipe Calderón, mismo que mantuvo una alianza fiel con la hoy procesada por delitos federales Elba Esther Gordillo, protectora y promotora política del actual gobernador Rafael Moreno Valle”.

Asimismo, preguntan “¿A quién más encubre gobernador Rafael Moreno Valle?”.

Y añadieron: “Como magisterio en lucha consideramos que ya existe un acuerdo de impunidad entre el gobierno federal y el de Puebla respecto a este caso, por ello la urgencia del ejecutivo estatal por solicitar la intervención de la PGR y la CNDH para que ‘coadyuven’ en las investigaciones -que por cierto no son de carácter federal, cuyo resultado serán nuevamente chivos expiatorios, es decir policías mandados a dicho operativo en Chalchihuapan”.

Entre otras interrogantes indican: “¿Cómo entender que la CNDH se haya convertido en cómplice avalando la aprobación de la pomposamente intitulada Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, o mejor conocida como Ley Bala?”.

Por último, advierten que van a participar en Puebla de una manera más activa: “Como CNTE seguimos atentos a las luchas que se encuentran desarrollando en el campo y la ciudad en el estado para brindar nuestra solidaridad incondicional con las luchas del pueblo poblano. Así mismo, llamamos a que estos procesos organizativos entremos en una siguiente etapa de coordinación concreta para parar el terrorismo de Estado que se impone a lo largo y ancho del País”.