Continúa la “oleada” nacional en contra del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, por el caso Chalchihuapan. Ahora el presidente del PRI nacional, César Camacho Quiroz, señaló que el mandatario tiene responsabilidades penales por el tema.
En entrevista a medios nacionales, el líder priista señaló que debe afrontar el enfrentamiento entre policías y manifestantes, con el saldo de un niño muerto de manera penal, política y administrativa.
La declaración la hizo apenas a tres días de que la bancada de 54 senadores priistas se pronunciara en contra del mandatario estatal, además de que el PRD buscará juicio político en contra del gobernador poblano.
—¿En caso del gobernador Bala de Puebla, el PRI qué va a hacer?
—Ya nosotros ayer hicimos pública nuestra posición.
“Creemos que ahí hay una responsabilidad que afrontar de distinta naturaleza, no sólo eventualmente administrativa, quizá una de carácter penal, la que es evidente que hay es una responsabilidad política.
”Y seguro que no sólo los poblanos, sino todos los mexicanos estamos interesados en saber cómo va a responder un gobernador que debe ser respetuoso de los derechos de las personas para revisar no sólo si efectivamente hubo cumplimiento de los protocolos, sino ahora, como algunos advertimos, se pretende tergiversar el sentido de los hechos para evadir responsabilidades”.
La muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo continúa en las altas esferas nacionales, luego de que en el Congreso de la Unión se le rindió un homenaje con un minuto de silencio a la vez que 54 senadores del PRI acusaron que murió por la política criminal de Rafael Moreno Valle.
“Aunque el gobernador de la entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil, como los testigos y la madre el menor afirman, la realidad es que el menor, de tan sólo 13 años, murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas”.
Asimismo, en la víspera, la dirigencia nacional del PRD castigó a los asesinos del niño de 13 años de edad, oriundo de San Bernardino Chalchihuapan, sepultado este martes.
El menor falleció tras estar 10 días en terapia intensiva, a consecuencia de la herida producida por un proyectil durante una violenta manifestación, el pasado 9 de julio en la autopista Atlixcáyotl.
Los manifestantes afirman que la lesión en la cabeza del niño fue producto de una bala de goma, mientras que el gobierno estatal sostiene que se debió a un cohetón lanzado por los inconformes, cuando exigían el regreso del Registro Civil.
Senadores
Senadores del grupo parlamentario PRI finalmente se pronunciaran mediante un punto de acuerdo en el que reprueban la llamada “ley Bala”, que —dicen— es contraria a los derechos humanos.
La proposición del punto de acuerdo exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que realice las investigaciones correspondientes sobre la probable violación de las garantías individuales por parte del gobierno del estado de Puebla.
Señala que en durante la manifestaciones ocurridas el pasado 9 de julio de 2014 en el municipio de San Bernardino, Chalchihuapan, se pudieron violar los derechos humanos de los pobladores.
Señala que la “ley Bala”, lejos de coadyuvar con la protección de su población, establece estándares arbitrarios y contrarios a los derechos humanos.
“Desde su presentación hasta su aprobación, la ley impulsada por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, fue cuestionada y motivo de amparos, que han sido otorgados en virtud de que establece un catálogo de armas no letales autorizadas para ser utilizadas por los cuerpos policiacos”.
Enumera que estos artefactos son bastones policiales, agentes químico-irritantes aprobados para la función policial, dispositivos eléctricos de control, armas o pistolas noqueadoras o incapacitantes, y las demás autorizadas por su reglamento y disposiciones jurídicas aplicables.
“El artículo 9 de la controvertida ley señala cuatro niveles de uso de la fuerza, los cuales se aplicarán progresivamente y son los siguientes: 1. Persuasión o disuasión verbal; 2. sometimiento mediante acciones físicas; 3. utilización de armas incapacitantes no letales; y 4. utilización de armas de fuego o de fuerza letal, sólo en el caso de legítima defensa”.
”En contraste a lo establecido por la legislación nacional, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, aprobada el 19 de mayo de 2014, el Congreso de la entidad, lejos de coadyuvar con la protección de su población, establece estándares arbitrarios y contrarios a los derechos humanos”, señala el punto de acuerdo.
“La ley impulsada por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, fue cuestionada y motivo de amparos, que han sido otorgados, en virtud de que establece un catálogo de armas no letales autorizadas para ser utilizadas por los cuerpos policiacos”.
Indican los senadores que a menos de dos meses de la aprobación de la llamada “ley Bala”, los resultados son devastadores y ha producido miedo, incertidumbre, lesiones e incluso un deceso, tras los hechos acontecidos el 9 de julio de 2014 en Chalchihuapan.
“La manifestación que tenía como objeto solicitar al Gobierno poblano la restitución del Registro Civil en las juntas auxiliares, así como la liberación de 37 vecinos del municipio que fueron aprehendidos por oponerse a la construcción del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos, dejan de manifiesto la intolerancia, represión e inobservancia de los derechos humanos por parte del Ejecutivo de aquella entidad”.
”Durante el enfrentamiento que se prolongó por casi tres horas, alrededor de 100 personas sufrieron lesiones leves y tres más, incluido un menor de edad, lesiones graves.
”En el caso del menor, testigos de los hechos señalan que el impacto fue causado con una de las balas de goma con las que, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sometieron a los manifestantes”.
Acusan los legisladores que, además del gran dolor que representa perder a un hijo, la familia del menor fallecido ha recibido malos tratos por parte de autoridades del estado de Puebla.
Afirman que es clara la inobservancia de los principios de racionalidad, donde la fuerza será empleada atendiendo a los elementos lógico-objetivos en relación al evento.
“Por el contrario, hubo un exceso en las actuaciones, mismos que deben ser investigados a profundidad sin injerencia del Ejecutivo de la entidad y sin mayor dilación”, piden.
”(…) lejos de proteger y servir a todas las personas de la comunidad, los elementos policiacos de Puebla, han cometido actos irregulares y probablemente ilícitos, transgredido la integridad de la población y limitado la libertad.
”Peor aún, quedan de manifiesto conductas que se traducen en la denigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias y desproporcionales.
”A simple vista y a reserva de que se lleven a cabo las investigaciones conducentes, queda de manifiesto el menoscabo de derechos como a la libertad de expresión y a la vida, ambos de primer nivel en la esfera jurídica de todo individuo”, continúa el texto.
En el punto de acuerdo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes.
Además, lanzaron un exhorto a la Procuraduría General de Justicia de Puebla a que, en el marco de sus atribuciones, agilice las investigaciones correspondientes sobre la probable comisión de conductas antijurídicas por parte de elementos de la policía estatal.
Además, solicitaron que envíe a los senadores un informe pormenorizado de los resultados de la investigación.
