De nueva cuenta, por segundo miércoles de manera consecutiva, el gobierno de Rafael Moreno Valle fue cuestionado por los hechos violentos de San Bernardino Chalchihuapan.
En la Comisión Permanente se guardó un minuto de silencio por el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
En el Senado se presentaron tres posicionamientos en torno al tema: uno por parte de los diputados de Movimiento Ciudadano, la petición de un minuto de silencio por parte del PRD y acusaciones por parte de senadores del PRI.
Los senadores exigieron que las autoridades de Puebla que esclarezcan los hechos de violencia que le costaron la vida al niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
En la sesión de la Comisión Permanente del Senado, los senadores priistas señalan en sus considerandos que José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo murió debido a la política criminal de Rafael Moreno Valle en Puebla: “El menor, de tan sólo 13 años, murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Aunque el gobernador de la entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil, como los testigos y la madre el menor afirman, la realidad es que el menor, de tan sólo 13 años, murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas”, resaltó el grupo senatorial del PRI.
En su punto de acuerdo señalan: “Lejos de proteger y servir a todas las personas de la comunidad, los elementos policiacos de Puebla, han cometido actos irregulares y probablemente ilícitos, transgredido la integridad de la población y limitado la libertad, peor aún, quedan de manifiesto conductas que se traducen en la denigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias y desproporcionales”.
Además, la Comisión Permanente tiene listo un dictamen de la Comisión de Gobernación, la cual exige información a la Secretaría de Seguridad Pública para que explique los protocolos de seguridad que ocupa la policía estatal.
El dictamen también señala, en primer lugar, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla que remita un informe sobre las diversas denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en los operativos que lleva a cabo en la entidad, así como sobre la posible violación a los derechos de los extrabajadores del Hospital del Niño Poblano, por la extinción de este organismo público descentralizado.
En segundo lugar, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla que, atendiendo al principio de confidencialidad y reserva de información, envíe un informe sobre los criterios que se utilizan en los protocolos de actuación de la policía estatal del estado de Puebla y se enfatice la manera en la que se ha implementado en los operativos realizados en la entidad en fechas recientes.
Y en tercer lugar, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que sobre actos que puedan violentar los derechos humanos, relacionados con los proyectos Arco Poniente y Proyecto Integral Morelos.
Durante la sesión de la Comisión Permanente se analizará el dictamen de la Comisión señalada.
El grupo legislativo de los senadores del tricolor señala en los considerandos del punto: “Una de las principales funciones del Estado es garantizar la salvaguarda de los derechos humanos de sus habitantes. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el Gobierno mexicano dio un paso importante hacia su pleno respeto”.
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La diputada del PRD Alliet Bautista Bravo tomó la palabra en la Permanente y señaló: “A propósito del tema de Puebla, yo creo que es un tema importante que se está viviendo de represión del estado de Puebla y, a nombre propio y de quienes conformamos los grupos parlamentarios del PRD de esta Comisión Permanente, deseo expresar nuestra más enérgica condena por la muerte del niño José Luis Tehuatle Tamayo, acaecida el pasado viernes 18 de julio a causa de una contusión craneoencefálica, sufrida durante el violento e inhumano desalojo perpetrado por elementos del cuerpo policiaco del estado de Puebla, en el marco de las manifestaciones y propuestas realizadas por habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, en la autopista Atlixco-Puebla, en donde solicitaban al gobernador Rafael Moreno Valle la restitución de las oficinas de Registro Civil a las juntas auxiliares.
”A este respecto, es preciso manifestar que, no obstante que mi grupo, por conducto de la diputada Roxana Luna Porquillo, en múltiples ocasiones ha manifestado estos hechos violentos y de represión en el estado y también ha hecho varios puntos de acuerdo para proteger los derechos humano y se regule también el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiacas del estado de Puebla, la llamada ley Bala, atraía también esta ley, pues múltiples violaciones a los derechos humanos de los poblanos.
”En realidad, este día lamentamos con impotencia este fallecimiento del niño de 13 años, quien pasaba en compañía de su madre, la señora Elia Tamayo, y fue alcanzado por un proyectil disparado por elementos policiacos encargados de disuadir y replegar la manifestación que tenía realización en esos momentos a la altura del kilómetro 16 de la carrera Atlixco-Puebla.
”Ante esto, presidente de asamblea, es urgente que esta Comisión Permanente haga un llamado urgente al PRG para esclarecer las causas y finalmente, presidente, le solicitaría que solidaria y humanamente esta Comisión Permanente guarde un minuto de silencio en la memoria del niño José Luis Tehuatle Tamayo”, afirmó la legisladora del PRD.
El exhorto al morenovallismo
La Comisión Permanente tiene listo un dictamen de la Comisión de Gobernación, la cual exige información a la Secretaría de Seguridad Pública para que explique los protocolos de seguridad que ocupa la policía estatal.
El dictamen también señala, en primer lugar, que “la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla que remita un informe a esta Soberanía sobre las diversas denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en los operativos que lleva a cabo en la entidad, así como sobre la posible violación a los derechos de los ex trabajadores del Hospital del Niño Poblano, por la extinción de este organismo público descentralizado.
”En segundo lugar, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla que, atendiendo al principio de confidencialidad y reserva de información, envíe un informe a esta Soberanía sobre los criterios que se utilizan en los protocolos de actuación de la policía estatal del Estado de Puebla, asimismo se enfatice la manera en la que se ha implementado en los operativos realizados en la entidad en fechas recientes.
”Y en tercer lugar, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informe a esta Soberanía sobre actos que puedan violentar los derechos humanos, relacionados con los proyectos Arco Poniente y Proyecto Integral Morelos.
”Durante la sesión de la Comisión Permanente se analizará el dictamen de la Comisión señalada”.
