La represión que vivieron los habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chailchihuapan, que trajo como consecuencia la muerte de un menor de edad, orilla a poner en la mesa del debate la necesidad de modificar de nueva cuenta la Ley Orgánica Municipal, reformada por la anterior Legislatura, aseguró el director general del Instituto de Ciencias Jurídicas, Germán Molina Carrillo, quien cuestionó: “Quiero saber quién es el diputado valiente que plantee la derogación de la ley”.
Desde su perspectiva, ante la intervención de organismos internacionales en el caso de la represión de los habitantes de esa demarcación auxiliar, las autoridades poblanas tienen que dar marcha atrás y derogar la ley, acción que debe ir acompañada de un serio debate público porque —aseguró— de continuar, está en riesgo la seguridad de los habitantes de Puebla porque se presenta creciente la persecución política y el hostigamiento de parte del grupo en el poder.
A decir de Molina Carrillo, el uso de la fuerza resulta una acción contradictoria de parte del gobierno del estado de Puebla porque en los hechos demuestran que no existe respeto a los derechos humanos: “Lo que hemos visto en las últimas semanas es que no tuvieron la capacidad de controlar el impacto de lo que avalaron con las leyes y prueba de ello es que ya se tiene la primera víctima”.
El director general del ICI afirmó que en el estado de Puebla no se puede vivir en esas condiciones de represión porque los ciudadanos se quedan sin nadie que los defienda porque la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos avaló la “ley Bala”, lo que la hace comparsa de lo que sucede en el estado de Puebla, por lo que si no ofrecen una salida legal local y se resuelve a favor de los afectados, el problema tiene que ir a las cortes internacionales, que tienen “puestos los ojos” en el estado de Puebla por la represión policiaca del pasado miércoles 9 de julio.
El experto en temas jurídicos reveló que los ciudadanos inconformes tienen que plantear una estrategia legal clara y aunque el amparo es una de las vías; dijo que queda claro que la “ley Bala” se puede cambiar si se declara inconstitucional por un juzgado de distrito: “Porque aunque se diga que la Comisión Estatal de Derechos Humanos revisa el caso sabemos que es comparsa del gobierno del estado de Puebla”.
Lo que se necesita ante la crisis social que prevalece en la actualidad en todo el territorio poblano, dijo Germán Molina Carrillo, es la acción social y la solicitud de organismos nacionales e internacionales porque hay una creciente indignación social por la represión presentada hace casi 15 días, en contra de los manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan: “Por eso es necesario que haya suficiente sensibilidad política de los partidos políticos representados en el Congreso del estado de Puebla que no se cierren porque las medidas represivas contra los grupos más vulnerables son hechos y conductas muy lamentables y los partidos políticos deben abrirse y mostrar que están del lado de la sociedad, a la que representan”.
